Los organismos de control constitucional de la Provincia esperan que el Ejecutivo y la Legislatura definan posturas. Los legisladores deberán decidir más allá de la opinión del gobernador.
(De ANÁLISIS)
Control y transparencia son, generalmente con tono intenso, términos corrientes en los relatos políticos de este tiempo. En febrero este sitio señalaba que la actual administración heredó órganos de control con autoridades provisorias.
La Tesorería General y la Contaduría General son presididas, hasta ahora, por funcionarios que no tienen el respaldo que debe dar la Cámara de Senadores a través del Acuerdo previsto en la Constitución.
Desde entonces, primó el silencio sobre el tema y esta semana se cumplirán los 30 días que le otorgó la Cámara Alta al Poder Ejecutivo para que, en una novedosa conjugación de trámites, opine sobre los pliegos que están en tratamiento y ya cuentan con despacho de comisión favorable desde fines de noviembre de 2023.
Cuando todo hacía pensar que los pliegos iban a ser tratados, cumpliendo los pasos de rigor en la legislatura, el gobernador Rogelio Frigerio intervino. A fines de febrero envió una nota al Senado expresando la necesidad de tomar conocimiento “de la solicitud y pliego remitidos”, argumentando que esto debía ser “en forma previa a que el Senado se expida”.
La primera semana de marzo la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos consintió la remisión de copias, otorgando un plazo de 30 días para que el Ejecutivo opine. Esta semana se cumple ese tiempo.
Vale reiterar que Tesorería y Contaduría son dos de los organismos autónomos de control establecidos por la Constitución Provincial (CP) centrales en los procesos de transparencia y buen manejo de la administración pública. Por su relevancia no puede dejar de mencionarse que la administración anterior transcurrió todo su ejercicio sin contar con un Tesorero que tuviera estabilidad Constitucional.
Pliegos en danza
El Consejo de la Magistratura llevó adelante y controló un concurso público para buscar los mejores perfiles. Terminado todo el proceso, con sus instancias de publicidad, llegaron finalmente dos nombres al Senado.
La documentación respaldatoria fue considerada suficiente y permitió formar opinión concreta a los legisladores que decidieron suscribir resoluciones de apoyo, las que aún tienen plena vigencia.
Cuando iban a ser tratados en sesión -como sí se hizo con cargos a cubrir en el Tribunal de Cuentas-, fueron remitidos nuevamente al seno de la comisión.
No es un detalle menor que la reglamentación que tienen estos trámites establece claramente que “si no existiere acuerdo dentro de los seis (6) meses de presentado el pedido, las actuaciones se archivarán”. Los pliegos llegaron al Senado en noviembre de 2023. Plazos que también deben tenerse en cuenta.
Con todos los requisitos administrativos y constitucionales cumplidos, los pliegos que proponen a la contadora Ingrid Corona para ser tesorera General de la Provincia y al contador Andrés Zabala para ser contador General de Entre Ríos, entran en etapa de definición a la espera de determinaciones que permitan dar un cierre a una larga espera.
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