Por Luis María Serroels
Ese inolvidable vate popular que fue Jorge Cafrune, haciendo gala de su buen espíritu bromista solía decir antes de comenzar cada actuación: “Changos, pidan lo que quieran total voy a cantar lo que se me antoje”. Aunque pueda parecer pueril la referencia, tiene mucho valor a la hora de analizar lo que está aconteciendo respecto de la postulación del diputado Emilio Castrillón para ocupar una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia.
Al momento de redactar esta columna, el candidato de Jorge Pedro Busti había sido objeto de importantes impugnaciones que miran con preocupación la decisión de formalizar el cruce desde la Legislatura hacia el Palacio de Justicia, de una persona que hasta ahora ha venido siendo hombre de ultra confianza y leal vocero del oficialismo en la cámara baja.
Como algunos han coincidido, resulta injusto descalificar al candidato por el hecho de provenir de la política, porque en todo caso esa condición debería ser un timbre de honor a la hora de sopesar méritos, virtudes y capacidades. Se entiende por política, entre otras acepciones, “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados” o “inteligencia y habilidad empleadas en la conducción de un asunto para lograr un propósito determinado”.
De allí que en realidad, lo que se podría cuestionar es la procedencia desde la antipolítica o desde la desvirtuación de la auténtica política. Porque el problema principal radica en la identificación a rajatabla con una corporación partidaria, con marcadas inclinaciones a cumplimentar directivas sectoriales y actuar en la función legislativa impulsando leyes que ningún magistrado convalidaría. No se puede cruzar de vereda de un poder a otro y de la noche a la mañana, despojándose de ciertos vicios como si se tratara de cambiarse de indumentaria.
Frente a la situación derivada de este proyecto del Poder Ejecutivo y para fijar el asunto en términos de aceptación del disenso, vale recordar una frase de Miguel de Cervantes Saavedra: “Uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, es el estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos”.
En esta instancia en la que la personal decisión de un gobernante llevará a cubrir un cargo de tamaña trascendencia, importa oír a todos y responder a todos como decía el autor del inmortal Don Quijote de la Mancha.
¿Pueden ser acaso descartables a la hora de las evaluaciones, las negativas opiniones de entidades como el Colegio de Abogados de Entre Ríos, su seccional Paraná, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (con adhesión explícita de la Sociedad Civil representada en el Consejo de la Magistratura), la Asociación de Entidades de Profesionales Universitarios de Entre Ríos (Aepuer) y una ciudadana amparada en su derecho a hacerlo? ¿Y la flamante impugnación de la Federación Argentina de Magistrados y de la Central de Trabajadores Argentinos? Sin soslayar el meduloso comentario del ex Fiscal de Investigaciones Administrativas, que incursiona más allá del caso puntual del actual diputado oficialista.
Lo expresado por el vicegobernador Pedro Guastavino, de que estas cosas no ocurrían durante el gobierno anterior, no es correcto. Aunque no en la medida cuantitativa y cualitativa registrada hoy, se puede consignar que Directivos de Aepuer, en postrimerías de la última gestión radical, hicieron una presentación formal procurando evitar que 37 vacantes existentes en el Poder Judicial sean cubiertas sin un análisis a fondo del perfil exigible a un futuro magistrado.
Pero también vale recordar que hasta el desembarco bustista en diciembre de 2003, tampoco existía el Consejo de la Magistratura ni el pueblo podía asistir a las sesiones en las que el Senado analizaba y aprobada cada pliego (avance propiciado y logrado por una iniciativa del ex senador radical Jorge Campos). Y fue precisamente el actual mandatario quién concretó la elogiable creación del Consejo, incorporado como tamiz para conseguir que sean los más lúcidos hombres y mujeres del derecho quienes accedan a los estrados del Poder Judicial, respetando la majestad de la justicia y la división de los poderes.
