No hay estadísticas oficiales claras que permitan medir la pobreza dentro de las cárceles argentinas. Pero para quienes, por nuestro trabajo periodístico, hemos ingresado en más de una oportunidad a las unidades penales, no nos queda ninguna duda: gran parte de los presos son pobres. Muchos no han concluido la escuela primaria y ni hablar de estudios secundarios.
Un alto número de los detenidos provienen de sectores sociales muy vulnerables. Pobres, de sectores marginales, con niveles educativos bajos y hacinados. Esa es la realidad de nuestras cárceles.
Si a esta situación le sumamos ahora que con la nueva ley penal juvenil, los adolescentes de 14 y 15 años ya pueden ser imputados, procesados y condenados penalmente, más que una solución a la inseguridad, estaremos sumando nuevos problemas.
Si el sistema penitenciario de nuestro país no está preparado para las personas adultas, mucho menos para los menores de edad. Porque se necesitarían crear nuevos centros de detención. Ello, en un contexto de recursos cada vez más exiguos, no parece asegurar un futuro alentador.
Esta semana, en un pasillo de un populoso barrio de Concordia, un pibe de 16 años quedó detenido, tras un operativo en el que se secuestraron envoltorios de cocaína. Se trató de uno de los primeros casos en nuestro país bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil. El chico quedó alojado en una dependencia destinada a menores y a disposición de la Justicia.
No sabemos qué hacía este chico de su vida, qué proyectos tenía (si es que los tenía). No conocemos qué hizo el estado o las instituciones para darle una mejor infancia.
Pero también deberíamos preguntarnos qué hicimos nosotros como sociedad para que pibes pobres de tan solo 12, 15 o 16 años lleven envoltorios de cocaína entre sus prendas.
De lo único que podemos estar casi seguros, es que el nuevo régimen penal no ataca las causas, sino las consecuencias. No busca hacerle frente al origen del problema. Tan solo mira la cruda foto que queda cuando ya corrió demasiada agua bajo el puente.
(*) Periodista
