Natalia Buiatti
de ANÁLISIS Digital

Jorge Julián Christe está condenado desde abril de 2021 por la muerte de su novia, Julieta Riera. Un jurado popular consideró probado que el joven comprimió el cuello de su pareja hasta dejarla inconsciente, y la arrojó del octavo piso del edificio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), en Paraná. Desde el año pasado, el joven está en la Unidad Penal N°1 de la capital provincial. Cumple una cadena perpetua por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

La semana pasada, la abogada Mariana Barbitta, especialista en derecho penal, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), se hizo cargo de la defensa. Se matriculó en la provincia de Entre Ríos y juró como representante legal de Christe en la causa. “Tenemos un gran desafío -contó a ANÁLISIS- mostrar que lo de Julieta fue un accidente, y que Julián está condenado injustamente”.

Según adelantó la letrada, los lineamientos principales sobre los que se estructurará su intervención en la causa son los siguientes: afectación del derecho de defensa material; afectación del derecho de defensa técnica; afectación del debido proceso; afectación del principio de igualdad de armas; afectación a la imparcialidad del jurado popular; ausencia de prueba que conecte una acción de Julián con la muerte de Julieta; y errores en las instrucciones al Jurado.       

“A Julián no lo escucharon”

Así lo aseguró la especialista en Derecho Penal. Barbitta se posicionó como una abogada con perspectiva de género y lo remarcó en distintas oportunidades, mostró su recorrido y experiencia profesional. Dijo que en enero pasado se reunió con la madre de Julián Christe -la exjueza Ana María Stagnaro- en su estudio de Buenos Aires. “Ella me contó que su hijo estaba condenado por un jurado popular en Paraná, que vio los escritos de Julián diciendo que quería revocar la defensa de sus abogados porque durante el juicio no lo escucharon, no lo dejaron hablar y no le permitieron decirle al jurado las cosas que él creía necesarias. Incluso desistieron de prueba importante para su defensa y quedó en un lugar muy angustiante”, relató.

La nueva defensora llegó a la capital entrerriana la semana pasada y visitó a Christe en la cárcel. “Me contó que se sintió condenado desde el primer minuto de juicio; que sintió una presión muy fuerte; que la investigación tuvo errores; y que nadie conoce su vida. Me habló de las notas periodísticas, de cientos de publicaciones que lo calificaron como ‘el femicida de Paraná’ y que llegó a un juicio por jurados en ese contexto”.

Barbitta habló de las garantías constitucionales, entendió que el sistema judicial entrerriano no las respetó cuando investigó y juzgó a su pupilo, y pidió que en Casación se atienda a una serie de cuestionamientos defensivos. Apuntó al trabajo de la Policía de Entre Ríos, al Ministerio Público Fiscal (MPF), y al modo en que se llevó a cabo el juicio popular. “Hay muchas posibilidades de revertir una condena de un jurado popular”, planteó.

Reclaman igualdad de armas

Según acusó el fiscal Ignacio Aramberry en el debate oral, el 30 de abril de 2020 Christe forcejeó con Julieta Riera y le comprimió el cuello hasta dejarla inconsciente. El jurado popular validó esa teoría acusatoria. Uno de los informes de investigación que sirvió como prueba -a criterio de la acusación y el jurado- fue la autopsia.

La defensora de Christe consideró en este punto que “hay prueba que no estuvo planteada con el principio de igualdad de armas. Las reglas de juego de Fiscalía tienen que ver con presentar evidencias, pero escondieron evidencia. Por ejemplo fotos que aparecieron el último día de audiencia”, marcó y precisó: “Las fotos que se recibieron de la autopsia fueron 70, de la 42 00 a la 42 71. Pero al momento del juicio, el perito no tenía todas las que sí se mostraron en un Power Paint y cuando el juez técnico -Elvio Garzón- preguntó dónde estaban, no sabían. Eso quedó grabado y se trata de las fotos 42 01; 42 02; 42 03; y 42 07”.

