Momento de resarcimiento ante el delito

Por Luis María Serroels (*)

Una tarea ímproba que demandó tiempo y cuidado profesional, fue la que acometió el fiscal de Estado de esta provincia, Julio Rodríguez Signes, basándose en el informe pericial realizado por la contadora Andrea Mariana Battisti (Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia) y el perito de parte, contador Cristián Dumé.

Se trata de un trabajo de 250 páginas referido a la demanda civil vinculada con los “contratos truchos” en la Legislatura que entre 2008 y 2018 se hicieron de la fenomenal suma de $ 372.924.249 (de acuerdo a lo estimado en la investigación verificada).

Tal monto se desglosó entre el Senado realizándose contratos de $ 208.940.730,en tanto en Diputados con estas maniobras delictivas alcanzaron a $ 163.983.510.

 “Sobre esos números y no sobre el cálculo que hizo el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal se basa la demanda de Fiscalía de Estado”, según se consigna.

Lo que la sociedad no puede tolerar es que un montón de corruptos se valgan de un mecanismo aceitado y sencillo para robarle a las arcas del Estado y disfrutar de la fresca viruta mediante métodos que no les exigían demasiado.

Para algunos se trataba de una viveza criolla que no les podría generar un daño importante. Pero más delictuoso y perjudicial resultó el hecho de que se le haya sustraído recursos a una sociedad que por varias vías ingresan recursos al fisco.

La Hacienda Pública es el conjunto de haberes, bienes y rentas pertenecientes al Estado custodiada con responsabilidad y administrada con gran celo.

Mal pueden los corruptos dentro y fuera del Estado disfrutar de recursos mal habidos, estando la justicia provincial con todas las herramientas suficientes para abrirle la puerta de ambos penales de la capital paranaense.

El haberse  destapado esta operatoria –que sorprendió por el largo tiempo en que proveyó de satisfacciones a los delincuentes- y cuyos detalles fueron puestos en pantalla por ANALISIS y volcó Daniel Enz en su libro “EL NIDO - Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos”, permitió proveer de pormenores valiosos.

El autor nos cita que: “Por eso, la impunidad de los personajes extractivos está lejos de ser perfecta. Caminan sobre un abismo con gran pericia pero también a veces dan pasos temerarios. En algunos casos, su rápida ostentación de lo afanado hace pensar que hasta ellos mismos deben prever que les durará poco…”

Está claro que “ese medio periodístico funciona como una institución de última instancia que judicializa temas que, si no estuviese no tomarían estado público”.

No nos consta que algún funcionario del Poder Ejecutivo o miembro de ambas Cámaras del oficialismo haya profundizado el contenido del libro mencionado. Sí sabemos que por los pasillos de los tribunales el tema estuvo rondando.

La política que ha habitado en la Casa Gris se ha visto lerda y hasta ausente al momento de limpiar a ciertos ejemplares sumidos en la desvergüenza y que no se molesta al enfrentarse con la decencia.

Julio Rodríguez Signes “comparte la tesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, habida cuenta que el requerimiento de elevación a juicio relata la génesis y modalidades mediante las cuales se consumó el perjuicio al erario entrerriano, dado por la aparente celebración de contratos de obra”.

En el lapso transcurrido entre enero de 2008 y hasta septiembre de 2018 inclusive, en el seno de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos se celebraron alrededor de 770 contratos que, bajo apariencia de la legalidad, tuvieron como único propósito el desvío, sustracción y/o detracción de los fondos que estaban destinados a atender dichas contrataciones.

El informe puntualiza que: “La contratación fue concebida y dinamizada para detraer fondos públicos a favor de terceros o en pos de satisfacer objetivos que en nada pueden asociarse a los designios de la provincia”.

Haber terminado una investigación impecable de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, a punto de la elevación a juicio, no merecía la intromisión de la Justicia Federal que reclamó para sí el expediente.

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