Por Antonio Tardelli (*)

La discusión sobre el incremento de las alícuotas que abonan las empresas en concepto de Impuesto a las Ganancias entrega varios elementos que permiten ubicar política e ideológicamente a los actores de acuerdo con su posicionamiento concreto.

Lo que se está debatiendo en el Parlamento es una reforma que, en principio, aumenta la progresividad del sistema impositivo: tributarán algo más sectores de mayor capacidad contributiva.

Pero no se puede entender la iniciativa sin el antecedente inmediato: el proyecto que hace algunas semanas el Congreso aprobó para liberar del pago de Ganancias a un número considerable de asalariados de relativamente alto poder adquisitivo.

Aquella medida, con la que el oficialismo procuró congraciarse con el electorado de clase media, pretendía corregir parcialmente añejas distorsiones. Esos despropósitos conceptuales han atravesado a los gobiernos a lo largo del tiempo.

En última instancia se discute cuánto del salario le será detraído a los trabajadores.

El problema es que, hasta donde uno sabe, los empleados en relación de dependencia no viven de sus ganancias sino de las retribuciones que les liquidan sus patrones.

Los sueldos no deberían pagar ganancias. No obstante, pagan. Pero políticamente es más que eso: cuando de vez en cuando benefician a una franja de asalariados con algún alivio, como ocurrió hace pocas semanas, los gobiernos exigen que los ciudadanos les agradezcan el favor.

El proyecto que ahora se discute establece un nuevo esquema de alícuotas escalonadas para los diferentes tamaños de empresas. Se las mide según su rentabilidad. En efecto, como denuncia parte de la oposición, se trata de una nueva carga para el sector productivo.

El gobierno alega que hay un concepto de justicia tributaria detrás y que gran parte de las pequeñas y medianas empresas se verán favorecidas con el nuevo régimen (sectores patronales discuten el argumento). Aspira el oficialismo, así, a compensar por este lado lo que deja de recaudar por el beneficio concedido a los asalariados que desde la última reforma ya no tributan Ganancias.

Pero únicamente siendo optimistas (tal la expresión empleada por el legislador Carlos Heller, del Frente de Todos) el gobierno equilibrará por acá lo que perdió por allá. En todo caso, al margen de las diferentes proyecciones (hay quienes creen que ahora recaudará más de lo que perdió antes), es relevante atender al hecho de que en su momento no sólo perdió el fisco nacional sino que también las provincias se vieron afectadas.

Tras votar esa norma, los legisladores que en el Senado y en Diputados aprobaron la modificación se pavonearon del beneficio concedido a la franja de favorecidos.

Pero dejaron de mencionar que su actitud perjudicaba las finanzas del interior.

Ganancias es un impuesto coparticipable: lo que se recauda va al gobierno nacional y también a alimentar las arcas de los gobernadores.

Los legisladores nacionales justicialistas votados en Entre Ríos le generaron al gobierno provincial, al de Gustavo Bordet, un agujero que el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, calculó esta semana en 1.600 millones de pesos anuales.

Los intendentes que reciben una magra coparticipación, o los estatales y los docentes que escuchan del gobierno argumentos que genuinamente plantean sus dificultades, podrían replicar: “Avisen de esas dificultades a los diputados y los senadores que, acaso para quedar bien con la clase media biempensante de distritos donde se gana mejor que en Entre Ríos, votaron ese beneficio sin atender al perjuicio que al mismo tiempo generaban”.

El otro aspecto es el de la presión tributaria. Desde el sector privado se suelen quejar del nivel de exacción al que son sometidos los particulares. Economistas ortodoxos aseguran que la presión impositiva de la Argentina es de las más altas del mundo, comparable incluso con la de los países escandinavos, pero recibiendo los criollos un conjunto de bienes y servicios públicos de calidad muy inferior.

El oficialismo arguye que no es tan así. Y que según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la carga tributaria en la región es del 23 por ciento. En la Argentina, se añade, es del 28 por ciento. Eso querría decir que la presión de los tributos es en el país un poco más alta que en Uruguay y un poco más baja que en Brasil.

La oposición maneja otros registros. Añade, a su vez, que en un contexto de estancamiento es inadmisible el incremento del peso del sector público sobre la economía privada.

En 2015, afirman los opositores de Juntos por el Cambio, era del 33 por ciento de la economía. En 2019, del 30 por ciento. En 2020, del 32,4 por ciento. No se pueden cobrar más impuestos, insisten, cuando la sociedad produce menos. Son intolerables mayores gravámenes cuando la riqueza es decreciente.

Por eso mismo, contestan del otro lado, es menester ser más solidarios: hay mayores necesidades y se requieren mayores recursos para atender la situación de los más vulnerables.

Son debates que entregan indicios acerca de los valores que los políticos asumen como propios. Y de los intereses que prefieren atender. Se ve a los progresistas y a los conservadores. Se ve a los unitarios y a los federales. Se ve a los que defienden al sector público y a los que priorizan al sector privado.

Pero además se advierten todas las combinaciones posibles entre las posturas que se adoptan ante los diferentes clivajes. Hay diputados que frente a un dilema eligen la mejor opción y en cambio escogen la peor frente a otra encrucijada.

Porque discutir impuestos es discutir políticas y costos y esfuerzos. Es discutir ideas de país. Es pensar en términos de solidaridades y de egoísmos.

También se advierten las incoherencias.

Los oficialistas del interior (y los entrerrianos en particular) tendrán problemas para explicar por qué en una jurisdicción (la nacional) adoptan un concepto de redistribución y otro concepto de redistribución en otra (la provincial). ¿Se alivia a la clase media haciendo pagar el costo a los humildes de las provincias? Eso es lo que hicieron los que beneficiaron a la clase media al modificar Ganancias (habrá que ver si el nuevo régimen cura la injuria).

¿O se perjudica a los empleados jerarquizados en beneficio de los que menos ganan? Eso es lo que hace el gobierno de Entre Ríos, en su política salarial, cuando entrega un puntito más de incremento a quienes menos ganan. En términos relativos perjudica a los de más arriba a la vez que achata arbitrariamente la escala.

En fin: que hagan un esfuerzo para ponerse de acuerdo con ellos mismos.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS