Fideicomisos sin dueño claro
Los fideicomisos siguen siendo un negocio que no tiene la transparencia necesaria. En Paraná son cada vez más las conformaciones de ese tipo, con inversiones millonarias en dólares que tratan de no dejar mayores rastros, salvo excepciones. En muchos casos se repiten los domicilios para diversos fideicomisos y hasta los nombres de cuestionados empresarios, muchos de ellos ligados al poder político de turno.
Por Daniel Enz
El auge de edificios en altura y desarrollos costeros en Paraná viene acompañado, en los últimos años, de un instrumento que se repite en casi todos los proyectos de escala: el fideicomiso inmobiliario, y en particular la modalidad conocida como fideicomiso al costo. Es una figura legal, contemplada en los artículos 1666 a 1707 del Código Civil y Comercial de la Nación, pensada para separar el patrimonio de la obra del patrimonio personal del desarrollador. Pero, esa misma separación patrimonial, sumada a la escasa exigencia de identificar el origen de los aportes de los llamados inversores, la convirtió en una herramienta atractiva para quien busca ingresar dinero sin dejar rastro.
La provincia ya tiene antecedentes documentados de que el fenómeno no es nuevo. Un informe reservado al que accedió el diario Uno hace ya hace unos años daba cuenta de que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) había relevado 64 fideicomisos de construcción en Paraná, 22 en Concordia, seis en Gualeguaychú, cinco en Victoria y uno en cada una de las ciudades de Ramírez, Libertador General San Martín, La Paz y Chajarí. El propio organismo reconocía en ese momento que solo una docena habían sido intimados a inscribirse y presentar declaraciones juradas de Ingresos Brutos. El control, entonces como ahora, fue tributario: apuntado a la recaudación, no al origen de los fondos.
Ese mismo patrón resurgió con fuerza en septiembre de 2024, cuando Gendarmería Nacional y la entonces AFIP (hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero -ARCA) allanaron la sede central de Farmacias Villegas y 15 domicilios en Paraná por una investigación de dos años sobre evasión fiscal agravada y lavado de activos. Entre los allanados figuró Brick Construcciones SRL, una desarrolladora vinculada a la familia Villegas que había constituido 22 fideicomisos de construcción al costo. Según trascendió de la propia AFIP, la firma conformaba en los hechos una verdadera empresa constructora y comercializadora de inmuebles que evadía sistemáticamente impuestos y cargas previsionales, y que a través de la imputación de compras y gastos a la constructora ocultaba los costos reales de los fideicomisos, subvaluando los precios de adjudicación de las unidades. Ese mecanismo -inflar o esconder costos mediante la propia estructura del fideicomiso- es el que en otras provincias terminó asociado directamente a causas de lavado de dinero.
El caso más activo hoy es el de Bajada Grande, donde en simultáneo se levantan dos desarrollos de escala bajo el mismo esquema societario. El primero es Signature Estrada, cuya fiduciaria es Cadus S.A.S., representada por Roni Alejandro Lifschitz, en sociedad con el grupo Dujovne. El proyecto, de 200 unidades, avanzó al amparo de un decreto municipal -el 2028/20, o sea gobierno municipal de Adán Bahl- que modificó las reglas de aprobación del Código Urbano en ese distrito sin participación ciudadana ni consulta al Colegio de Arquitectos, según reflejó en su momento el programa de televisiónCuestión de Fondo (Canal 9, Litoral). La organización Proconsumer llevó el caso a la Justicia por falta de estudios de impacto ambiental, y el fideicomiso fue citado como tercero interesado en ese expediente, que aún tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 1.
El dato de los domicilios es revelador. Al menos siete estructuras fiduciarias y societarias vinculadas al entorno de Dujovne comparten una misma dirección, Ernesto Bavio 97 de Paraná, sede del Estudio de Arquitectura Graciela Dujovne y Asociados: los fideicomisos Malvinas, Giardino Tower, Jozami, Los Vascos y Nuevo Fideicomiso Colón 580, además de las sociedades Ramsa S.A. y Constructora H y P S.A.S. El empresario Miguel Alberto Pérez, exesposo de Mirta Graciela Dujovne, preside varias de esas firmas, y el arquitecto Roni Alejandro Lifschitz, familiar directo, hoy representante legal del Fideicomiso Signature Estrada, integra los directorios de al menos cuatro de ellas desde hace más de una década, según sus propios antecedentes societarios registrados en ARCA. Es, otra vez, el mismo patrón que se repite en Bajada Grande: un puñado de personas administrando, desde una sola dirección, una cantidad de vínculos fiduciarios que multiplica largamente el número de socios visibles.
Un detalle del propio registro de la Unidad de Información Financiera ilustra -mejor que cualquier discurso- la distancia entre la norma y el control real: tanto el Fideicomiso Malvinas como el Fideicomiso Jozami están inscriptos desde abril de 2014 en el Registro de Sujetos Obligados, en el rubro Sector Fideicomisos - Fiduciario/Administrador, la categoría que en teoría los obliga a reportar operaciones sospechosas ante el organismo antilavado. Pero, ambos figuran con estado deshabilitado desde su creación, según la consulta actualizada al 16 de agosto de este año. Es decir: dos fideicomisos de esa misma dirección -de Bavio 97- quedaron formalmente anotados como sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero hace más de una década, y nunca llegaron a operar activamente ese control, sin que eso les haya impedido seguir funcionando como estructuras de desarrollo inmobiliario durante todos estos años.
Que el nombre de Dujovne vuelva a aparecer en Bajada Grande no es un dato menor para quien sigue hace años los negocios inmobiliarios de Paraná. La Desarrolladora Inmobiliaria Dujovne, dueña también de Constructora del Paraná, tiene una sociedad de larga data con una de las familias que mejor ejemplifica, en la city entrerriana, el uso del fideicomiso como vehículo de opacidad patrimonial: la de los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, hoy procesados con prisión preventiva cumplida y embargos por 60 millones de dólares en la megacausa Securitas, que investiga el pago de sobornos a funcionarios de ENERSA y de la gobernación entrerriana entre 2016 y 2022, encabezada por el actual diputado nacional Gustavo Bordet (PJ).
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1173, del día 20 de agosto de 2026)
