Imagen de archivo de HIF Global.
Después de más de dos años de anuncios, memorandos de entendimiento, estudios de impacto ambiental y viajes de funcionarios, el proyecto de HIF Global para instalar en Paysandú la planta de hidrógeno verde y e-combustibles más grande de la historia de Uruguay entró en su semana más crítica. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, advirtió que la inversión está en riesgo cierto de trasladarse a otro país de la región, y mencionó puntualmente a Paraguay como destino alternativo. La denuncia no es menor: se trata de una inversión estimada entre 5.300 y 6.000 millones de dólares, la mayor iniciativa privada jamás proyectada en suelo uruguayo, con capacidad para generar hasta 1.400 empleos durante la construcción y 300 puestos directos en la operación.
HIF Global es una empresa de origen chileno, fundada en 2016 por el ingeniero César Norton Sacre desde la compañía Andes Mining Energy (AME), que hoy controla el 80 por ciento de su capital accionario. El resto de la propiedad se reparte entre el fabricante alemán de automóviles Porsche, que ingresó en 2022 con una inversión de 75 millones de dólares por el 12,5 por ciento de la firma, la gestora de fondos EIG, la compañía de tecnología energética Baker Hughes y Gemstone Investments. La empresa ya opera desde 2022 la planta piloto Haru Oni, en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, considerada la primera planta de e-combustibles a escala mundial, y tiene otros proyectos en desarrollo avanzado en Texas, Estados Unidos, y en Tasmania, Australia.
El proyecto para Paysandú contempla la construcción de una planta que produciría hasta 876.000 toneladas anuales de e-Metanol, reciclando en el proceso hasta 900.000 toneladas de dióxido de carbono al año, una cantidad equivalente a las emisiones de casi 200.000 vehículos. La iniciativa, que se desarrollaría en cuatro etapas o trenes de producción, utilizaría dióxido de carbono biogénico proveniente de la planta de etanol de ALUR en la misma ciudad y demandaría una potencia energética de unos 2.700 megavatios, en gran parte provista por parques eólicos y fotovoltaicos instalados en la región, complementados con energía de la red nacional de UTE.
La advertencia de Delgado y el origen de la crisis
El anuncio de Delgado, formulado el 7 de agosto en la red social X y reforzado tres días después en declaraciones periodísticas, tiene un correlato concreto en los hechos de las últimas semanas. Según relató el propio dirigente nacionalista, el proyecto había llegado hasta la instancia previa a la firma del contrato de inversión definitivo, luego de que en diciembre de 2025 se rubricara un memorando de entendimiento entre el Estado uruguayo y la empresa. Sin embargo, en el tramo final de la negociación, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, habría frenado el proceso. Delgado lo describió con dureza: la funcionaria, sostuvo, volvió a trancar toda la negociación, retrotrayendo el proceso casi a punto cero, en una actitud que atribuyó a una oposición sostenida de la ministra hacia el proyecto desde su paso anterior por el directorio de UTE, cuando votó en contra de la iniciativa.
El trasfondo de la disputa no es sólo político. Detrás del bloqueo aparece un problema estrictamente económico: la tarifa eléctrica preferencial que la empresa solicita a UTE para hacer viable el proyecto, y que el ente estatal no estaría dispuesto a ofrecer en las condiciones pretendidas por HIF Global. El propio director ejecutivo de HIF Uruguay, Martín Bremermann, expuso en abril la magnitud de la brecha de competitividad regional al comparar precios: Paraguay ofrece energía a 25 dólares el megavatio hora, Chile a 32, Brasil a 36 y Uruguay no logra bajar de los 40 dólares. Esa diferencia, sostuvo, constituye el mayor riesgo del proyecto en esta etapa, y advirtió que si Uruguay no cumple con los plazos comprometidos, la producción prevista para abastecer los contratos internacionales de la compañía debería cumplirse desde otra planta del grupo.
El plazo que la empresa y el gobierno uruguayo se habían fijado para el cierre financiero definitivo vencía el 30 de junio pasado. Esa fecha quedó atrás sin acuerdo, y hasta el 22 de julio, cuando compareció ante el Parlamento por la Rendición de Cuentas, la propia ministra Cardona reconoció que no existe todavía ningún contrato firmado con la empresa, aunque insistió en que el gobierno está absolutamente a tiempo.
La disputa por HIF Global no se limita a la relación entre el gobierno y la empresa: derivó en un enfrentamiento público entre el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, y la ministra Cardona, del oficialismo frenteamplista. Olivera acusó a la ministra de mantener una actitud confrontativa que dificulta el avance del proyecto y llegó a calificar como un escenario apocalíptico la posibilidad de que Uruguay pierda la inversión por falta de celeridad en las decisiones. Cardona respondió acusándolo de memoria selectiva, recordándole que el proyecto fue anunciado en 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando Olivera ya ejercía como intendente, sin que entonces mostrara la misma preocupación por los plazos que exhibe ahora. La ministra defendió su gestión señalando que en el expediente intervienen, además de su cartera, los ministerios de Ambiente, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, y las empresas públicas involucradas.
