A pedido de Juntos, el proyecto de ley de Ficha Limpia volvió a la comisión de Transparencia y Ética Pública. Foto: Senado de Entre Ríos. Sesión del martes 11 de agosto.
Lo que ocurrió esta semana en el Senado entrerriano con el proyecto de Ficha Limpia no es un incidente de trámite parlamentario. Es, en miniatura, la misma pelea que viene dando la Argentina entera desde hace ocho años cada vez que este debate llega a un recinto: la de si una ley que promete sacar a los corruptos de la función pública va a servir para algo o si va a terminar siendo, en palabras del propio impulsor nacional de la iniciativa, Gastón Marra, "una Ficha Limpia trucha".
El proyecto que Rogelio Frigerio presentó en febrero de 2024 tuvo media sanción rápida y por unanimidad en Diputados, con el criterio del doble conforme: una condena confirmada por un tribunal superior, aunque todavía pudiera ser recurrida ante la Corte Suprema. Ese es, dicho sea de paso, el estándar que terminó adoptando la enorme mayoría de las provincias que ya tienen su propia Ficha Limpia. Pero en la Comisión de Legislación General del Senado entrerriano apareció, sin demasiado debate público, una modificación que reemplazaba ese criterio por el de condena firme, es decir, una sentencia que ya agotó absolutamente todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cambio pasó casi inadvertido hasta que trascendió, generó el rechazo de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción y de Marra, y terminó en la decisión, valorada por el propio impulsor, de devolver el proyecto a comisión.
El senador radical Rubén Dal Molín, presidente del bloque oficialista, explicó que la vuelta a comisión respondió a un pedido del propio Poder Ejecutivo para "revisar un artículo y no cometer ningún error", y aclaró que a su criterio no cambia "el espíritu" de la ley sino apenas una cuestión de redacción. Marra, en cambio, fue categórico: sostuvo que el cambio sí altera el espíritu del proyecto, y explicó por qué con un argumento que conviene entender bien, porque es la clave técnica de todo este debate.
Pedir Ficha Limpia con condena firme, dijo Marra, "es la nada misma". La razón es sencilla: cuando una condena por un delito contra la administración pública queda firme, el propio Código Penal ya prevé la pena de inhabilitación, absoluta o especial, para ejercer cargos públicos. El caso de Cristina Fernández de Kirchner, con condena firme e inhabilitación perpetua ya aplicada, es el ejemplo más claro. Si Ficha Limpia sólo actuara sobre condenas firmes, no estaría agregando ninguna herramienta nueva: se limitaría a repetir lo que el sistema penal ya resuelve por sus propios medios, con el agravante de que, dado lo que tardan los procesos por corrupción en Argentina -Marra habló de hasta catorce años-, la inhabilitación llegaría, en la práctica, muchísimos años después de que el hecho ocurriera, cuando ya no tiene sentido preventivo alguno.
Esa es, exactamente, la discusión que se repite en cada provincia y que también recorrió el Congreso nacional. Vale la pena mirar el mapa completo, porque no hay una sola "Ficha Limpia": hay tantas fórmulas como legislaturas la trataron. Mendoza, pionera en 2020, directamente no exige que la condena sea firme para inhabilitar. Salta habla de segunda instancia. Jujuy, con su ley más reciente, también. Santa Fe eligió una fórmula más ambigua: condena que haya atravesado una "cámara revisora", lo que en la práctica se interpreta como el equivalente al doble conforme. Río Negro, Córdoba, Neuquén y Tucumán se sumaron en los últimos dos años con matices similares, buscando en general el estándar de la condena confirmada por un tribunal superior, no la sentencia firme.
A nivel nacional, el propio debate expuso esta grieta con toda su crudeza. En 2025, cuando el proyecto llegó al recinto de Diputados con dictamen de mayoría a favor del doble conforme, Unión por la Patria presentó su propio dictamen exigiendo directamente condena firme confirmada por la Corte Suprema, es decir, la versión que, según el razonamiento de Marra, no cambia nada de lo que ya existe. El proyecto obtuvo media sanción en febrero de 2025 con el criterio del doble conforme, pero en mayo cayó en el Senado por un solo voto, 36 a 35, cuando se necesitaban 37. Ese resultado significó, en los hechos, que Cristina Kirchner pudiera encabezar una lista en 2025. Este año, la presidenta del interbloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, volvió a presentar la iniciativa con el mismo estándar del doble conforme, sin que hasta ahora el oficialismo nacional le haya dado tratamiento urgente, algo que el propio Marra lamentó públicamente esta semana al señalar que percibe más interés en la discusión sobre las PASO que en destrabar Ficha Limpia.
