El caso de “Nico” en la ciudad de Victoria debería ser una oportunidad de transformar una situación dolorosa en una experiencia de cuidado colectivo.
Hay situaciones que interpelan a una comunidad no porque alguien deba ser señalado, sino porque todavía se está a tiempo de hacer algo diferente.
La historia de “Nico”, el joven de 28 años que vive en situación de calle en Victoria y cuenta con un Certificado Único de Discapacidad, es una de ellas. Desde hace más de dos décadas atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. Hoy pasa sus noches en una casilla abandonada, sin puerta, sin servicios básicos y expuesto a condiciones climáticas que pueden poner seriamente en riesgo su integridad.
Su historia ya fue publicada en ANÁLISIS con el título: “Victoria: la precariedad en las condiciones de vida de una persona debe interpelar al conjunto de la sociedad”.
Aquella descripción no pretende ser una acusación. Es, fundamentalmente, un pedido de ayuda. Y ese pedido continúa vigente.
Una situación que necesita una respuesta integral
El 19 de enero pasado, personas que quieren ayudar a “Nico” acudieron al fiscal Coordinador de las jurisdicciones de Victoria, Gualeguay y Nogoyá, Jorge Gamal Taleb, para plantear la situación de esa persona.
En aquella oportunidad, el fiscal manifestó que se comunicaran con el fiscal Eduardo Guaita, quien tenía a su cargo el expediente Nº 12.896.
Meses después, luego de que “Nico” atravesara un episodio en el que atentó contra su vida, se realizó una segunda presentación bajo la figura de abandono de persona. El propósito principal de esa presentación fue intentar obtener una medida de protección integral que permitiera garantizar condiciones mínimas de seguridad, vivienda, alimentación, atención de salud y los apoyos jurídicos que correspondieran.
La denuncia penal fue, en ese sentido, un camino elegido ante una situación que llevaba muchos años sin encontrar una solución estable. El objetivo siempre fue que el Estado protegiera a una persona que se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad.
La legislación argentina contempla mecanismos destinados a proteger a quienes se encuentran en situaciones de desamparo y también establece obligaciones específicas respecto de las personas con discapacidad. La determinación de responsabilidades jurídicas concretas corresponde, naturalmente, a los organismos y autoridades competentes.
Pero hay algo que puede decirse con independencia de cualquier interpretación jurídica: “Nico necesita que los distintos organismos puedan encontrar una respuesta coordinada y sostenible”.
“Somos un organismo penal”
Ante la falta de avances que pudieran ser advertidos por quienes acompañan cotidianamente a “Nico”, volvieron a consultar a Fiscalía. El 13 de agosto, se les explicó que, luego de aquella conversación de enero, se había comunicado con el fiscal Guaita para procurar que se encontrara un lugar para el joven. Según señalaron los voluntarios, recibieron como respuesta que se estaba trabajando sobre el tema.
El fiscal también explicó que el Ministerio Público Fiscal es un organismo penal y que no tiene entre sus funciones otorgar prestaciones sociales, señalando que la posibilidad de acudir a una Defensoría o promover una acción judicial destinada a resguardar los derechos de Nico podría ser analizada con asesoramiento jurídico.
Es una explicación comprensible desde el punto de vista de las competencias institucionales. Precisamente por eso, quizá el desafío sea otro: “que cada organismo pueda hacer aquello que está dentro de sus atribuciones y, al mismo tiempo, ayudar a que la persona no quede atrapada entre las fronteras, el laberinto y a veces el callejón sin salida que presenta a veces cada institución”.
Cuando existe una vida vulnerable, la derivación de una oficina a otra sólo resulta útil si alguien puede acompañar efectivamente ese recorrido. Caso contrario, es un intento para eludir responsabilidades.
El 14 de agosto también se volvió a consultar al fiscal Eduardo Guaita por el estado del expediente. Su respuesta fue breve y señaló que ya se había informado qué pasos debían seguirse.
Más allá de las competencias de cada funcionario y de las actuaciones que puedan estar desarrollándose, queda planteada una pregunta concreta: “¿Cómo lograr que la respuesta institucional llegue efectivamente a Nico?”.
Una historia que lleva demasiados años
La situación de “Nico” no comenzó ahora. Personas que lo conocen y lo han acompañado sostienen que los pedidos de asistencia se remontan a más de 20 años. A lo largo de ese tiempo se recurrió a diferentes organismos públicos y también a profesionales y particulares que intentaron encontrar alternativas.
