Por Luis María Serroels (*)

Mucho antes de los comicios generales (2019), no era difícil atisbar las intenciones primarias del kirchnerismo para lo cual, obvio, se requería quedarse con el poder. “Que la unidad sea motor de la reconstrucción del país”, ha sido un compromiso que en verdad sólo apunta a manejar el Poder Judicial como única forma de abrirle la puerta a los corruptos K que se llenaron de plata a costa del Estado.

El primer magistrado en vez de apuntalar a la ley, ha organizado un mecanismo destinado a liberar ladrones y especialmente a quienes el acceso a los estrados les provoca urticaria.

Cuando los políticos salen a reclamar por la libertad de los que delinquen, se está dándole forma a una orquestación urdida entre el poder en las sombras y ciertos jueces adiestrados para la malignidad.

Entre los variados ex funcionarios K y auxiliares bien aceitados para enriquecerse a costa de las arcas del Tesoro, han hallado a un buen dispuesto abogado que confunde a la figura del delincuente común con el preso político. Quien no se somete a la división de poderes y al imperio de la Ley Suprema, mal merece ubicar sus sentaderas en el sillón presidencial. Se puede tener un cargo derivado de la ley electoral pero no necesariamente ostentar su condición y virtud de estadista. Un presidente está para garantizar el orden y defender la Constitución y no para apelar a subterfugios.

Existen mandatarios a los que no les tembló la mano a la hora de enviar corruptos a los tribunales, respetando la división de poderes.

¿Adónde quedó la sensibilidad oficialista? Al jefe de Estado argentino no le tiembla la mano al momento de firmar decisiones que estaban lejos de los anuncios y promesas de campaña. Las medidas vinculadas con la política de la clase pasiva y que tradicionalmente ha sido manoseada por el kirchnerismo (durante 2020 los haberes jubilatorios y pensiones recibieron 100.000 millones menos y se aplicaron reajustes) son una afrenta. Los 20.000 pesos asegurados por el mandatario a cada uno no existen.

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ha enfatizado en que “las pensiones de Cistina Kirchner son una muestra pornográfica de poder”. Se trata de dos pensiones honoríficas derivadas de su extinto esposo y la suya que podrían sumar cada una mensualmente 400.000 pesos y exceptuadas del Impuesto a las Ganancias.

Alberto Fernández y senadores no sólo se sienten orgullosos de los 40 puntos perdidos por los jubilados durante los últimos 3 años sino que además se endilga al mandatario su peor mentira: el ajuste.

Un clan K dedicado a arremeter contra jueces y  fiscales probos sólo por que cumplieron con la ley, no se puede admitir. El plan vergonzante del kirchnerismo destinado a darles la libertad a corruptos con el auxilio nada menos que del presidente y los mecanismos sucios de la vicepresidenta, no se pueden admitir.

La ciudadanía argentina no sale de su asombro cuando el gobierno arribado en diciembre de 2019 intenta a adueñarse  de todos los resortes de la ley.

El orden público supone que el primer mandatario es quien está obligado en todo momento y lugar a respetar la Ley Suprema que supone apegarse al andamiaje jurídico.

Hay un tema que no es novedoso, que está destinado a debate tras debate y que es una de las alhajas predilectas y atesoradas del kirchnerismo: una nueva Ley de Medios.

El actual gobierno nunca ha renunciado a este tema que todos saben lo valioso que resulta en manos del autoritarismo. Y cuánto desean ciertos popes del oficialismo poder controlar semejante instrumento.  Ya comenzaron a tañer las campanas advirtiendo el condicionamiento y cercenamiento de la libertad de expresión y el acceso a la información por los que se relamen al disponer de semejante control en sus manos. El manejo de la palabra y el silenciamiento son un claro peligro.

El gobierno de Santa Cruz dispuso la creación de un consejo Asesor de los Medios Públicos provinciales, una Agencia de Noticias y un Observatorio de Medios, que ya generó reacciones por afectar la libertad de expresión.

Una de las funciones será “monitorear el cumplimiento de la normativa vigente”, aunque ya surgieron voces considerando que “este tipo de organismos estatales no sólo resultan inútiles para cumplir con los cometidos que se proponen, sino que además su sola existencia condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa y el derecho de acceso a la información”.

El propósito refrescado de sancionar una nueva Ley de Medios, parecería exhalar aromas muy similares a las que emanan del “madurismo” venezolano. Y no sorprendería.

 (*) Especial para ANALISIS