Megajuicio: este martes continúan los alegatos defensivos

Abogados defensores. (Foto: ANÁLISIS)

Natalia Buiatti
De ANÁLISIS Digital

El tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, reanudarán la audiencia en el megajuicio este martes después de las 9. 

Ayer, los jueces difirieron la decisión sobre el pedido de suspensión de juicio a prueba para el imputado Germán Buffa. Los jueces lo darán a conocer en el momento que dicten sentencia para las cinco causas acumuladas por corrupción. Lo definieron este lunes, tras el pedido del defensor José Velázquez y la respuesta del Ministerio Público Fiscal. 

La fiscal Patricia Yedro, solicitó este lunes que se rechace el pedido de probation para Germán Buffa por “extemporáneo”. Lo hizo al reanudarse la audiencia de megajuicio en los tribunales locales. Yedro consideró que “no se suspende el juicio si se pide ahora una probation, sino que se suspende el fallo”. “La Fiscalía entiende que Buffa perdió la posibilidad de pedir la probation, por eso solicitamos que se rechace el planteo por extemporáneo”, contestó.


Germán Buffa, imputado en la causa Global Means (Foto: ANÁLISIS)

La jornada continuó con el alegato del defensor Miguel Cullen, representante legal de Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; Alejandro Almada; y Gustavo Tórtul, excoordinador contable de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur. De modo que el abogado alegó, fundamentalmente, por la causa que investigó el direccionamiento de publicidad oficial a las empresas Tep, Next, Bustamante y Montañana, entre 2010 y 2015, en la que están imputados los primeros tres mencionados, entre otros.

Cullen prometió que este lunes expondría la tesis defensiva en el marco de la causa por la difusión de cuatro spots publicitarios con dinero de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en el año 2014, en el cual está imputado Tórtul. Anunció que la jornada se completaría con la exposición del abogado Juan Méndez, que representa los intereses del imputado Gustavo Tamay, exresponsable de certificaciones en la vía pública del desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación durante la gestión de Pedro Báez. Sin embargo, nada de eso se concretó. Después de las 15.30, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este martes.

Según adelantó el equipo de defensores, cuando Cullen y Méndez concluyan, continuará el abogado Marcos Rodríguez Allende con el alegato defensivo en torno a las imputaciones que enfrentan Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada. Y por último, se escuchará la defensa técnica de los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, que representan al exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri.

La etapa no estará terminada hasta que se pronuncien las réplicas de Fiscalía a los defensores y dúplicas de las defensas. Luego habrá un tiempo para que los imputados que deseen, digan sus últimas palabras a los jueces.

El tribunal tiene, según el Código Procesal Penal, un plazo de diez días hábiles para dar a conocer el veredicto. En algunas ocasiones, la parte resolutiva de una sentencia se informó en la hora de gracia del día hábil siguiente, es decir el día once desde que se declaró cerrado el debate, entre las 8 o 9 de la mañana. Sin embargo, lo habitual es que el veredicto se dé a conocer el décimo día después de cerrado el juicio oral.

“Crearon brujas y monstruos”

El alegato del abogado Cullen retomó la hipótesis defensiva que se expuso en la apertura del megajuicio, en septiembre de 2021, y que sostiene el resto de los abogados intervinientes en el debate. Las defensas técnicas despliegan varias líneas y, a grandes rasgos, aseguran: que las acusaciones no tienen pruebas que las respalden; que se llevó a la justicia penal acciones de Gobierno que ya tuvieron un control administrativo; que existe una especie de “acuerdo espurio” entre algunos sectores del poder político, judicial y mediático, con el objetivo de perseguir a determinado grupo político, en este caso liderado por Urribarri en Entre Ríos en los años de kirchnerismo.

El abogado acusó al Ministerio Público Fiscal (MPF) de “mutar” las imputaciones, “cambiando las figuras penales y sosteniendo que es un delito continuado”, dijo, en referencia a la causa imprentas. Agregó que los representantes del MPF no cumplieron con “leyes procesales”. “Todos los testigos que pasaron, dependientes de fiscalía, todos mintieron. Hubiese sido más fácil que Fiscalía diga que funda sus acusaciones en lo que dijo el contador Héctor Enrique; o los bioingenieros Martín Herrlein y Guillermo Ferrari y la contadora Victoria González Brunet, porque el resto vendrá a  mentir. Como nos adelantó en apertura la fiscal Cecilia Goyeneche -ahora apartada de sus funciones y en medio de un proceso de jury-, y no hubiésemos estado cuatro meses molestando a la gente, porque nada sirvió”, se quejó Cullen.


Maximiliano Giacopuzzi, titular de Tep, imputado en la causa imprentas. (Foto: ANÁLISIS)

“Hablamos de cuestiones que tienen que ver con la misma institucionalidad de la provincia de Entre Ríos”, alertó después y pidió: “Cumplamos la ley. Tener que arrancar el alegato explicando la Constitución me resulta de una gravedad supina y me sume en angustia”.

