Lecciones para un kirchnerismo impune

Por Luis María Serroels (*)

Dos grandes lunares (de los tantos con que nuestra política tropieza y debe lidiar) son los que duermen en ciertos archivos tribunalicios. Los organismos nacionales tienen claras instrucciones para aplicar la ley como fuente recaudatoria. Exceptuar a los corruptos de tal imposición en nombre del régimen K, es un claro ataque contra toda la sociedad. La Constitución Nacional resulta así gratuitamente agraviada. 

Los elementos de que se valen leyes y decretos, tienen la virtud de que esos instrumentos están iluminados por la luz de la igualdad. Empero hay quienes, no obstante, se valen de malas artes y aplican las anti-normas con singular habilidad. De ellos hablamos hoy. Son los enriquecidos a costa del Estado nacional o provincial. He aquí una muestra cabal de cómo se puede llegar a ser millonario “por izquierda” burlándose del Estado (socios en la corrupción).

Abordemos dos casos que merecen ser catalogados como emblemáticos y que avergüenzan, en especial, los que se han venido alimentando por la ponzoña de la mala política. Cristina Fernández de Kirchner por un lado y por el otro, Sergio Urribarri. Ella y él se enriquecieron malamente. Ambos lo hicieron del brazo del delito organizado.

Una se divertía jugueteando con su inmunidad; el otro optó por una embajada, aunque sus problemas lejos están de salvarse bajo el paraguas diplomático. Muchos nombres irán desfilando con marcha nada marcial.

Cristina sabe que en los estrados pueden desmoronarse sus sueños de “platita mal habida” como una torre de naipes, habiendo desempeñado dos veces la Presidencia y actualmente hoy la vice. Sergio, dos veces gobernador y además legislador provincial. Recordemos los sueños de pretencioso primer mandatario argentino que terminaron como volutas de humo. Valga recordar que Urribarri desempeñó la presidencia y vice del Partido Justicialista Distrito Entre Ríos.

Así llegamos al momento de desentumecer la maquinaria del derecho y apegarse a los códigos que debieron aguardar demasiado. Es oportuno recordar el hecho de que Alberto Fernández y su entonces canciller Felipe Solá diseñaron una maniobra consistente en sacar a Urribarri del país para protegerlo de los tribunales.

Si bien Urribarri no gozaba de inmunidad, otro problema se generó al advertirse que el ex mandatario provincial no ostentaba la más mínima idoneidad en materia de relaciones exteriores. Encima le agregaron la representación en Chipre.

No deja de ser pertinente averiguar qué medidas adoptaron los cuerpos orgánicos partidarios a la hora de aplicar los correctivos disciplinarios, máxime que no se habla de vagas suposiciones sino de graves violaciones a las leyes. No se concibe que, a alguien de fuerte militancia, pero enfrentado a causas de alta gravedad, no se le revise tal situación. Las consecuencias en tanto exhiben hechos gravísimos que no deben salpicar a las instituciones políticas.

Urribarri, ex funcionarios, familiares y otras personas que encubrieron estas “hazañas” se enfrentan a delitos que la justicia advierte desde hace mucho tiempo, mientras que el primer mandatario lo cobijó bajo el mundo de la diplomacia.

A una ex Presidenta y actual Vicepresidenta de la Nación a quien se le imputan graves violaciones al Código Penal, por estos días se le cierran las posibilidades de eludir a la justicia. Su situación judicial se traduce en procesamientos, producto de haber jugado con las instituciones.

Hay una fecha aguardando en cercanías de los intereses del oficialismo y de la oposición. Pero el temor que embarga a Cristina Fernández (y también al Presidente) es la posibilidad de que en el cuarto oscuro se consagre la pérdida del manejo de la mayoría en la Cámara Alta. Por ejemplo, proyectos nefastos como el manejo de los pliegos de los jueces al servicio del kirchnerismo.

Pero lo más trascendente en lo inmediato ha sido la iniciación del hiper juicio por corrupción que tiene como protagonista al dos veces gobernador entrerriano Sergio Urribarri.

Escucharlo decir al actual embajador en Israel y Chipre que es inocente, impone preguntarle ¿por qué gambeteó tanto la oportunidad de demostrarlo ante los jueces?

El Ministerio Público Fiscal busca probar su hipótesis principal. Se persigue determinar que mediante distintos modos de contratación, el Estado entrerriano financió la campaña presidencial del entonces gobernador Sergio Urribarri, con la idea de ser precandidato primero y posteriormente Presidente de la Nación.

Hubo un plan bien aceitado orientado a instalar la presencia urribarrista en todos los confines. Toda forma de difusión para imponer la figura del candidato exigió una maquinaria promocional con el propósito de fijar una fuerte presencia personal.

Los delitos que se advierten son peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El primer hecho atribuido data de junio de 2014 y por un monto sustraído de $4.308.500,23, cuando el dólar oficial valía 8,06 pesos.

Las personas enredadas en actos de corrupción y consignadas por la justicia son muchas y los fiscales han tenido una especial paciencia y perseverancia al momento de imponer el derecho.

Todos los partidos políticos jurídicamente habilitados, se descuenta que disponen de sus órganos de ética y respeto por la Carta Magna. Los verdaderos inocentes se llegan prestos ante los órganos de la legalidad, para proclamar ante los magistrados su inocencia. 

Si Sergio Urribarri asegura ser inocente desde el principio, ¿qué le impidió demostrarlo ante los magistrados cuántas veces sea necesario?  Los cuerpos disciplinarios de los partidos ¿no tienen nada que formular? 

Es útil refrescar la vigencia de la Ley 25.188 de Ética Pública Transparencia y Lucha contra la Corrupción (se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política). Sólo hay que hacerla funcionar.

Quienes vieron el último programa Cuestión de Fondo que se emite por Canal 9 Litoral (miércoles de 21 a 23) que conduce Daniel Enz, pudieron enterarse de datos contundentes sobre la situación del ex gobernador Sergio Urribarri enfrentado a la justicia por graves causas. ¿Por qué no se presenta personalmente ante el tribunal?

(*) Especial para ANALISIS

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