Se trata de imágenes que, según la defensora, nunca estuvieron a disposición de todas las partes. “Se mostraron el día de juicio y eso es un problema gravísimo, afecta el derecho de defensa. Para ellos -la acusación- es una evidencia crucial, pero nosotros sostenemos que no pudo haber acercamiento de Julián a Julieta cuando se cayó, que no la ahorcó, no la empujó, ni la mató. No está probado”, recalcó.   

En el mismo sentido, afirmó que los peritos de la defensa no accedieron a muestras de anatomía patológica. “No sé si Fiscalía no los envió o la defensa -los abogados Ladislao Uzin Olleros y Franco Azziani Cánepa, que representaron a Christe- no mandaron los preparados a los peritos. Pero eso era clave”, se quejó.

“Fue un accidente”

Barbitta descartó el contexto de violencia de género. “No existe el perfil de Julián Christe machista y patriarcal. Él está muy angustiado porque Julieta era su novia. Se conocieron a fines de 2018 y empezaron con una relación amorosa. Julieta se fue a vivir a su departamento”, remarcó. Cuestionó las declaraciones del portero del edificio y su pareja, aseguró que cambiaron las versiones a lo largo del proceso, y arremetió contra los informes psicológicos. “Están constituidos con frases protocolizadas”, definió.

–¿Por qué los profesionales, fiscales, policías direccionarían sus informes y la investigación en perjuicio de Christe? –se consultó.

–Por la presión a raíz del caso, por la prensa, porque Julián es hijo de una exjueza. Hay que revisar en qué contexto se produjeron informes y testimonios. Julián estaba detenido, no tenía asesoramiento, sus peritos no tenían espacio para hablar –respondió la abogada.

Barbitta volvió a cuestionar la investigación fiscal, reiteró que Christe está condenado sobre la base de indicios y abonó la teoría del accidente. “El balcón por donde cayó Julieta tiene una baranda quebrada, falseada, eso pudo haber sido lo que generó la caída ¿Por qué imaginar que la empujó?”, preguntó.

“Se bloqueó”

Tras la muerte de la muchacha, la madrugada del 30 de abril de 2020, Christe subió a su moto, fue a la casa de su madre y contó lo que había pasado. De allí se trasladó a la Jefatura de Policía de la provincia y dijo que en el edificio donde vivía, había ocurrido un accidente: que se había caído su suegra -lo declararon policías en el juicio-. Volvió a su domicilio en moto, escoltado por oficiales de la fuerza.

Durante el debate se cuestionó la reacción del joven. La acusación preguntó por qué concurrió a la casa de su madre en lugar de llamar a emergencias, y por qué dijo que se había caído su suegra y no su novia. “Hay gente que reacciona de una manera y no de otra, él se bloqueó, se paralizó”, respondió su abogada.

“Además, eso que él dijo que se cayó su suegra es cosa de la Policía. ¿Cómo va a decir que cayó la suegra? Él no dijo la suegra, a eso lo dijo la Policía. Esa misma Policía es la que recibió a Julián en la moto”, denunció.

Reclaman la nulidad de la sentencia y la libertad de Christe

“En Casación pediremos la nulidad de la sentencia, porque hay errores en la valoración de la prueba, afectaciones vinculadas al derecho de defensa porque Julián no pudo declarar, fue mal asesorado. Hay desigualdad de armas porque no se permitió la participación de peritos de la defensa. Si juicio por jurado es un espacio donde la ciudadanía tiene que escuchar, a él no le permitieron hablar”, sintetizó Barbitta y acusó “arbitrariedad del MPF y del juez técnico”.

Asimismo la abogada descartó peligro de fuga. Durante la Investigación Penal Preparatoria y el juicio popular, se valoró ese riesgo porque Christe tiene familiares en el exterior. “Para evitar que se escape no es necesario meterlo preso, hay que pedir una tobillera. Él está preso hace dos años”, criticó la letrada.

