El Foro de Radicales del Derecho emitió un comunicado de prensa en el que refieren al requerimiento de elevación de juicio en la causa de los contratos truchos. Acusaron “selectividad en la persecución penal”.   

“El estrepito causado por la remisión a juicio de la causa penal que investiga la escandalosa exacción y otros delitos relacionados con fondos públicos asignados a la Legislatura entrerriana, convoca en estas horas a buena parte de la política, la academia y la opinión pública”, plantearon Radicales del Derecho en un parte de prensa enviado a ANÁLISIS.

Añadieron que “el Ministerio Publico Fiscal parece haber ejecutado una medida de política criminal cuya lectura no deja margen de dudas ni tan siquiera para el más lego de los lectores: la persecución penal selectiva y acotada que busca la condena del eslabón más lábil de una cadena muy pesada de responsabilidades”.

De inmediato, pusieron en contexto: “Mientras tanto y cuando la pandemia azota con inusual dureza a nuestra provincia se perfecciona una maniobra institucionalmente gravosa que buscó perderse en el anonimato de los intereses de la sociedad, urgida como está con la angustia económica y sanitaria”.

“La resolución penal del MPF en esta millonaria causa en perjuicio de los entrerrianos y en tiempos pandémicos avanza sesgada para dar impunidad a los ideólogos y grandes causantes de haberla permitido: los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, marginándolos de la investigación y acusación y direccionando la persecución hacia la periferia también responsable de la cadena delictiva”, señalaron en el texto.

Refirieron a “una selectividad criminal como la utilizada por el MPF en un legajo investigativo de la envergadura patrimonial, la trascendencia institucional y el impacto político de esta causa de los ‘contratos truchos’ revela dos cosas: la vocación del acusador público por garantizar la impunidad de algunos o sus limitaciones políticas para avanzar hacia los centros del poder real”.

“Si existía alguna investigación penal que podía servir como indicador o variable para mensurar el grado de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal era ésta. 10 años de desvíos criminales de fondos y más de 1000 millones de pesos estimados en las maniobras (recursos que excederían para la compra de dosis e inmunizar a los más de 1.300.000 entrerrianos) exhiben un período premeditadamente elegido entre 2011 y 2018 que involucran administraciones de al menos 3 vicegobernadores y otros tantos presidentes de la Cámara de  Diputados, marginando de la investigación a mandatos legislativos y altos funcionarios sospechosamente omitidos en la pesquisa”, cuestionaron.

Por último, insistieron: “Limitar la persecución a quienes -sin desestimar sus eventuales responsabilidades en los hechos- constituyeron los ejecutores de una maniobra sistémica organizada y pergeñada profesionalmente por quienes debieron contar con el aval político de aquéllos que tenían o debieron tener el dominio de los hechos ilícitos constituye una franca garantía de impunidad”.