Al momento de señalar en qué etapa se encuentra la lucha contra el lavado en Argentina, Sbattella comentó que se está en tránsito “a una etapa institucional mucho más activa, porque lo que cambia es cómo se puede hacer la investigación y cómo se hará el proceso al observarse movimientos de dinero que no tienen explicación lógica y se duda de su licitud”.

En la legislación que se venía aplicando hasta ahora, había que tener un delito precedente y la posibilidad concreta de que existiera un tercero, que no esté en el ilícito, que manejar el dinero.

En declaraciones a APF, explicó que este sistema “hizo que no hubiera prácticamente sentencias” por este delito. Sólo se dio una condena: a un barrillero de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cuyo negocio surgió del dinero del narcotráfico de una pequeña banca de traficantes, comentó. “No funcionaba el esquema penal de la ley. Lo detectamos nosotros y los organismos internacionales, donde la Argentina participa activamente, como el Grupo de los 20 (G20), donde el estándar se fue elevando no sólo en función de los delitos de narcotráfico, sino también por las estafas financieras que se han visto por la crisis reciente”, agregó el funcionario.

Esta ineficiencia en la persecución y sanción hizo que en 2010, con el respaldo político de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la UIF analice la normativa vigente, para aplicar lo que sirve y proponer modificaciones a lo que no. “En junio del año pasado se propone al Congreso una modificación a la ley, que culmina con un proceso de muy buena recepción, incluso por parte de la oposición, y la sanción de una nueva ley”, dijo.

La actual norma que entró en vigencia hace unos días, trae nuevas herramientas para la lucha contra el lavado. “Permite imputar por un delito que es nuevo en el Código Penal, que es el lavado de activos, y un capítulo nuevo, donde el bien jurídico protegido es el orden económico y financiero, que puede verse afectado por el tránsito de dinero ilícito”.

Con este nuevo esquema, si se descubre el delito previo que dio surgimiento al dinero negro, los dos ilícitos pasan a ser concurrentes. “Antes era uno u otro”, precisó el funcionario.

Además “en lo administrativo, que sería la prevención del sistema, la ley convalida un decreto presidencial de diciembre del año pasado, que puso a la UIF a la cabeza de todo el sistema antilavado en Argentina, con capacidad de dirección”. De este modo, la Unidad coordina las actividades que, sobre este aspecto, realizan el Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros, entre otras.

En la discusión parlamentaria del nuevo ordenamiento, los representantes dejaron a la UIF sin la posibilidad de actuar como parte querellante en los juicios que inicia, lo que le permitía participar del expediente y marcar rumbos de acción.

El motivo esgrimido por los referentes opositores, que impusieron al oficialismo esta cláusula, es que el organismo tomaba mucho poder. Sbattella calificó de “hipócrita” a este tramo del debate porque “la Unidad no funcionaba y nadie decía nada, no ponía multas y no aparecía en los diarios; de golpe, cuando se puso en marcha y comenzó a tener capacidad de sanción, parece que ese poder molesta”, sentenció.

El titular del organismo también salió al cruce de las críticas que realizaron sectores empresarios a la capacidad que tendrá el organismo de observar los movimientos de fondos que los hombres de negocios realicen. La respuesta es que, en la misma posición, están “los jueces; los sindicatos; los funcionarios políticos, nacionales, provinciales y municipales; las fuerzas armadas a partir de determinado rango y el resto de las personas relevantes del espectro social”.

“Esto no implica ninguna sanción ni investigación. Las cuentas de las personas expuestas políticamente (tal es la categoría en que se engloban las actividades antes mencionadas) van a ser auditadas con mayor detenimiento”, aclaró.

Asimismo, recordó que, en su momento, existió una controversia con los profesionales en ciencias económicas, que llevó a que el Consejo que los agrupa en Entre Ríos cuestionara en la Justicia una resolución de lo organismo, que los obligaba a tener una actitud vigilante sobre sus clientes.

“Sólo donde (los profesionales) dan fe, actuando como síndicos o firmando balances, aparece la obligación, no cuando reciben una declaración jurada de los clientes. El sistema habilita el reporte de operaciones inusuales o sospechosas. No reportan ningún delito. Hay umbrales para la venta de activos y transferencias y también pusimos topes para la focalización el caso de los contadores, que es cuando pasan balances de más de 6 millones de pesos”, precisó.

“En un caso, nos dijeron: ‘Nos obligan a elegir entre la muerte y la multa’. Es un tanto extremo; además, si eligen ‘no morir’, digamos, quedan presos de una estructura delictiva, que pinta muy bien el libro y la película ‘Gomorra’, donde una organización ilegal se va quedando con los negocios lícitos, porque compite con ‘plata barata’. Hay que elegir en los horizontes la sociedad donde uno quiere llevar su vida”, postuló.

El funcionario comentó que existe comprensión por parte de los profesionales “en las zonas más riesgos”.

Finalmente, Sbatella indicó: “La Argentina está lejos de los grandes centros de consumo. Pero por eso mismo, y por el gran nivel de efectivo que se maneja en nuestro país, la hace un lugar apetecible para venir a traer dinero en efectivo y hacer actividad comercial sin muchas preguntas". Y añadió: "Para dar un dato fuerte, en Argentina está la cantidad de dólares en billete más grande del mundo. Luego viene Rusia y tercero los Estados Unidos”, graficó.