“Es inédito e incomprensible que una cámara de un Poder del Estado no acate y desobedezca una sentencia judicial”, opinó la abogada Noemí Berros, tras la sanción del Senado a los cinco pliegos de los postulantes a camaristas civiles de Paraná procedentes del concurso Nº 25, en contra de lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). “Los senadores han concretado un acto de desprecio por el Estado de Derecho, lo que es impensable en nuestra provincia”, arremetió. Incluso, a la luz de lo acontecido en la sesión de hoy, consideró que “el ejemplo que los senadores dan a la ciudadanía es lamentable, porque significa que algunos están obligados a cumplir las sentencias, y otros no”. Y observó que ahora “el titular del Poder Ejecutivo ha de respetar la orden judicial, que subsiste, absteniéndose de designar a los favorecidos por el ilegítimo acuerdo” de los legisladores.

“La sentencia del Superior ordenó suspender -en el ámbito del Senado y del Poder Ejecutivo- el procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir los cargos concursados en el concurso Nº 25 y ordenó al titular del Ejecutivo Provincial abstenerse de producir los nombramientos respectivos”, recordó la letrada, quien patrocinó la medida cautelar que promovió el juez Mario Quinteros. En este contexto entendió que “al aprobar los pliegos de estos postulantes, estando cuestionada la cuestión en sede judicial y, además, en contra de una sentencia cautelar del STJER, los senadores han concretado un acto de desprecio por el Estado de Derecho, lo que es impensable en nuestra provincia”.

En ese sentido, agregó que “en el Estado de Derecho, las sentencias se cumplen, y como no son infalibles, se discuten pero sólo por los mecanismos recursivos que el propio ordenamiento jurídico prevé”. Y consideró que “el ejemplo que los senadores dan a la ciudadanía es lamentable, porque significa que algunos están obligados a cumplir las sentencias, y otros no”.

De la misma forma, dijo no tener dudas de que “el titular del Poder Ejecutivo -respetuoso como ha demostrado ser de las decisiones judiciales- ha de respetar la orden judicial, que subsiste, absteniéndose de designar a los favorecidos por el ilegítimo acuerdo que les acaba de otorgar el Senado”.

Por lo demás, Berros dijo también que “es muy grave que el Senado haya colocado la situación en el marco de un conflicto institucional en ciernes, desde que hubiera sido un signo de madurez y prudencia institucionales, permitir que el conflicto judicializado transite por los carriles que el ordenamiento jurídico prevé para su resolución, con pleno resguardo de los derechos y garantías de todos los involucrados”. Y remarcó que “el STJER ha actuado en forma regular y dentro de su competencias; es el Senado el que -al desobedecer la orden judicial- incurre en una conducta que se sale del ordenamiento normativo”.