En otras oportunidades se acudió, incluso junto al propio “Nico”, a la Defensoría Pública a cargo de Marcelo Balbi y Natalia Smaldone. También intervino oportunamente el Juzgado de Familia a cargo del juez Juan Eduardo Lloveras, junto con la trabajadora social Anahí Español. Entre las alternativas consideradas estuvo la posibilidad de que “Nico” asistiera a almorzar al comedor del Quinto Cuartel.
Aquella medida podía constituir una ayuda puntual para garantizar una comida, pero no resolvía el problema de fondo: “Nico no necesitaba solamente un lugar donde alimentarse; necesitaba un lugar seguro donde vivir y una red de acompañamiento adecuada a su situación”.
Y allí aparece una de las enseñanzas más importantes de esta historia: una buena intención puede resultar insuficiente cuando la necesidad es compleja.
El pedido que llegó a Salud
En 2024 también se realizó una consulta ante el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Entre Ríos, cuyo titular es el defensor general Maximiliano Benítez. En aquella oportunidad se tomó como referencia el antecedente de Hernán, un caso ocurrido en Victoria que involucraba riesgo suicida y una situación de exclusión del hogar y que tuvo una resolución favorable luego de la intervención del propio defensor general.
En el caso de “Nico”, según relatan quienes participaron de esas gestiones, desde la Defensoría se sugirió que la situación fuera abordada por el área sanitaria y se recomendó dirigir el planteo al Ministerio de Salud.
A partir de allí se buscó el asesoramiento de un abogado quien colaboró en la elaboración de una extensa presentación que reunió antecedentes y jurisprudencia relacionada con situaciones de vulnerabilidad.
En marzo de 2025, la presentación fue firmada por más de 20 voluntarios que conocían la situación de “Nico” y venían acompañándolo. Fue dirigida al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, y entregada en Paraná por dos concejales y dos abogados.
Dos meses después, desde el Ministerio de Salud se remitió una orden al Juzgado de Familia a cargo del juez Juan Eduardo Lloveras para que se resolviera la situación. Sin embargo, con el paso del tiempo, quienes acompañan a “Nico” no percibieron una solución estable.
También se enviaron Cartas Documento a la intendenta Isa Castagnino. Según se informó, no hubo respuesta a esas comunicaciones.
Todo este recorrido permite comprender que el problema no puede resolverse simplemente identificando una nueva oficina a la que pueda ser envido “Nico”. Ya fueron muchas las puertas golpeadas. Ahora sería deseable que esas puertas pudieran abrirse simultáneamente.
La Municipalidad y la necesidad de encontrar alternativas
A mediados de agosto se mantuvo una reunión con la secretaria municipal de Desarrollo Social y Humano, Sabina Etchart. Durante el encuentro se repasaron algunas de las acciones realizadas desde el ámbito municipal y las dificultades encontradas para alcanzar una solución.
Es importante reconocer que una administración municipal también enfrenta límites presupuestarios, administrativos y de competencia. Pero, una situación como la de “Nico” necesita precisamente que esos límites puedan ser puestos en común con los organismos provinciales para buscar alternativas.
La sociedad civil viene sosteniendo al joven desde hace años. Vecinos y voluntarios han aportado alimentos, ropa, acompañamiento y asistencia ante situaciones de emergencia. Ese compromiso comunitario merece reconocimiento y debería ser percibido como una sana inspiración para lograr una respuesta desde el Estado que sea perdurable en el tiempo
Pero, también ese compromiso comunitario recuerda algo que es fundamental: “la solidaridad de los vecinos puede acompañar al Estado, pero no puede reemplazar una política pública de protección”.
A fines de julio, durante una tormenta particularmente intensa, “Nico” llamó desesperado a una voluntaria y manifestó nuevamente que quería quitarse la vida. La casilla donde se encontraba se había inundado y presentaba condiciones extremadamente precarias. Ante la situación, se tomó contacto con el subjefe de Policía quien dispuso el traslado del joven al hospital. Al día siguiente “Nico” se retiró del establecimiento. Este episodio vuelve a mostrar la dificultad central: incluso cuando se consigue una respuesta de emergencia, ¿qué sucede después?
Una internación o una atención puntual pueden ser necesarias, pero no sustituyen un plan de acompañamiento cuando la persona vuelve a un lugar que continúa siendo inseguro.
Cuando cada organismo hace su parte, pero la persona sigue esperando
También se recurrió al juez de Paz, Carlos Pacher, quien indicó a la voluntaria que había que dirigirse a la Defensoría de la Provincia. La respuesta volvió a poner en evidencia una dificultad que atraviesa todo el caso: distintos organismos pueden señalar correctamente cuál es su ámbito de competencia, pero “Nico” continúa necesitando una solución concreta.
