En cuanto al derecho a la identidad de género, el proyecto fue elaborado a partir de la unificación de tres iniciativas encabezadas por Silvana Giudici (UCR) y Juliana Di Tullio y Diana Conti (FpV).
Esta ley permitiría, entre otras cosas, que cualquier persona pueda rectificar su nombre, el sexo e imagen registral en todos aquellos registros públicos en los que figuren tales datos y que no coincidan con su género autopercibido, mediante un procedimiento rápido y sencillo sin pasar por una instancia judicial.
Por otra parte, el proyecto que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la infertilidad como enfermedad y la obligación de aplicar técnicas de fertilización asistida se consensuó en base a un proyecto de la diputada del PRO Silvia Majdalani.
La norma obligaría a brindar "la atención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad mediante la aplicación de técnicas de fertilización asistida y los fármacos que ésta requiera", según reprodujo Parlamentario.
En cuanto al régimen de muerte digna, se trata de un texto consensuado en base a las iniciativas presentadas por Juan Carlos Vega (CC) y Gerardo Milman (GEN).
De esta manera, se propone modificar la ley 26.529, incorporando en ella la muerte digna, que significa "el derecho de todo paciente que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal, o haya sufrido un accidente que lo coloque en igual situación, a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado".
Por último, hay que mencionar la incorporación al Código Penal de incisos que contemplen penas de prisión para los responsables del trabajo de menores -con agravantes para los casos de trabajo forzado-. Una de las iniciativas fue presentada por Héctor Recalde (FpV), y establece una pena de dos a cuatro años, pero exceptúa aquellos casos de menores que trabajen en empresas familiares.
El segundo proyecto lleva la firma de los diputados del bloque Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, Carlos Heller, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, y establece una pena de uno a tres años para aquellos que utilicen menores de 16 años para provecho propio, y de tres a seis años cuando la víctima fuere menor de 13 años.
El tercer proyecto, de Diana Conti (FpV), amplía la edad de la prohibición del trabajo a los 18 años para los casos en que el trabajo sea considerado “insalubre o inseguro”, y establece para estas ocasiones una pena de prisión de uno a tres años.
