“El costo lo pagan la provincia y sus municipios”, dijo el diputado Gustavo Zavallo (Viale), autor del proyecto de Resolución que se presentó este jueves junto a los pares de bancada, Juan Reynaldo Navarro (Tala) y Diego Lara (María Grande).

El proyecto remarca la “profunda preocupación por las recientes medidas económicas del gobierno nacional, las que impactan negativamente en las arcas del Tesoro provincial y de los municipios entrerrianos”. Para los diputados, se afecta “severamente las finanzas públicas”.

Por eso se encomienda al Poder Ejecutivo provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, “a ejercer todas las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a reclamar ante los organismos y Tribunales”.

Al respecto, Zavallo destacó que la acción del gobierno nacional “no es otra cosa que medidas meramente electoralistas que pagaremos los entrerrianos, obligando al Gobierno Provincial a asumir un costo fiscal de 1.600 millones de pesos y, peor aún, los municipios entrerrianos que perderán un total aproximado de 250 millones hasta diciembre, por lo menos, repercutiendo en la calidad de servicios y asistencia social a la ciudadanía”.

El proyecto presentado aclara que “lejos de que estas medidas redunden en beneficios para los trabajadores, creemos que el costo que nuestra provincia asumirá irá en detrimento del bolsillo de los entrerrianos, debiendo asumir la necesidad de compensar con medidas extraordinarias la disminución de los fondos coparticipables”.

“Esta medida unilateral e inconsulta del Gobierno Nacional violenta los criterios objetivos y equitativos de la distribución de los fondos y el reparto de estos, en su vinculación directa con las competencias, servicios y funciones que cada jurisdicción tiene a su cargo. Además, entendemos que no hay criterio de justicia distributiva alguna que sea racionalmente plausible cuando se produce una apropiación de fondos de las provincias.

De esta manera, “es vital que el Estado Provincial accione de manera urgente ante la Corte Suprema, advirtiendo sobre el riesgo que conlleva tomar este tipo de medidas inconstitucionales, las cuales repercutirán de manera muy negativa en el bolsillo de los ciudadanos”.