Habló del “estado de peligrosidad, de la quema de brujas y la construcción de monstruos”. Usó esos calificativos -brujas y monstruos- para encasillar a Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Dijo que en las cinco causas acumuladas que se ventilan en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), los fiscales hicieron “demonología”. “De haberse cumplido con la Constitución, tendríamos que llegar a conclusión de la orfandad probatoria”, acotó y sostuvo que la acusación pública se basó en “señales” para detectar e imputar a “seres peligrosos, brujas y herejes. En este caso la bruja es Urribarri y su séquito”.

Contó las veces que se lo nombró a Urribarri; Báez y Aguilera. “Según la acusación, Aguilera es dueño de todo”. Afirmó que las imputaciones son “una melange” o “mezcla”; acotó que la “cartelización” no es ningún delito del Código Penal. Cabe señalar que en la causa imprentas los fiscales sostienen que las órdenes de publicidad se direccionaron “abusivamente” a las empresas que adjudican a Aguilera y cuando se otorgaron contrataciones a Bustamante y Montañana, estas debieron retornar parte del dinero pagado por el Estado a Tep y Next.

Cullen retomó sus propias palabras del alegato de apertura en el debate, cuando acusó a Fiscalía de “desplegar las plumas de pavo real”. “Hicieron un circo, desplegaron plumas de pavo real que sigue siendo pavo”. Al igual que los defensores que lo precedieron, dijo que la acusación se basó en el “chisme”.

Más adelante serefirió a Aguilera como “una persona que además de ser funcionario, es cuñado del exgobernador y manejaba las campañas del PJ. ¡Miren si no hay nadie más demoníaco que él! Político, peronista y manejaba campaña, qué más, es obvio que hizo ilícitos”, ironizó. Después razonó: “Si quiero ocultar que soy yo el dueño de las empresas, no voy a poner a mi mujer, la madre de mis hijos, a mis amigos de la infancia. Eso no es obvio para la Fiscalía”.

Cullen retomó las declaraciones de Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, quienes figuran como titulares de las empresas Tep y Next. Cuestionó que se sostuvieras las imputaciones a Sena y Alejandro Almada, a cargo de Next que no contrató directamente con el Estado.

Acusó a Fiscalía de seguir adelante con el debate pese al diagnóstico de meningitis de Fernando Montañana -sobre quien el tribunal decidió, a pedido de Fiscalía, que se lo juzgue en otro proceso oral-. Achacó las muertes de Hugo Céspedes y el padre de los hermanos Almada al MPF. Céspedes estaba imputado en la causa por la difusión de los spots con dinero de la Cumbre del Mercosur y falleció apenas abierto el debate. “Céspedes se murió en este proceso porque no aguantó, igual que el padre de Luciana y Alejandro Almada que no aguantó ver a sus hijos imputados”, soltó.

Arremetió después contra la modalidad de juicios abreviados, tal como acordó Jesús Bustamante y aceptó una codena condicional. “Ir a juicio abreviado es un mal consejo de abogado o producto de alguien que no tiene la entereza para aguantar un proceso. El juicio abreviado es qué me das, qué te doy y así se firma, no es una confesión al amparo de un arrepentimiento”.


Maximiliano Sena, titular de Next, imputado en la causa imprentas. (Foto: ANÁLISIS)

Dijo que la causa imprentas tiene “60 mil archivos informáticos y no encontraron prueba”. “Acá venimos a probar que el direccionamiento no existió”, reclamó. Leyó correos electrónicos y los expuso en la pantalla del salón.  Aseguró que el documento que habla de Aguilera como real titular de las acciones societarias de Tep y Next, hallado en el disco extraíble, “no sabemos de dónde salió, si es un trabajo de la facultad de Corina Cargnel o un papel hecho por Aguilera para mostrarle a su mujer y que no se peleen. Documentos que no sabemos cómo se hicieron y fueron extraídos, en muchos casos de forma irregular y en otros de modo ilegal”, deslizó.

Retomó la explicación de Giacopuzzi en cuanto a cómo adquirieron el galpón de calle Racedo 415, donde se encuentran las instalaciones de Formato Urbano, el nombre comercial de las empresas Tep y Next. Es preciso recordar que la Fiscalía pidió el decomiso de ese inmueble.

“Es posible que Sena y Giacopuzzi hayan empezado juntos en la empresa, que después se hayan separado, es posible que haya sido un proyecto de dos”, concluyó.

Según dijo este lunes, Cullen casi no defendió a Cargel de las imputaciones que enfrenta. Está acusada en la causa imprentas y en la causa parador de Mar del Plata.  De modo que este martes, continuará con esa tarea.

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