Productora Alimentaria SA difundió un comunicado en el cual señaló que “con el objetivo de darle continuidad al proyecto productivo, de lograr el mantenimiento de las fuentes de trabajo, como así también el beneficio que pueda resultar para los acreedores de la masa concursal y colaborar en lograr la paz social”, se decidió “ceder el paquete accionario a la firma Disgrabel SA”.
“Agradecemos el apoyo recibido y le deseamos éxito a la nueva gestión en beneficio de todos los involucrados, esperando que este acto sea el principio de una pronta recuperación al conflicto que es de público conocimiento”, selló la firma en el breve texto.
Cesión, no venta
Naranpol no se vendió, se cedió el paquete accionario a una empresa nueva que se hará cargo de 160 millones de pesos de deudas pero con un interesante capital en insumos, bodega en Mendoza, Plantas en Santa Fe y Reconquista, maquinarias, automotores, entre otros, publicó el portal Sin Mordaza.
La empresa se concursó por la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y por la inviabilidad de hacer frente al pago de los sueldos exigido por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA) suscripto en Buenos Aires con el aval de las multinacionales Coca Cola y Pepsi Cola.
El concurso le permitía a la empresa en crisis negociar un salario más acorde a la realidad de una empresa de segunda marca con precios y realidades distintas. La propuesta acordada a los pocos días entre los propietarios, empleados y el juez de la causa, fue de un piso de 5.500 pesos por mes. Increíblemente, el gremio rompió el acuerdo y siguió con las medidas de fuerzas y toma de la fábrica. Ahí comienza la gestación del "robo de la empresa" que oportunamente denunció Martín Galán.
Según el presidente de la empresa, convergieron los intereses de algunos políticos y gremialistas que, sumado a la acción de algunos funcionarios de la provincia, buscaban la quiebra de la firma para convertirla en una cooperativa.
Treinta empleados que tenían tomada la planta produjeron y envasaron gaseosas sin control bromatológico, que fueron vendidas al mercado interno con facturas truchas de empresa por valor de un millón de pesos que nadie sabe quién se los quedó, según las denuncias que figuran en la justicia provincial.
La Justicia se vio amedrentada por algunos gremialistas que llegaron hasta el despacho del juez Sodero con amenazas de muerte para desactivar algunas medidas judiciales. Durante la feria, otro juez decidió que se efectivice la orden de desalojar la plata para poder continuar las actividades. La Policía se negó por falta de respaldo político, porque argumentaban que, en estos casos, siempre termina perdiendo el agente por los incidentes que se producen, ya sea por heridas o por sumarios.
Ante esta decisión judicial, el gobierno recibió a los empleados pero no a los empresarios, y garantizó la paz de 15 amotinados en la planta pero no la continuidad laboral de 800 personas. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo continuaba las reuniones con los rebeldes sin la presencia de la empresa. Se comenta que hasta hubo reuniones con posibles compradores que acercaban irrisorios planes de salvamento.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, aseguró que "el diálogo y la racionalidad permitieron destrabar pacíficamente el conflicto de la empresa Naranpol". Esta declaración es una vergüenza porque el abandono de la planta y la conciliación obligatoria dictada hace pocos días fue después de que se sellara la cesión de la acciones.
Norberto Velasco, presidente de la Unión Industrial santafesina, reconoció la comunicación aunque aclaró que la nueva firma que conducirá Productora Alimentaria, no es socia de la institución, y no tiene antecedentes empresarios.
La empresa Disgrabel S.A tendrá como presidente a Carlos de los Santos, un corredor de Top Race que hace unos años compró en la misma situación a la empresa Peretti y Cia de Frank -fabricante de golosinas- que actualmente tiene conflictos por falta de pagos salariales.
A Naranpol quisieron quebrarla para hacerla cooperativa para beneficio de algunos sindicalistas y políticos. La única satisfacción de los Galán, es no habérsela regalado a esos personajes, pero especialmente, permitir que más de 600 trabajadores leales mantengan su fuente laboral y casi 600 acreedores que no pidieron la quiebra, puedan cobrar sus créditos.
Foto: Elciudadanoweb
