“Primero hay que pelear por la inconstitucionalidad de la ley y, si no hay un fallo que frene el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial, desde el FAP vamos a promover una lista de notables, académicos de primera línea no contaminados con la política y con una conducta coherente para ofrecerle una alternativa a la sociedad y para poder detener este atropello”, dijo Binner a Clarín. ¿Quiénes entrarían en esa alianza? “Todos los que quieran defender la democracia y terminar con esta situación tan grave. Por supuesto que entre ellos cuento al PRO”, agregó.

La oposición, sin embargo, no tiene un trabajo fácil por delante. El proyecto que el kirchnerismo convirtió en ley la semana pasada establece que para adherir la lista de consejeros a la de legisladores, un partido político o frente electoral debe tener idéntica denominación en 18 de los 24 distritos. Aunque, en caso de querer presentar sólo una lista de consejeros, debe cumplir el mismo requisito pero en apenas cinco distritos, tal como ocurre con las fuerzas políticas que postulan candidato a presidente. Binner propone que la lista de consejeros opositora vaya separada de la de los legisladores de cada agrupación anti-K. El acuerdo sólo estaría vinculado con los consejeros.

El viernes, en la Feria del Libro, Binner había dado lugar a equívocos cuando sostuvo que no descartaba una alianza con Macri “para defender la República”. Ayer aclaró que el FAP no podría nunca compartir las mismas ideas que el macrismo como para elaborar una propuesta conjunta, aunque resaltó que ya se han juntado otras veces para defender “los ataques a la República” por parte del Gobierno. Citó, entre otros, casos, la defensa del presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, en momentos en que el oficialismo quiso sustituirlo y el trabajo conjunto cuando se buscó intervenir Santa Fe.

La diputada socialista Alicia Ciciliani reconoció que “aún no ha habido diálogo con otros opositores para promover una única lista de consejeros”, pero adelantó que la movida se precipitaría si no hay un freno en la Justicia. Ciciliani considera que la ley que habilita a votar a los integrantes del Consejo de la Magistratura “es absolutamente inconstitucional y no puede ponerse en práctica”.