María Elena Romero
En política, la palabra tiene valor cuando se sostiene con hechos. Por eso considero que la decisión impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio de avanzar hacia la eliminación de los privilegios vinculados a las pensiones especiales trasciende ampliamente el contenido de una norma. Es, ante todo, la demostración de una profunda convicción y una definición acerca de los valores que queremos que rijan el ejercicio de la función pública. También es un mensaje claro para todos los entrerrianos: quienes tenemos la responsabilidad de representar y servir a la sociedad debemos ser los primeros en aceptar las mismas reglas que rigen para el conjunto de los ciudadanos.
Esta iniciativa expresa una definición concreta sobre cómo entendemos la responsabilidad de ocupar un cargo público. Quienes ejercemos funciones en el Estado no podemos concebirlas como una vía para obtener beneficios o privilegios, sino como un compromiso con la sociedad. La política necesita recuperar esa idea esencial: el poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad y mejorar la vida de las personas. Y para que esa concepción tenga credibilidad, debe comenzar por quienes tenemos responsabilidades de decisión.
Hay además un mensaje político mucho más profundo detrás de esta decisión. En una sociedad que muchas veces observa con desconfianza a sus dirigentes, recuperar la credibilidad exige mucho más que discursos. Exige hechos. La política necesita volver a hablar el lenguaje de la coherencia, de los valores y de la honestidad. Cuando un gobierno decide revisar privilegios y establecer límites allí donde existían beneficios especiales, está diciendo que nadie debe estar por encima de las reglas y que el ejercicio del poder no puede convertirse en una herramienta para obtener ventajas personales.
Por eso considero que acciones como esta deberían marcar un rumbo de aquí en adelante. Necesitamos dirigentes que comprendan que ocupar un cargo público no es un privilegio, sino un honor y una enorme responsabilidad. Necesitamos funcionarios, legisladores y dirigentes que sepan que sus decisiones son observadas por una sociedad que espera algo tan sencillo como difícil de sostener: que nuestras conductas estén a la altura de nuestras palabras. La ejemplaridad no se declama; se construye todos los días con decisiones concretas, con responsabilidad y también con la capacidad de renunciar a determinados beneficios cuando las circunstancias así lo exigen.
Estoy convencida de que no estamos solamente frente a una modificación normativa. Estamos eligiendo qué clase de política queremos construir de aquí en adelante. Una política que no se aferre a privilegios, que no mire para otro lado y que tenga el coraje de empezar por casa. Porque los ciudadanos no necesitan dirigentes que simplemente les expliquen lo que hay que hacer; necesitan dirigentes dispuestos a hacerlo primero. Ese es, en definitiva, el verdadero sentido de la ejemplaridad: comprender que quienes tenemos responsabilidades públicas debemos ser los primeros en asumir los compromisos que les pedimos a los demás.
Que esta decisión marque un antes y un después. Que quede claro que en Entre Ríos el ejercicio de la función pública debe estar asociado al compromiso, al esfuerzo, a la austeridad y, sobre todo, a la ejemplaridad. Porque cuando la política recupera la coherencia, recupera la autoridad; cuando actúa con honestidad, recupera la confianza; y cuando sus dirigentes dan el ejemplo, vuelve a tener sentido pedirle a la sociedad que confíe en nosotros. Ese es el rumbo que debemos sostener: que nunca más los privilegios definan a la política, sino los valores con los que somos capaces de ejercerla. Porque la sociedad está cansada de discursos y necesita hechos. Y si queremos recuperar el valor de la palabra, debemos entender que el primer compromiso de quienes servimos desde el Estado es hacer que nuestras acciones hablen por nosotros.
(*) María Elena Romero es diputada provincial e integra el bloque oficialista “Alianza Juntos por Entre Ríos”.