En medio de ese cruce, Cardona deslizó otra hipótesis que agrega complejidad al escenario: la posibilidad de que la planta de hidrógeno verde conviva en el mismo predio con un proyecto de producción de cemento portland, una alternativa que todavía no fue explicada en detalle pero que sugiere que el gobierno uruguayo continúa buscando fórmulas de convivencia industrial en el territorio de Paysandú.
Resistencia ambiental, dudas sobre el subsidio energético y el reclamo argentino
Mientras la negociación económica se trababa en Montevideo, en Paysandú creció en paralelo una resistencia social y ambiental organizada. Un grupo de vecinos agrupados en la organización Paysandú Soberano UPM2 NO, junto con la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, presentaron ante la Junta Departamental 17.201 firmas de electores sanduceros que proponen directamente prohibir la instalación del proyecto en el departamento. Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable advirtieron que la capacidad de autoabastecimiento energético prevista por la empresa resultaría insuficiente, lo que obligaría a HIF Global a demandar energía adicional de UTE a precios reducidos, una situación que describieron como un subsidio indirecto financiado por el conjunto de los uruguayos. El propio sindicato de trabajadores de UTE, la Asociación de Trabajadores del Estado, calificó el proyecto de inconveniente para el ente estatal, con la misma preocupación de fondo sobre el precio de la energía que la empresa pretende pagar.
A esas objeciones internas se sumó un reclamo de origen binacional. El gobierno argentino, a través de gestiones encabezadas por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó ante las autoridades uruguayas su preocupación por la cercanía de la planta al río Uruguay y el eventual impacto visual y ambiental sobre la ciudad de Colón. También hubo una presentación en la justicia federal argentina de legisladores entrerrianos del PJ, encabezado por Guillermo Michel, que generó preocupación en los inversores. Ese reclamo motivó un rediseño parcial del proyecto y la inclusión, en los términos de referencia del estudio de impacto ambiental exigido por el Ministerio de Ambiente uruguayo, de la obligación de evaluar los efectos sobre territorio argentino, en tanto Colón fue incorporada como zona de influencia del emprendimiento. La planta, además, fue clasificada por las autoridades ambientales uruguayas en la categoría más exigente, la C, reservada para iniciativas cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos.
Frente a ese cuadro de resistencias, el proyecto también concentra un respaldo político y empresarial de peso. El intendente Olivera lo defiende como la inversión más importante en la historia de uno de los departamentos con mayor desocupación del país, y aseguró haber recibido del presidente Yamandú Orsi certezas reiteradas sobre su cierre inminente, primero para fines de junio y luego sin fecha precisa. El propio Poder Ejecutivo, a través de distintos funcionarios, sostiene públicamente que el proyecto no está descartado y que las negociaciones continúan abiertas, aunque el propio reconocimiento de Cardona de que no existe contrato firmado, más de dos años después del primer anuncio, deja en evidencia el desgaste del proceso.
Por qué Paraguay aparece como alternativa creíble
La mención de Paraguay como destino alternativo no es casual ni aislada. El país vecino consolidó en el último año y medio una estrategia nacional explícita para posicionarse como polo regional de hidrógeno verde, lanzada oficialmente en julio de 2025 y coordinada entre el gobierno, el sector energético estatal y organismos de cooperación internacional como la agencia japonesa JICA, la Agencia Francesa de Desarrollo, Itaipú Binacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. La estatal Administración Nacional de Electricidad firmó en los últimos años memorandos de entendimiento con al menos cinco empresas multinacionales de hidrógeno verde interesadas en instalarse en el país, y ya cuenta con antecedentes de proyectos concretos, como la inversión de 500 millones de dólares que evalúa la estadounidense Go Energy Group para producir amoníaco verde, o los 100 millones de dólares anunciados por la neerlandesa ADA Green Hydrogen Investments para una planta en Villa Hayes. La ventaja competitiva paraguaya, según remarcó el propio Bremermann, es fundamentalmente de precio: su costo energético de referencia, de apenas 25 dólares el megavatio hora, resulta sensiblemente inferior al uruguayo, además de la seguridad jurídica y las políticas de atracción de inversiones extranjeras que el propio sector destaca reiteradamente.
La disputa por HIF Global excede largamente el interés de una empresa privada por maximizar condiciones favorables. Para Uruguay implica la posibilidad cierta de perder la mayor inversión privada de su historia, con un impacto directo en el departamento con mayores índices de desocupación del país. Para la propia empresa, la decisión final dependerá de una ecuación que combina el precio de la energía, la celeridad de las autorizaciones administrativas y ambientales, y el nivel de conflictividad social que esté dispuesta a asumir en cada territorio posible. Mientras esa ecuación no cierre, ni en Montevideo ni en Asunción, la planta que prometía convertirse en la mayor fábrica de combustibles sintéticos de América Latina sigue, por ahora, sin ubicación definitiva.
