El Gobierno dispuso la destitución por cesantía del comisario principal Ariel Ramón  Gregoraschuk involucrado en un grave caso de vejaciones a un detenido en la Jefatura de Policía de La Paz.

La medida está contenida en el decreto Nº 2.943, del 28 de agosto último, publicado el 12 de este mes en el Boletín Oficial.

En un acuerdo de juicio abreviado en los Tribunales, el uniformado había sido declarado autor material y penalmente responsable por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento calificado  y en carácter de partícipe secundario de falsificación de documento público, y se lo condenó  a la pena de dos años y seis meses de prisión con condena condicional y de tres años de inhabilitación.

El grave hecho ocurrió la madrugada del domingo 16 de abril de 2017 y la víctima fue Eduardo Godoy, que por entonces tenía 22 años. El joven había sido arrestado esa noche en inmediaciones del barrio Feria de La Paz, por infringir los artículos 41º y 43º de la Ley Provincial N° 3815, de Contravenciones policiales, que refiere a infracciones por disturbios en la vía pública.

La investigación penal, a cargo del fiscal Santiago Alfieri, apuntó en una primera instancia a ocho policías: Ruffino Miguel Adrián Arredondo, Pablo Roberto Emanuel Vargas, Neri Ubaldo López, Ariel Ramón Gregoraschuk, Juan Samuel Maidana, Pablo Hernán Silvetti, Betiana Anahí Villalba y Esteban José Marcciani.

Godoy fue arrestado el domingo 16 de abril de 2017, en inmediaciones del barrio Feria de La Paz, por infringir los artículos 41º y 43º de la Ley Provincial N° 3815, de Contravenciones policiales.

Tales artículos hacen referencia a la intervención policial ante disturbios en la vía pública. La versión de la policía en el caso Godoy fue que se encontraba en estado de ebriedad y que por ello fue llevado a la Jefatura de Policía.

Respecto de las quemaduras que sufrió, los policías argumentaron que el joven fue mal requisado y que habría ingresado a la celda con un cigarrillo y un encendedor y que se habría quedado dormido fumando. Es decir, se adujo que el responsable de las gravísimas quemaduras fue el propio Godoy.

Sin embargo, la familia del joven rechazó esa tesis y exigió una investigación profunda. Entonces, la investigación penal preparatoria la realizó el fiscal Santiagio Alfieri, quien puso la mira sobre ocho policías que tuvieron intervención en la detención de Godoy.

Una de las primeras medidas de prueba fue la realización de una pericia para determinar cómo se inició el fuego que terminó quemando gravemente a Godoy. El trabajo estuvo a cargo del área de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.

Salidas alternativas

Los policías involucrados fueron acordados salidas alternativas en la Justicia a la causa penal que los involucraba.

En marzo de 2022, dos policías de Entre Ríos fueron protagonistas de sendas condenas en las que se determinó que falsificaron informes y actas para distorsionar los hechos que sucedieron en el interior de una celda en 2017, donde un joven fue golpeado y casi la totalidad de su cuerpo quemado.

Ariel Ramón Gregoraschuk, jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental La Paz de Policía, fue condenado el 3 de marzo del año último, en el marco de un juicio abreviado, a 2 años y 6 meses de prisión condicional (no va preso), por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento calificado y falsificación de documento público, en carácter de partícipe secundario.

En tanto,  la Justicia de La Paz homologó el acuerdo de abreviado alcanzado entre la Fiscalía y Betiana Anahí Villalba, oficial de la Jefatura de dicha ciudad, por los delitos de encubrimiento calificado y falsificación de documento público, en carácter de autora. Se le impuso la pena de 2 años y 10 meses de prisión condicional.

Como regla de conducta, ambos deberán realizar por el período de sus condenas tareas no remuneradas para una institución de bien público.

Ambos participaron de una trama que comenzó la noche del domingo 16 de abril de 2017, cuando personal de la Jefatura de La Paz detuvo a Eduardo Godoy, entonces de 21 años. El joven había sido arrestado esa noche en inmediaciones del barrio Feria de La Paz por infringir los artículos 41º y 43º de la Ley Provincial N° 3815, de Contravenciones policiales, que refiere a infracciones por disturbios en la vía pública.