Claro que todo lo bueno de semejante avance –de lo cual Busti se ufana con sobrados motivos-, se estropea irremediablemente con su decisión de excluir de una justa puja que lleve a elegir al mejor de los mejores, nada menos que al cargo de Vocal del máximo órgano de la justicia entrerriana.
Y este es uno de los puntos que objeta ahora la Federación, con argumentos contundentes: “Si la selección mediante examen de desempeño profesional, antecedentes de formación y ponderación de aptitudes, es buena para los jueces inferiores, también debe ser buena para los integrantes del alto tribunal”, dejando entrever la falta de coherencia en que incurre el mandatario. Nada hay que le vede al gobernador equiparar los procedimientos de selección
En el Poder Judicial, hasta para ocupar cargos básicos de ingreso a lo que ha de ser una larga, ardua y compleja carrera, se convoca a concurso como vía de legitimación de idoneidad, capacitación y aptitud. Entonces no se comprende que para ubicarse en la cúspide de la pirámide, bastaría con disponer de contactos o lazos personales, tener alguna identificación con el poder administrador o ser acreedor de favores políticos. Pero no es ocioso aventurar esta pregunta: ¿Alguien podría asegurar que todos los que han llegado al STJ hubieran salido airosos de las exigencias de un Consejo de la Magistratura? (honrosas excepciones no bastan para convalidar una ya anacrónica metodología).
Si el cúmulo de reproches arribados a la Comisión de Acuerdos del Senado, no logra torcer la decisión de designar a Castrillón, sólo estaremos parafraseando a Cafrune: “Ciudadanos, impugnen lo que quieran, total voy a terminar nombrando a quien se me antoje”.
Publicidad cuestionada
Últimamente la concesión publicitaria de la actual administración ha sido objeto de reproches y objeciones, aunque es justo reconocer que todos los gobiernos han incurrido en excesos y desbordes en la utilización de recursos para este rubro. Una muy mala costumbre ha sido mezclar en un mismo recipiente lo que es difusión, publicidad y propaganda. Ninguna de ellas es mala palabra; sí pasan a serlo cuando se utilizan fondos públicos parta exaltar medidas que responden a la obligación natural de un gobernante y, sobre todo, adjetivar la propia tarea, considerar a la palabra cumplida como una condición sobrenatural o un mérito superlativo. Y en el peor de los casos, para catapultar algún candidato.
Esta semana se conocieron detalles de una sentencia judicial que involucra al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), en una causa civil que obliga a dos ex funcionarios y a herederos de otro, junto a un par de agencias de publicidad, a abonar 38.000 pesos más intereses, por lo que se calificó como irregularidades cometidas en un contrato.
No hay que convertirse en jueces demasiado severos respecto de funcionarios de alto rango, que no pueden estar atentos a todas las cuestiones hasta en sus más mínimos detalles, porque para ello existe lo que se denomina delegación de facultades y descentralización de tareas.
Pero hay un costado en el cual sí deben estar atentas las más encumbradas jerarquías y que se refiere a la designación de los responsables del área de prensa y publicidad, que debe estar en manos de técnicos idóneos y que, en el caso particular del organismo que explota y administra el juego en la provincia, no deben tomar a la publicidad como gasto sino como inversión. Ello es así, porque las diversas formas de apostar constituyen un negocio cuyos réditos sostienen políticas sociales del Estado.
En esa labor de captación, donde la competencia crece, es razonable diseñar campañas, seleccionar los medios más aptos y pautar espacios criteriosamente, respondiendo a necesidades puntuales y cuidando los recursos como lo hace cualquier empresa seria.
Desde la conducción del instituto se ha rechazado toda vinculación con procedimientos irregulares, pero los elementos tenidos en cuenta por el entonces Fiscal de Estado, doctor Víctor Berta, resultan irrefutables. Si no se emitieron las órdenes respectivas previo a la emisión de cada mensaje sino con posterioridad, si la documentación de pago carece de fecha y numeración, si no se advierte un cotejo de precios que haya sido sometido a un estudio exhaustivo, si el propio medio de comunicación (Canal 13 de Buenos Aires) desconoce que se haya difundido el material y si las empresas en cuestión no efectuaron contratación alguna, ¿es equivocado acaso hablar de irregularidad?