Ahora bien: sería un error de esta nota, y de cualquier análisis serio del tema, presentar el debate como si estuviera saldado y del lado de quienes empujan el doble conforme estuviera toda la razón sin matices. La discusión de fondo -y esto es lo que probablemente estén masticando ahora mismo en el Senado entrerriano- tiene un correlato constitucional real, no una excusa dilatoria. El argumento en contra más citado por especialistas en derecho, y que reaparece en cada provincia que trata su propia ley, es la eventual afectación de la presunción de inocencia, garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La objeción es la siguiente: si una condena todavía puede ser revisada -y eventualmente revocada- por la Corte Suprema, inhabilitar a esa persona antes de que el proceso concluya equivale a aplicarle un efecto punitivo sin que exista, técnicamente, cosa juzgada. En Río Negro, especialistas consultados tras la sanción de su propia ley advirtieron justamente sobre esto, y en Salta la discusión llegó a instrumentarse como una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia provincial. En ambas provincias se expidió el Superior Tribunal de Justicia a favor de la constitucionalidad de Ficha Limpia. A nivel nacional, penalistas como Maximiliano Rusconi (estrechamente ligado al kirchnerismo y también al urribarrismo o a José Angel Allende) plantearon además que, en un contexto de fuerte desconfianza hacia la Justicia federal, una herramienta de este tipo multiplica el riesgo de que el sistema penal se use con fines de proscripción política antes que de transparencia.
El antecedente que suele citarse para graficar ese riesgo es el brasileño: la Ficha Limpia de Brasil, más estricta que cualquiera de las versiones argentinas, fue la que impidió a Lula da Silva ser candidato en 2018 mientras su condena todavía estaba en revisión, antes de que la Corte Suprema brasileña terminara anulando esas causas. Es el ejemplo perfecto de las dos lecturas posibles de una misma ley: para unos, la prueba de que la herramienta funciona incluso contra el candidato más poderoso del país; para otros, la prueba de que una inhabilitación aplicada antes de la sentencia firme puede terminar siendo un error judicial con consecuencias políticas irreversibles.
Frente a ese cuadro, el argumento a favor de Ficha Limpia con doble conforme -que es, en definitiva, el que sostienen Marra y la enorme mayoría de las provincias que ya la sancionaron- no niega el problema constitucional, sino que lo pondera de otra manera: sostiene que se trata de una restricción electoral, no de una pena penal, y que como tal admite un estándar distinto y más bajo que el de la condena firme, apoyado en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que habilita reglamentar el derecho a ser elegido en base a "condena, por juez competente, en proceso penal", sin exigir expresamente que esa condena esté firme. Además, como bien señaló Marra, en Entre Ríos ese estándar intermedio ya se aplica sin controversia en el estatuto del empleado público, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, donde a nadie sorprende que una causa penal pendiente sea impedimento para ingresar preventivamente al Estado.
Lo que sí resulta legítimo reclamar, y en esto vale la pena ponerse del lado de la exigencia ciudadana antes que de la comodidad legislativa, es que estas definiciones no se resuelvan por goteo, en dictámenes que -como ocurrió en Entre Ríos- pueden pasar casi inadvertidos hasta que una organización de la sociedad civil los detecta y da la alarma. El propio Marra fue elocuente en ese punto: habló de "desconocimiento" antes que de mala fe, y remarcó que el oficialismo provincial no retiró el proyecto de la sesión especial de este martes porque quisiera sancionar una ley con condena firme, sino porque el gobernador Frigerio -que hizo de Ficha Limpia una de sus promesas de campaña- no estaba dispuesto a asumir el costo político de que saliera, en sus palabras, "trucha".
Ese es, en el fondo, el dato más interesante de lo que pasó esta semana: no hubo un rechazo a la ley, sino una corrección a tiempo, motorizada por una organización civil -Entre Ríos Sin Corrupción- que se tomó el trabajo de leer la letra chica de un dictamen de comisión, y por un consultor que lleva ocho años explicando, provincia por provincia, la diferencia entre una ley que transforma algo y una que sólo repite en el papel lo que el Código Penal ya resuelve por sus propios medios, muchos años después de que el daño esté hecho. Entre Ríos tiene ahora la oportunidad de no sumarse a la lista de provincias donde Ficha Limpia terminó siendo una fórmula vacía. Depende de que, en la próxima vuelta por comisión, la letra chica se lea con la misma atención con la que se leyó esta vez.
