Por Luis María Serroels (*)

Nunca resulta excesivo repasar las andanzas de quienes se mojan los pies en la fuente de la delictuosidad.  Ni de aportar –memoria de por medio- lo que sucede en el mundo de la política. De ese mundo que para unos nada dicen, empero otras circunstancias consideran muy valiosos. La llegada del nuevo año –en que lejos están de aquietarse las consecuencias letales del Covid en su guerra contra las vacunas- andan buscando en un universo de leyes que parecen útiles en su médula pero el almanaque paraliza.

A pesar de cuantas causas de peso ameritan moverse, en el ámbito de la Corte Suprema se da cuenta de 1.138 expedientes abiertos, sólo 197 se elevaron a juicio y un sinnúmero aún no comenzaron, en tanto casi 9.000 personas están sometidas a investigación, según informe de una ONG cuya fuente proporcionó la Corte.

Adentrándonos en la política de apuro y aquél acuerdo forzado de marzo de 2019 para recuperar el poder bajo el signo caprichoso de zafar de las celdas, está lejos de limpiarle el sendero a Cristina Fernández. Lo único que por estos días pareciera surgir con mayor nitidez es la dificultad para quedarse definitivamente con una doble asignación pasiva, sin contar con la percepción como presidenta alterna cuando el titular debe ausentarse.

Cristina Fernández  se impone legitimar las entradas devengadas por sus tareas como vicepresidenta y titular del Senado, nada se alude a las maniobras que la hicieran multimillonaria a ella y a sus hijos sin dar cuenta de sus maniobras en tiempos de posarse sobre el sillón más trascendente de la Nación argentina.

La fortuna mal edificada siempre sale a la luz, la cuestión es que hay  mecanismos que actúan muy bien aceitadamente. Dos jóvenes que nunca conocieron el trabajo limpio y noble se hacen de millones de dólares, parece no advertirse la presencia de causas de corrupción. ¿Por qué nadie avanza al juicio oral? ¡Salvo contados casos!

Los choques y desavenencias en materia de la deuda exterior que le eleva la presión arterial a cualquier principiante de financista a la hora de negociar en las alturas, lo único que sabe hacer es adjudicarle responsabilidades al de enfrente.

Fue siempre claro que el proyecto K se anudaba en dos factores: buscar cualquier elemento que le permita a Cristina estabilidad libre de tribunales molestos y por el otro manejar las riendas por sobre el propio mandatario.

Los resultados de los últimos guarismos electorales hablaron por sí solos, tanto como lo hicieron los números de la inflación anual: 50,9%.

Es imposible achicar las cifras del gasto en tanto en cierto rubro el gobierno gastó más de $19.000 millones de pesos en pasajes y viáticos, casi más que en 2020 en todas las áreas de la administración nacional se incrementaron los fondos destinados a asignaciones extraordinarias. En el año anterior se habían erogado $3.355 millones.

Cuando los funcionarios hacen de las suyas en diversas áreas, ninguno se atreve a abrir la boca. En los tribunales federales de Comodoro Py se apilan expedientes que dan cuenta de muestras de corrupción.

Entre ellos, la nómina de los que dejaron deslizar lo ajeno proveniente del Estado (entre ellos Cristina Fernández, Amado Boudou, Julio De Vido, los Cuadernos de la Corrupción y una lista interminable). Una infinidad de identidades que se bañaron en la fuente de la ilicitud pensando que podrían despejarse su suciedad.

No dejó de ser trascendente la decisión de la Corte Suprema de anular la reforma del Consejo de la Magistratura, la reducción de miembros del organismo de 20 a 13, una hazaña ideada por Cristina Fernández que propuso ya en 2006 siendo senadora, pero naufragó por unanimidad del alto cuerpo. 

Sin embargo el presidente Alberto Fernández –con evidente terquedad- insistió en modificar el número de integrantes y las tareas del tribunal. Lo que llama la atención es el enfrentamiento abierto del ministro de Justicia, Martín Soria, cuyas relaciones deberían moderarse ante el alto cuerpo. No olvidarse de que la Vicepresidenta de la Nación no deja de añorar todas las modificaciones posibles que le eviten un eventual domicilio intramuros.

El cierre de casos contra Cristina Fernández y que salen a la luz en la causa que abarca a los hijos, no son otra cosa que una burla contra la justicia y toda la sociedad.

No está de más revisar el caso insólito en que se dictaba un sobreseimiento sin realizar el juicio oral. En esta causa (caso Los Sauces), se advirtieron operaciones que superaron los 30 millones de pesos y con la empresa hotelera se blanquearon ¡80 millones de pesos! En estas jugarretas intervino el holding manejado por Lázaro Báez. Gente residente en Paraná en visita por la Patagonia, conoció los establecimientos hoteleros donde se facturaban cuantiosas operaciones con huéspedes inexistentes.

Aunque parezca mentira, en el ámbito de la política mayor se hicieron grandes cartelizaciones de la obra pública dirigida por Cristina Fernández que frenó al Estado al orientarlo en beneficio de Lázaro Báez. 

El matrimonio arrancó desde el sur hasta llegar a hacerse millonario al frente del poder, y nadie quiso advertir que estas finanzas no eran de origen sano. Una Presidencia con reelección consecutiva (y cuya actividad política se malogró por inesperado óbito), seguida de dos gestiones presidenciales de Cristina Fernández, rematando la tarea como actual vicepresidenta y secundando a Alberto Fernández tras gestión presidencial de Macri,  fue el basamento de interminables capitales mal habidos.

No se puede dejar de repudiar la insistencia del plan de impunidad ejecutado para Cristina Fernández y sus hijos, amén de otros personajes. De igual modo resulta vergonzante la andanada de  atropellos contra los ministros de la Corte en busca de todos los resortes posibles para que el alto cuerpo quede fuera.

Los pasos que pulcramente ensaya el mandatario como parte de aquel arreglo de marzo de 2019 pos recuperación del “poder y operación vergüenza”, constituyen un atropello inédito.  

Lo ideado para que CFK y sus hijos no vayan a juicio se constituye en un acto vergonzante que vulnera las leyes. No se puede admitir que se manosee a los ministros de la Corte buscando desde la Presidencia de la Nación todos los resortes, tan sólo para vulnerar  instrumentos de la propia Ley Suprema.         

Mientras el staff político aparenta observar la problemática que agobia  las cuestiones que amenazan el “colapso del Estado”, un grupo de élite ad-hoc busca el camino para que se borren de todos los tribunales del país las causas molestas que perturban la serenidad del kirchnerismo.

(*) Especial para ANALISIS