Por Luis María Serroels (*)

“Todos somos iguales ante la ley”, salvo cuando algún tribunal lo olvida. De qué justicia entrerriana puede hablarse cuando un cúmulo de entidades, expertos de las leyes madres y el sentido común, se sienten atropelladas. Con sumo respeto, entendidos en códigos y apegados a la Constitución Nacional y la Carta Magna entrerriana, no pueden haberse equivocado tanto al momento de analizar con seriedad y profundidad el enjuiciamiento a la doctora Cecilia Goyeneche,  donde aclárese, el fallo de marras no tuvo su asentimiento completo.

De hecho que un vasto grupo de expertos en constitucionalismo exponen un copioso saber y guardan un conocimiento harto suficiente, aceptándose que no siempre quienes integran parte de un  tribunal –se ha comprobado- revelan carencias en materia penal.

¿Cómo no rebatirle al jurado tantos especialistas y experimentados jurisconsultos?  Encima con la asignatura pendiente de graves hechos que fueron protagonistas en el ámbito de la Legislatura y frente a las narices de ciertas autoridades que colaboraron obsequiosamente con toda caradurez.

¿Qué resortes se han movido apresuradamente, como si el fallo fuese cosa cerrada y definitiva? Altos funcionarios del gobierno entrerriano no parecen advertir que esta decisión está sometida a pasos importantes y descalificadores que deberán ser revisados.

Muchos rechazos del ámbito del derecho han puntualizado lo peligroso que supone aceptar semejante fallo. Fiscales diseminados en el territorio nacional coinciden en lo delicado que resulta darle validez a tal decisión. Entre el sinnúmero de los funcionarios del país que descalifican esto (no hay una unanimidad del jurado), se cita la fuerte opinión del fiscal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Romero: “Lo más grave es el mensaje para el resto de los fiscales y para alguien que pone su puesto en juego y hasta la integridad de toda su familia”.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sostuvo que “en Entre Ríos no hay privilegios para nadie, no hay para la clase política y tampoco privilegios para el Poder Judicial”. Se deduce que también el poder político ha de rechazar, investigar y castigar con la ley las maniobras consistentes en 500 a 700 contratos truchos a gente necesitada, a la que le robaban el 90% de ese sueldo y le daban la obra social a algunos pocos.

Así fue que aparecieron maniobras oscuras en la Legislatura, determinando una tarea ímproba de la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien terminó  siendo destituida en una acción harto injusta y que será sometida a la Justicia Federal como acto reparador.

En el libro El Nido-Justicia y corrupción en Entre Ríos, de Daniel Enz, con Prólogo de Fernando J. Ruíz se aboca punto por punto a esta maniobra delictuosa que significó la friolera de 53 millones de dólares.  Goyeneche fue castigada por destapar la corrupción en la Legislatura entrerriana. Hay personajes de la política bien identificados.  En dicho libro, el autor dice que uno de los denunciados le pidió que “por favor no salga el artículo, porque mi madre está muy enferma y esto hasta le podría provocar un deceso” (previamente el autor investigó y se aseguró con un médico de que no existía peligro).

Alejandro Gullé, relator especial para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, cita a Diego García Sayán, quien expuso “preocupación y reclamo que el país informe qué medidas se tomaron para asegurar un juicio justo a Goyeneche y para garantizar la continuidad de las investigaciones en la provincia”. Y añade que “si Goyeneche es separada de la justicia ¿cómo y quién se abocará a limpiar el Estado entrerriano de los corruptos?”.

Pero como dijera la semana pasada Daniel Enz: “Esto recién empieza. Acá hay un largo camino todavía. Faltan pronunciamientos de la Corte Suprema, de organismos internacionales y está claro que la doctora Goyeneche no se quedará de brazos cruzados. Por más que el poder crea que con destituirla se ganó la batalla”.

(*) Especial para ANALISIS