Hay una cita que atraviesa las más de 300 páginas de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Paraná. Es de Gorphe, un viejo tratadista de la prueba: si el acusado da una explicación aceptable, el indicio se derrumba; si da una explicación inventada, el indicio se refuerza. La jueza Noemí Berros la usó después de transcribir lo que Leonardo Roberto Airaldi, 44 años, productor agropecuario, extitular de la Sociedad Rural de Diamante, respondió cuando le preguntaron qué era el "lomo verde" de sus audios: una huerta donde plantaban rúcula y lechuga.
Ese es el tono del fallo que el Tribunal firmó este 14 de septiembre, un mes después de adelantar el veredicto. Lo integraron Berros como presidenta y los subrogantes Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello. Fue unánime. Y para Airaldi, alias "Leo", significa 12 años de prisión y una multa de 118.404.000 pesos, equivalentes a 800 unidades fijas, como autor del delito de organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes, la figura más pesada de la Ley 23.737, que arranca en ocho años y llega a 20. La Procuraduría de Narcocriminalidad había pedido 14 años y 992 unidades fijas.
El juicio duró 18 audiencias, entre marzo y agosto de 2026, y acumuló dos expedientes nacidos en puntos muy distintos del mapa: la causa FPA 8.194/2019, que empezó con una presentación de Prefectura en diciembre de 2018 por bultos que caían de barcazas en la zona de islas de Diamante, y la causa FRO 27.181/2022, que empezó en Puerto Gaboto, Santa Fe, con una vecina que denunció a un puestero por amenazarla con un arma. Ninguna buscaba, al principio, a Airaldi. Las dos terminaron en él.
Una pista en el monte
La investigación entrerriana tomó forma en 2021, cuando un vecino de la zona rural de Las Cuevas se acercó a la policía con un dato que pidió no firmar: dentro de la estancia de Airaldi había una pista de aterrizaje escondida en un monte con poca visibilidad desde afuera. Cada treinta o cuarenta días bajaba una avioneta y, de noche, salían camionetas tapadas con gente desconocida custodiando el predio. A partir de ahí la investigación quedó en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y comenzaron las escuchas. En total, dieciocho líneas telefónicas usadas por Airaldi entre 2019 y 2024 fueron intervenidas. La sentencia lee esa "constante mudanza" de números como lo que es: un indicio propio de quien no quiere ser encontrado.
La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, dedicó buena parte de su alegato a esa pista. Sostuvo que los vecinos confundían los vuelos con la operatoria del coto de caza Los Ombúes, ubicado a "tan solo un kilómetro y medio". El tribunal hizo la cuenta: la distancia real era de tres millas, 4,82 kilómetros, y el vecino Pablo Manasero, cuyo campo de 44 hectáreas pega al sur con el de Airaldi, calculó cuatro mil metros desde su casa hasta la pista del coto. Prefectura ya había aportado fotos satelitales y filmaciones con dron de un camino desmalezado, con huella angosta, dentro de El Mirador; Manasero recordó "una parte desmalezada de unos 200 o 300 metros de largo".
Después vino el combustible. María Soledad Touzet, expolicía, empleada administrativa de Airaldi y coimputada, contó en el debate que una mañana su jefe le pidió que buscara en Google una estación de servicio llamada Aero Gálvez, que averiguara precio y cantidad. Ella le mandó un mensaje preguntándole si compraba el combustible "para la avioneta" y él volvió furioso: "Un error más como éste y te vuelo la cabeza de un tiro". Días después se lo contó a Armando Balcaza, entonces mano derecha de Airaldi en la estancia, que le respondió con la síntesis del caso entero: "Sole, ¿no fuiste al campo? ¿Para qué quiere Leonardo una avioneta? Leonardo no siembra, no fumiga, dos más dos son cuatro, pensala". Las escuchas fijaron la fecha: 4 de junio de 2022, Airaldi le pide a Touzet que contacte "a la gente del combustible de los pájaros" para buscar 2.100 litros.
Las hectáreas agrícolas de la estancia habían sido rematadas años atrás por el Banco Nación; lo que quedaba era monte y bañado sobre el Paraná, apto solo para ganadería. Un campo así no necesita avioneta.
El diccionario de la carne
La jueza Berros dedicó un capítulo a lo que llamó "términos encriptados". Para la droga: carne, lomo, lomo verde, novillo o novillito, cordero, maple, maple con pelos. Para los envoltorios: media, bolsita, parlante. Para las avionetas: pájaro, pajarraco, bicho. Para las maniobras de descarga: vacunadas. Para los pilotos: veterinarios. Un vocabulario verosímil en boca de un ganadero, que era justamente la idea.