Hay que resaltar que no se puede pagar publicidad antes de su emisión y que la cancelación de cada factura debe hacerse luego de un minucioso control, para establecer que la prestación del servicio se haya ajustado a las prescripciones de la orden en términos de medida o duración, pautado, frecuencia, costo unitario según tarifa y monto final a abonarse. No es un tema menor el exigir comprobante: el ejemplar cuando se trate de medio gráfico o control de aire en caso de la radio o la televisión.
¿Puede convalidarse la cancelación de 11 facturas con órdenes posdatadas y sin ese contralor imprescindible, sólo porque un funcionario afirma haber visto la difusión ante un televisor? ¿Cómo se rinde ante el Tribunal de Cuentas una erogación publicitaria basada en la asistencia de funcionarios a un estudio televisivo? Si el control de emisión no figuraba junto a la facturación, ¿por qué no se la devolvió hasta que se le acompañe ese requisito ineludible sin el cual el pago no procede? Si todo se hizo conforme a las normas contables, ¿porqué lo que se plantea en la apelación es la prescripción de la causa y no las razones que motivaron la sentencia? Desidia, ligereza, falta de experiencia o ineptitud, pueden ser -aún sin propósitos maliciosos- origen de estos problemas a los que hay que ponerles coto. Por eso la resolución judicial de marras es un útil llamado de atención.
De la celulosa a la silicona
La movida mediática realizada esta semana por la agraciada pasista Evangelina Carrozo, al aparecer en la portada de una revista casi con ropa de nacimiento, fue el disparador de un sinnúmero de comentarios. No faltan quienes sostienen que la joven ha sabido utilizar muy convenientemente en su provecho, la irrupción en una cumbre de mandatarios sosteniendo un letrero en rechazo de las pasteras uruguayas. A pesar de su inicial recato frente a propuestas diversas, que no precisamente centraban el interés en el mensaje ecológico sino en el soporte del cartel, Evangelina terminó acudiendo al llamado de la fama y traspuso el umbral que seguramente la llevará por caminos de popularidad, donde hallará portales muy importantes para canalizar sus legítimas ambiciones.
Ahora se anuncia que ella será la cara visible del Carnaval del País (¿ya no de la Asamblea Ambiental?), aunque no sea el rostro lo único por exhibir, mientras se reveló que el abultamiento de sus pechos fue el resultado de un kit de silicona obsequiado por un amigo de su hermano, en una extraña modalidad de regalo.
Pero al margen de este episodio que hasta puede resultar simpático, hemos hecho la referencia al material de embellecimiento físico para abordar el modo en que va adquiriendo un descomunal tamaño “la gran teta de la política”. Una formación que crece, crece y no deja de crecer, porque son cada vez más los que se quieren servir de ella.
Con renovados bríos, los devotos de Nuestra Señora del Escalafón Político ya empiezan a elaborar sus expectativas y tejer sus posibilidades para cuando llegue el momento de abandonar sus actuales cargos. Están los que vienen desde hace muchos años aferrados al “Gran Seno Protector”, los deseosos por debutar en estas lides que tanto progreso personal ofrecen y aquellos que, cual chimpancé, no se sueltan de ninguna rama hasta no estar seguros de quedar prendidos a otra.
Toneladas de silicona se incorporan cada cuatro años, para causas que a la sociedad seguramente les resultan mucho menos atractivas que las que, con mucho menos material, motorizan los saludables cambios estéticos de una bella gualeguaychuense.
Cuando uno ve cómo comienzan a proliferar los pasacalles y las paredes se tapizan con la ignominiosa agresión de afiches, impiadosamente estampados por cuenta y orden de los defensores del bien común, se convence de que la silicona a granel sigue siendo un muy buen negocio en la política nacional. Hasta la semana que viene.