“La sentencia, a nuestro criterio tiene irregularidades que tienen que ver con la prueba. No hay fundamento para la decisión que se tomó. El juez técnico dio directivas al jurado y no explicó las alternativas. El juez técnico dijo al jurado que el caso era un femicidio o nada, y no es así. Pudo haber abandono de persona, pero hay una distancia enorme con un femicidio. No surgió del debate una relación de nexo entre la acción y el resultado. Es todo en base a indicios”, insistió.

“Cuando se lleva a la práctica, el juicio por jurados es un problema”

El juicio con un jurado popular fue, para Barbitta, otro de los inconvenientes que llevaron a una sentencia errada. “Soy fanática del juicio por jurados, pero cuando se lleva a la práctica es un problema. Me encanta que Entre Ríos se haya adecuado, pero falta capacitación. Un fin de semana estuvieron encerrados los jurados en sus casas con consigna policial. No podés dejar al jurado así, cuando tienen que decidir un caso que está amasado por los medios ¿Cómo se permitió eso? El jurado se fue a sus casas con una consigna policial ¿Acaso le sacaron los celulares a los hijos? ¿Le sacaron los televisores? En este contexto, estaría bueno que el Poder Judicial sepa que hay una regla de oro que es la contaminación del jurado”, apuntó.

La defensora agregó que en caso que Casación anule la sentencia, podría haber un nuevo juicio con las mismas pruebas y otro jurado, “ajustado a lo que corresponde”. “Si pasara, Julián debe estar en libertad a los tres segundos. Si Casación anula la sentencia, Julián tiene que estar en libertad, o en arresto domiciliario por lo menos”, afirmó.

“Vengo del derecho penal y soy feminista, pero no puedo dejar de decir que este caso se habría direccionado porque se trata de la muerte de una mujer, por una cuestión de marketing, porque Julián es hijo de una exjueza, un chico con una buena situación económica. Lo primero que le dijo a su mamá es ‘se cayó la Juli’”, remarcó.

Anulación de veredictos populares

Por último, la abogada recordó antecedentes de anulación de veredictos populares. Nombró el caso de Marcos Bazán, condenado por un jurado popular en provincia de Buenos Aires a cadena perpetua por el femicidio de Anahí Benítez. Casación revocó el fallo en diciembre de 2021.  

Un tramo de esa sentencia de Casación que anuló la de primera instancia en Buenos Aires, el juez Daniel Garral indicó: “Encuentro probada la infracción a la garantía de imparcialidad judicial, puesta de manifiesto en el particular sesgo de los jueces al examinar la evidencia y motivar el veredicto de culpabilidad del acusado, como también en la intervención que tuvieron durante la práctica de la prueba, desviándose del rol que como terceros desinteresados debían cumplir en el marco de un proceso penal adecuado”.

Otro antecedente es el caso Álvarez – Telechea, una pareja condenada por un jurado popular por la muerte de Blas Figueroa, un niño de 11 meses. En esa causa, Garral sostuvo que “el jurado solo pudo deliberar por dos alternativas: culpable o no culpable, no hay constancias que documenten una posición de las defensas instando a una instrucción por un delito menor incluido”.

“El contacto de ambos acusados con los hechos imputados desde la fiscalía, de conformidad con las hipótesis reclamadas por las defensas y la base probatoria que en algún punto apoyaba su moción, debería haber sido informado al jurado, para que pudiera decidir conforme su exclusiva competencia y, en ese sentido, emerge como deber la inclusión del delito menor, en este caso el homicidio imprudente. La evidencia y la declaración brindada por los acusados frente al jurado, requirieron instrucciones del juez relacionadas con los delitos de homicidio, homicidio calificado y homicidio imprudente”

“El veredicto de un jurado puede tener irregularidades, que el proceso esté contaminado, no el jurado. Esta es nuestra visión y vamos a pelearla, con el respeto que nos merece el Poder Judicial de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y la gente, pero necesitamos explicar que Julián no la mató”, valoró por último Barbitta.