De los celulares secuestrados a Airaldi en Rosario en julio de 2022 salieron los ejemplos. En un chat de enero de ese año le escribe a un contacto agendado como "P.Vecino": "Le di los lomos", "55 g. Se lo dejé en $100.000 derecho", "tenés que explicarle, para que entienda, que los 10 g = u$s 100". Un kilo de lomo a diez mil dólares, anota el tribunal, no es lomo. El 28 de junio de 2022, "Nico Mandela" le manda la foto de un "novillito lastimado": en la imagen hay una bolsa rota. Airaldi responde: "Hay que envolverlo bien y listo". Un día antes, Juan Andrés Erbes le había avisado que "se están yendo los veterinarios con el pájaro".
El audio más comprometedor es del 17 de junio de 2023, con Carlos David Schumacher. Airaldi le explica que "donde la carne más pura es, más rápido se humedece", que hay que tenerla "bien cerrada", en "lugares bien secos", y que esa carne "tiene que haber tenido, no menos de ocho meses de estacionamiento bajo tierra". En el juicio admitió que ahí sí hablaba de droga, pero aclaró que en todos los demás audios "lomo" era lomo. Los jueces no le creyeron a ninguna de las dos mitades.
Y quedó registrada la frase que define su relación con la policía. En septiembre de 2023, el sargento Roberto Coronel, nuevo administrador de la estancia, le dice que tiene miedo de manejar sin tarjeta azul. Airaldi le contesta: "Pero si tenés la tarjeta verde y la caminera del puente es mía, ¿qué te preocupás vos?". Explicó que iba a una fiesta electrónica en Santa Fe; cuando le hicieron notar que a Santa Fe se cruza por túnel, dijo que él muchas veces le dice puente al túnel. El tribunal entendió que el puente era el de Victoria-Rosario. En los allanamientos de El Mirador aparecieron dos pantalones con las iniciales PER y llaves con las leyendas "Policía" y "Comisaría Isla".
Veintinueve kilos y medio
La causa santafesina es la que le da escala al caso. El 4 de agosto de 2022, en Puerto Gaboto, una mujer llamada María Gisela Alegre denunció que un tal Diego Roberto Torres, alias "Pete", la había amenazado con un arma por un conflicto de vivienda. El 10 de agosto la policía allanó la casa que Torres alquilaba en calle Solís 646 y encontró, debajo de una cama de dos plazas, 28 paquetes envueltos en cinta azul con la foto de un avión blanco y la inscripción "Emirates". Eran 29.491,81 gramos de clorhidrato de cocaína de altísima pureza. Torres, puestero de la isla El Pillo, propiedad de Airaldi, está prófugo.
Airaldi juró en el debate, tres veces, que tenía "poca relación" con Torres, un changarín, y que cuando se hizo ese allanamiento él estaba preso en Piñero "totalmente incomunicado". Lo primero lo desmintió su expareja, Gisel Kranevitter ("Leo se encargaba de la isla"); lo desmintió un listado de empleados a asegurar que él mismo le mandó a Touzet, con el DNI de Torres; lo desmintió una foto de junio de 2022 en la que aparecen Torres y Erbes juntos. Y lo desmintieron los chats: "cuántos lomos te quedan?", pregunta Airaldi el 9 de junio de 2022; "4, 2 le tengo que llevar a Javi", responde el contacto que tenía agendado como "Licenciado".
Lo de la incomunicación tampoco resistió. Airaldi había sido detenido el 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, al volante de una Amarok, con una Glock calibre 40, una balanza de precisión y un gramo de cocaína; le costó tres años condicionales en juicio abreviado y una prohibición de portar armas que después violó dos veces. Estuvo en Piñero hasta el 12 de septiembre. Touzet contó que durante esas semanas "nunca dejó de contactarse y de dar órdenes", que le ordenó llamar todos los días al puestero Torres, y que un día Torres le avisó que habían pasado unas avionetas por El Pillo.
Un testigo de identidad reservada, comprador de terneros, completó la escena desde la isla: una tarde Torres recibió unas llamadas, se puso nervioso, dijo que tenía que ir urgente "a buscar merca a Diamante", se fue en la lancha de 150 HP de su patrón y volvió con diez paquetes grandes envueltos en negro. Los investigadores de la Policía Federal describieron el sistema: la droga bajaba en "bombardeos" desde avionetas, y Torres, baqueano de la zona, la movía por el río en las lanchas que le proveía Airaldi.
La fiscalía pidió, y el tribunal aceptó, que las dos causas se juzgaran como una única actividad de organización y financiamiento desplegada entre junio de 2019 y marzo de 2024.
