El señor de las multas

La empresa Brocart SA, de Sergio Javier Jacobi e Iván David Wuignier, recauda cientos de millones de pesos por mes provenientes de los elevados cánones que cobran por prestar el servicio de radares y fotomultas en todo el territorio provincial, donde se les dio el privilegio y la exclusividad para operar. En 2025 se prorrogó hasta 2029 el contrato con ventajosas condiciones, luego de tensas negociaciones. Montaron una trama de sociedades de diversos rubros y obtuvieron concesiones del sistema en otras tres provincias. Nadie cuestiona un esquema que hoy es vital para el funcionamiento de la Policía provincial.

José Amado

Miles de entrerrianos que pisan de más el acelerador o arriesgan una maniobra antirreglamentaria en las rutas de la provincia financian cada mes dos cosas: por un lado, todo el funcionamiento operativo de la Policía de Entre Ríos; por otro, las cuentas de la empresa concesionaria del sistema de fotomultas, cuyos titulares despliegan hoy un holding de sociedades y viven una vida de multimillonarios. El sistema también es un importante tubo de oxígeno para municipios que, de acuerdo con el decreto que lo regula, pueden incorporarse al convenio con la misma empresa que ostenta el privilegio de la exclusividad en toda la provincia, y colgar una cámara en un poste o un semáforo dentro de su jurisdicción.

Mientras crece el malestar de conductores con el Gobierno por los elevados montos de las multas que llegan a sus domicilios ante infracciones consideradas menores (como el exceso mínimo de la velocidad máxima permitida), la empresa Brocart SA y sus dueños Sergio Javier Jacobi e Iván David Wuignier reciben cientos de millones de pesos por mes que salen de los mismos bolsillos en concepto de alquiler de equipos de fiscalización, por gastos de notificación y un porcentaje de cada infracción, un servicio que no alcanza a justificar semejante ganancia extraordinaria asegurada, en un negocio con riesgo cero para el privado.

El costo para la provincia, abrochado en los pliegos del contrato, parece excesivo en comparación con el contrato que los mismos personajes bajo otras empresas tienen en Santa Fe, donde las condiciones son más ventajosas para el Estado.

Systeco SA fue la empresa que funcionó hasta fines de 2015, durante el gobierno de Sergio Urribarri. Allí estaba Wuignier, dueño de la empresa de reparación de y venta de equipos de refrigeración Aire Total. Hubo quejas de automovilistas y denuncias por la falta de homologación de los equipos. La concesión fue cancelada al inicio de la gestión de Gustavo Bordet, quien incluso anunció la decisión en diciembre de 2016 al inaugurar la temporada de verano, cuando calificóel sistema como “engañoso”.En 2021, cambió de parecer. Se realizó una licitación donde la única oferente fue Brocart SA, con Wuignier y Jacobi.

La cotización del servicio se planteó en Unidades Fijas (UF) de acuerdo al valor del litro de nafta súper: retribución única por el uso de los equipos (245 UF por cada uno); cargo como retribución por procesamiento de imágenes, confección, emisión y seguimiento del cobro de cada acta (128,7 UF); procesamiento, administración e impresión de cédulas (64,35 UF); notificación por medio postal (15 UF). La suma total “es la única retribución exigida por nuestros servicios”, decían los oferentes, como si fuera poco.

“Nosotros continuamos con el proceso existente. Lo ampliamos a la posibilidad de que lo adopten los municipios. Varios municipios lo adoptaron. Estamos a Derecho. Si tienen alguna cosa puntual para decirme lo pueden hacer. Pero, nosotros no tenemos nada y no hemos tenido ninguna observación al respecto de este tema”, dijo el gobernador Rogelio Frigerio el 29 de julio pasado en la entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). El mandatario defiende este sistema que heredó de la gestión de Gustavo Bordet pero que bien en su gestión decidieron mantener al prorrogar la concesión resuelta el año pasado, mediante un expediente que tuvo un llamativo itinerario.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1173, del día 20 de agosto de 2026)