Horas más tarde de su detención, Godoy sería derivado al Hospital 9 de Julio de la localidad con graves quemaduras en todo su cuerpo. Así, se iniciaría una de las causa más graves por delitos cometidos por policías en esa ciudad entrerriana.

Con el correr de los meses, el fiscal de La Paz Santiago Alfieri -hoy con funciones en Paraná- imputó por vejaciones, lesiones y encubrimiento, entre otros delitos, a ocho policías: Ruffino Miguel Adrián Arredondo, Pablo Roberto Emanuel Vargas, Neri Ubaldo López, Ariel Ramón Gregoraschuk, Juan Samuel Maidana, Pablo Hernán Silvetti, Betiana Anahí Villalba y Esteban José Marcciani.

En noviembre de 2021 se concluyó la investigación y se pidió la elevación a juicio de los acusados. No obstante, antes de que el caso llegue a ventilarse en un debate oral y público, algunos de los acusados lograron una salida alternativa.

El 3 de marzo, el policía Esteban José Marcciani, de 40 años, oriundo de Nogoyá, logró ser sobreseído de la causa, tras confirmarse que no tuvo ninguna participación en el grave hecho.

Ese mismo día, su superior, Ariel Ramón Gregoraschuk -de 48 años, de Rosario del Tala- acordó una pena condicional, tras admitir que ordenó falsear información para distorsionar los hechos. Por caso, admitió que horas después del traslado del joven con graves quemaduras, hizo insertar información falsa en un acta de novedades de la Jefatura e informó al fiscal de turno que un contraventor había prendido fuego un bien del Estado: un colchón. Tras ello, ordenó la limpieza del calabozo, haciendo desaparecer toda prueba para la investigación. Esto quedó registrado a las 6 de la mañana por una cámara que tomó a personal policial descartando en un tacho de basura material tomado del calabozo.

El accionar de Greogoraschuk y Villalba

En el acuerdo, su accionar quedó asentado de la siguiente manera. En primer lugar, reconoció que el 16 de abril de 2017, entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana, en servicio como Jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental La Paz de Policía, «estando en conocimiento del sometimiento físico que personal a su cargo sometió a Eduardo Emanuel Godoy, y  que el mismo resultó con quemaduras con tal gravedad que motivaron su urgente traslado al Hospital 9 de Julio de La Paz, distorsionó los hechos al comunicarle deficientemente al Fiscal en turno Facundo Javier Barbosa lo sucedido, limitándose de exprofeso a anoticiar un hecho dañino contra los bienes del Estado, especificamente dando cuenta de que un contraventor había dado fuego a un colchón en el interior de una de las celdas».

Gregoraschuk omitió «dar aviso concreto de la situación ocurrida pese a tener la obligación legal de hacerlo, logrando con ello tiempo para hacer alterar las condiciones en que se encontraba el calabozo, procurando hacer desaparecer evidencias que se encontraban en su interior al ordenar la limpieza del mismo».

En segundo término, admitió que ese mismo día «hizo insertar por la Oficial en turno, Betiana A. Villalba, declaraciones falsas y datos falsos en la Nota Nº 168/2017, en el Informe de Novedad, y en el Acta Única de procedimiento, colocando, a sabiendas de su falsedad, información tergiversada en relación a las formas y circunstancias en que resultara con quemaduras Eduardo E. Godoy en el interior del edificio de la Jefatura Departamental La Paz en esa misma fecha».

Por su parte, la oficial Villalba aceptó que estando en conocimiento de lo que le sucedió al joven Godoy, «insertó declaraciones falsas y datos falsos en la Nota Nº168/2017, en el Informe de Novedad, y en el Acta Única de procedimiento, colocando, a sabiendas de su falsedad, información tergiversada en relación a las formas y circunstancias en que resultara con quemaduras en el interior de un calabozo edificio de la Jefatura Departamental La Paz en esa misma fecha».

