El proyecto establece sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la justicia, y también para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.
Más de 32 mil trabajadores entrerrianos dejarían de pagar el impuesto y, a la vez, llegarían a las arcas provinciales 1.000 millones de pesos menos al año en concepto de coparticipación.
Organizaciones ambientales de todo el país pidieron por escrito que el gobierno de Entre Ríos suspenda la caza de especies nativas al menos por 5 años.