"Les pica la yarará"
El fallo dedica un apartado al "modo violento y agresivo" del jefe. Coronel reconoció que Airaldi lo mandó a "cachetear y acogotar" a un hombre y a tratar "bien mal" a Balcaza. En un audio de enero de 2024 que la policía extrajo de su celular, Airaldi le avisa a un peón que si el otro empleado no alimenta a los caballos "le voy a pegar un tiro en la frente al Ale, te lo aclaro, clarito". El empleado, en la sala, bajó la cabeza y dijo que no reconocía las voces. Kranevitter recordó que "había mucha gente que le tenía miedo, le decían que era medio sicario". Touzet, a la que el propio fiscal general José Ignacio Candioti describió como una "mujer de las circunstancias", habló del "infierno" de sus últimos seis meses de trabajo: "estás en mi vereda o estás en la vereda de enfrente", "a los que me fallan les pica la yarará".
En El Mirador, el 8 de marzo de 2024, la policía encontró armas, equipos de comunicación, once cámaras de vigilancia y, gracias a un perro antinarcóticos, un tacho de plástico enterrado bajo arena, nylon y ramas. El vecino Manasero declaró que él no tiene cámaras "y cree que ningún vecino tiene".
La clase y la pena
Al medir la pena, Berros escribió el párrafo que más se va a citar. Computó como agravante los medios materiales y la cobertura policial de la que Airaldi disponía, y los atribuyó a "su inclusión socio-económica y pertenencia a la clase social alta diamantina y entrerriana", al prestigio derivado de su actividad "político-gremial-empresarial en el sector agropecuario", que le facilitaba "nexos y vínculos sociales, políticos e institucionales de alto nivel, al tiempo que disminuían las chances de que operara en su contra la selectividad estructural del sistema penal". Recordó que es coheredero de una familia acaudalada, con mil hectáreas en Las Cuevas, más de dos mil en El Pillo y varias empresas, "con los que sobradamente podía ganarse la vida lícitamente", y habló de un "ánimo excesivo de lucro, lindante en la codicia". Como único atenuante tomó su adicción a la cocaína a partir de 2021-2022.
Airaldi, en sus últimas palabras, dijo que "cayó por orden de un ministro", que la causa fue "direccionada, quién sabe por qué, los políticos de turno lo sabrán", pidió periodistas independientes y cerró con una promesa: "si este tribunal decide sacarlo de esta causa armada, nos veremos en los comicios". El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad, la excepción de incompetencia federal y el pedido de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, que le cierra la puerta de la libertad condicional.
Los otros seis, y los dos que salieron
Juan Andrés Erbes, "Jupu", dueño del bar Mandela de calle Colón 228 en Diamante, recibió seis años y ocho meses como autor de comercialización agravada por la intervención organizada de tres o más personas. El bar era la boca minorista de la red y Erbes el socio operativo: el tribunal le revocó la excarcelación y lo mandó a la Unidad Penal 1. Sebastián Armocida, "Seba", empleado del hospital de Diamante, seis años como partícipe necesario. Roberto Fabián Coronel, sargento de la Policía de Entre Ríos y sucesor de Balcaza en la estancia, cinco años. Joel Schonfeld, tres años y seis meses. Touzet, tres años en suspenso: se valoró que abandonó la organización más de un año antes de los allanamientos y que nunca cobró más que un sueldo en negro. Walter Olivero, "Bocha", suboficial de la Policía de Santa Fe que administraba la caja del bar, tres años condicionales, la multa compurgada con el tiempo de prisión preventiva y la orden de retirarle la tobillera ese mismo día.
Cristian Sánchez, "Poroto", cocinero de la Escuela 30 y mozo del Mandela, y Marino Martínez, técnico radiólogo, fueron absueltos por el beneficio de la duda. Las costas se repartieron en un 14,3 por ciento por cada condenado.
Por qué la estancia sigue siendo de los Airaldi
El fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy pidió el decomiso de El Mirador como instrumento del delito. El tribunal aceptó la premisa, el campo fue usado para delinquir, y rechazó el pedido por una razón: nadie investigó nunca de quién es. No hay en el expediente matrícula, parcela, superficie ni situación dominial. Airaldi declaró que no tiene bienes a su nombre y que la herencia de su padre está repartida entre Sucesores de Guido Víctor Airaldi S.A., El Pillo S.A., una empresa unipersonal y tres fideicomisos constituidos en 2013: El Mirador, Los Hermanitos y Sucesores de Airaldi. Como no es el único heredero, y como no se probó a cuál de esos vehículos fue transmitida la propiedad fiduciaria del campo, el tribunal no pudo afirmar que la estancia integre su patrimonio personal. La Fiscalía, anota Berros, no ofreció ninguna pesquisa patrimonial ni en la instrucción ni en el plenario.
El Estado se hace de importantes recursos con las multas impuestas, como la de casi 120 millones de pesos al productor agropecuario.
Además, se decomisaron 15 celulares, entre ellos tres iPhone 14 Pro incautados en la casa de Airaldi y un Samsung que le sacaron en una requisa en el pabellón 11 de la Unidad Penal 1, ocho días después de detenerlo. Los remanentes de la droga de Puerto Gaboto no se destruyen: la investigación sigue abierta contra el puestero Torres, que todavía no aparece.