Con su actuar, la oficial posibilitó «dar eficiencia a las referencias tergiversadas que el Jefe de la División Operaciones Ariel Ramón Gregoraschuk había dado al Fiscal en turno Facundo Javier Barbosa lo sucedido, limitándose de exprofeso a anoticiar un hecho dañino contra los bienes del Estado, específicamente dando cuenta de que un contraventor había dado fuego a un colchón en el interior de una de las celdas; obteniendo con ello alterar las condiciones en que se encontraba el calabozo, procurando hacer desaparecer evidencias que se encontraban en su interior al ordenar la limpieza del mismo».

La historia expone, una vez más, que la institución que debe proteger a la ciudadanía es capaz de cometer cualquier fechoría para «proteger» a los suyos.

Ahora, en la causa quedan cinco policías acusados, y son los que señalados como los autores de la golpiza al joven Godoy y de haberlo prendido fuego. Ellos son: Ruffino Miguel Adrián Arredondo, Pablo Roberto Emanuel Vargas, Neri Ubaldo López, Juan Samuel Maidana y Pablo Hernán Silvetti.

Limpieza de escena y la historia del encendedor

En la sentencia de Villalba, a la que accedió Entre Ríos Ahora, la Fiscalía menciona que el personal policial limpió la escena -el calabozo- y armó una versión de los hechos poco creíble, que dice que el mismo joven se prendió fuego con un encendedor.

De acuerdo a la investigación fiscal, las imágenes filmadas por la cámara de la Jefatura fueron clave para desmontar la versión de los policías. En primer lugar, se supo que la oficial Villalba insertó en el acta que en el calabozo se encontró un encendedor y una remera de Godoy, dos objetos que -según los policías- habrían sido usados para el inicio del fuego.

Sin embargo, las imágenes revelaron que el joven fue ingresado a la celda sin la remera y sus zapatillas, «por lo que inequívocamente la prenda de vestir fue colocada con posterioridad en el calabozo».

«Respecto del encendedor referido, en el informe criminalístico elaborado por Agrupación V de la Gendarmería Nacional, quedó concluido que ese encendedor, dado el estado impoluto en el que se encontraba, entero y sin hollín sobre él, no estuvo sometido al fuego y calor dentro del calabozo», señaló la Fiscalía.

De modo, concluyó que el encendedor y la remera fueron colocados en el calabozo «luego de la agresión con liquido inflamado y humo».

Se agregó que la oficial Villalba inscribió en los documentos de la Jefatura que Godoy había sido aprehendido por supuestas faltas contravencionales, y que se encontraba en estado de exaltación «lo cual no se constata en las visualizaciones de los registros de la cámara frontal del edificio de la Jefatura Departamental La Paz de Policía».

Luego se menciona que el muchacho es escoltado hasta un punto ciego para la cámara del edificio y, minutos más tarde, es llevado a la celda con la cabeza cubierta, con el calzado y la remera puestos, y esposado con las manos en su espalda. Más tarde aparece otra imagen: uno de los policías sale con el calzado y la remera del joven en sus manos.

«Lo demostrativo del ocultamiento policial posterior es que esa vestimenta aparece fotografiada en el relevamiento del hecho, realizado por el Gabinete Regional Criminalístico La Paz; en las actuaciones conducidas por Gregoraschuk y Villalba», subraya la investigación fiscal.

Finalmente, se agrega que el personal criminalístico de la Gendarmería Nacional Argentina concluyó que fue imposible que el joven haya provocado el incendio. Y ubicaron el inicio del fuego «sobre el dintel de las rejas superiores a la puerta, desde el lado externo hacia el interior y el recorrido de líquido inflamado de arriba hacia abajo» a una altura de «2,20 metros», imposible de alcanzar para el joven.

Así las cosas, ahora resta que los demás acusados sean llevados a juicio para que, de una vez, la historia del joven Godoy concluya con el juzgamiento a los demás responsables de sus graves quemaduras y el caso pase a integrar otro antecedente de la violencia policial en la provincia.

(Entre Ríos Ahora)