No se trata de exigirle a una institución que haga aquello para lo cual no está facultada. Se trata de pedir que, cuando un organismo advierta que una persona se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, pueda contribuir a que el caso llegue al lugar adecuado y no se pierda en el camino. La coordinación también es una forma de cuidado.
Una nueva evaluación
El 21 de agosto, el juez de Familia Juan Eduardo Lloveras citó a “Nico” para una nueva evaluación por parte de un equipo de profesionales. También fue citada su progenitora, según la información reunida para esta nota. Ese mismo día, “Nico” se presentó en la Defensoría aproximadamente una hora antes del horario previsto, de acuerdo con quienes lo acompañaron, debido a las dificultades que tiene para manejar este tipo de referencias temporales. Fue entrevistado nuevamente por profesionales y luego se retiró.
La escena resulta difícil de ignorar: después de una nueva evaluación, el joven volvió a encontrarse ante la misma pregunta de fondo: ¿dónde va a dormir esta noche?
No se trata de encontrar un culpable
En una situación tan prolongada es comprensible que aparezcan cansancio, frustración e impotencia. También es posible que funcionarios, profesionales, jueces, fiscales, trabajadores sociales y voluntarios hayan realizado gestiones que no alcanzaron el resultado esperado, más allá de las buenas intenciones de cada uno.
Por eso, este artículo no pretende juzgar intenciones. Tampoco pretende afirmar que una determinada persona sea responsable, por sí sola, de una situación que involucra durante años a diferentes instituciones. Mucho menos pretende convertir una emergencia social en una disputa entre organismos.
Por el contrario, la intención es convocar.
Convocar a la Municipalidad de Victoria. Convocar al Gobierno de Entre Ríos. Convocar a las áreas de Desarrollo Social, Salud, Discapacidad y Salud Mental. Convocar al Ministerio Público de la Defensa y a quienes tengan competencia para garantizar el acceso a derechos. Convocar a la Justicia cuando corresponda.
Y convocar también a las organizaciones sociales, instituciones religiosas, clubes, profesionales, comerciantes y vecinos que durante tantos años demostraron que “Nico” no está solo.
“Nico” necesita un plan, no otra derivación. Quizás haya llegado el momento de que todas las instituciones que puedan aportar algo se sienten alrededor de una misma mesa. No para discutir o señalar responsable ni tampoco para saber quién hizo más o quién hizo menos. En este caso, al pasado hay que recurrir no para el reproche sino para el aprendizaje. Y en esa mesa tal vez -entre todos- se pueda responder una pregunta sencilla y urgente: Qué necesita “Nico” para estar seguro y comenzar a construir una vida posible.
La respuesta debería contemplar, de acuerdo con la evaluación de los equipos competentes: un lugar seguro y adecuado donde vivir; alimentación suficiente y regular; atención integral de salud; acompañamiento en salud mental; seguimiento social sostenido; acceso a las prestaciones y beneficios que legalmente correspondan; acompañamiento para el ejercicio de sus derechos; evaluación de los apoyos que pueda necesitar para tomar decisiones y administrar sus recursos; y, sobre todo, una persona o equipo de referencia que pueda acompañar el proceso y evitar que vuelva a quedar solo frente a una nueva puerta institucional.
No todo tiene que resolverse en un día. Pero, sí debería existir un primer paso claro. Y luego un segundo. Y un tercero. Con responsables identificados, comunicación entre organismos y seguimiento. Se trata de construir una oportunidad para hacer las cosas de otra manera.
Quizás Victoria tenga hoy la oportunidad de demostrar que una comunidad puede transformar una situación dolorosa en una experiencia de cuidado colectivo. Quizás los organismos públicos puedan demostrar que las diferencias de competencia no tienen por qué convertirse en obstáculos. Quizás la Justicia pueda ayudar a garantizar que los derechos sean efectivamente ejercidos. Quizás los profesionales puedan encontrar una estrategia que contemple no solamente el diagnóstico o la emergencia, sino también la historia y la voluntad de “Nico”. Y quizás quienes durante años estuvieron cerca de él puedan dejar de sentir que tienen que resolver solos un problema que necesita una respuesta institucional.
“Nico” necesita una respuesta. Victoria puede dársela. Entre Ríos puede acompañarla. Y la comunidad ya demostró que está dispuesta a estar presente. Ahora hace falta transformar esa voluntad dispersa en una red de cuidado organizada, permanente y respetuosa de sus derechos y de su autonomía. Porque todavía se está a tiempo. Y cuando una vida necesita ayuda, siempre vale la pena intentarlo una vez más.
Información útil: ante una urgencia de salud mental,
está disponible la línea provincial 0800-777-2100
que brinda orientación y apoyo las 24 horas.
(*) Con la colaboración de Laura Pérez, periodista de Victoria.
