A través de una resolución interna suscripta por su titular, Diego Lara, el Tribunal de Cuentas dispuso realizar tareas de “restauración y refuncionalización” del ingreso y de las oficinas del organismo, ubicadas en calle Andrés Pazos en Paraná. En 2022 el presupuesto establecido fue de 74,4 millones de pesos y se determinó un plazo de 540 días corridos para efectuar los trabajos, destacó una investigación divulgada en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral).

Luego de un proceso licitatorio que terminó declarado desierto, se dispuso un segundo llamado para la ejecución de los trabajos. Ya era noviembre de 2022, por lo que debió actualizarse el presupuesto, que se fijó en la suma de 142,2 millones de pesos. Incluso, presupuestó un nuevo ascensor para el lugar.

La obra fue adjudicada a la empresa LyC Construcciones, estrechamente ligada al empresario Néstor Szczech. Llegó marzo de 2023 y hubo que volver a readecuar el monto, que alcanzó los 191 millones de pesos. Posteriormente, hubo otras actualizaciones sucesivas: 227,9 millones en mayo de 2023; 243,5 millones en julio; 310,6 millones en septiembre y una última en noviembre que ascendería a 380 millones, pero cuyo monto no está disponible en la web del Tribunal de Cuentas, de donde se obtuvieron los datos reflejados. Lara sumó al organismo el quinto piso, cuando no le correspondía e incluso provocó el reclamo de parte del nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia. 

De esta manera, se observa que el valor inicial de la obra prácticamente se cuadruplicó en solo 14 meses. Cada seis meses iban ampliando el presupuesto, siempre siguiendo el consejo de un arquitecto que trajo a trabajar al Tribunal de Cuentas, al que ubicó en planta permanente, que por la mañana estaba en el organismo y por la tarde trabajaba en la parte privada, en la empresa Szczech.

En mayo de 2023, con la obra de refacción en marcha, fue tiempo de iniciar los trámites para adquirir el mobiliario destinado a las remozadas oficinas, puntualmente las del tercer y cuarto piso del organismo.

Mediante una resolución se llamó a licitación por la compra de: 4 sillones Chrome, 1 mesa, 17 escritorios simples, 6 escritorios gerenciales de una medida y otros 6 gerenciales de otra medida, 6 puestos de trabajo doble alineado, 1 puesto de trabajo triple, 7 puestos de trabajo doble enfrentado, 6 puestos de trabajo cuádruple, 4 puestos séxtuples, 77 cajoneras rodantes de 3 cajones, 62 bibliotecas cerradas, 2 bibliotecas abiertas, 4 bibliotecas bajas, 7 bibliotecas combinadas, 6 bibliotecas con alzada, 106 porta CPU y 20 sillones, entre otros elementos, se registró en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Incluso, hizo comprar un televisor de 65 pulgadas, que ubicó en la remodelada oficina que ocupa Lara, con muebles de última generación. Todo el mobiliario comprado se encuentra disperso en los dos últimos pisos (la mayoría de ellos aún embalado), a la espera de la finalización de las obras y de la liberación de fondos de parte del gobernador Rogelio Frigerio, aunque está claro que la crisis le va a impedir la finalización de su proyecto millonario.

El monto aproximado de la compra de muebles fue calculado en 27 millones de pesos. Hubo un solo oferente cuya propuesta fue rechazada y se realizó un segundo llamado que también fracasó, ante lo cual se dispuso la contratación directa a la firma Azteca SA, por 27,9 millones de pesos. La empresa de Paraná antes vendía computadoras y ahora también tiene muebles.

Antes, en 2022, el Tribunal de Cuentas dictó una resolución para la compra de un vehículo cero kilómetros tipo SUV con 7 asientos, motor diésel, cilindrada mayor a 1900, tracción delantera, freno ABS, airbags, aire acondicionado, calefacción y butacas reclinables. Se llamó a licitación por un presupuesto de 19 millones para la adquisición.

En diciembre de ese año, se adjudicó la operación a la firma Nation SA para la compra de un Jeep Comander versión Limited 2.0L por 18,7 millones de pesos, es decir unos 57 mil dólares con un dólar valuado en ese entonces en 328 pesos.