Sandra Cislaghi
Hoy 30 de septiembre de 2026, tras casi 300 días de un silencio legislativo incomprensible, volvió a reunirse la Comisión de Salud Pública y Drogadicción del Senado entrerriano, esta vez junto a la de Legislación General, para tratar el proyecto de ley “Red de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial”, impulsado por la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos y presentado y avalado por el bloque de senadores Más por Entre Ríos.
Tener diez meses de parálisis parlamentaria no son un plazo abstracto ni un trámite burocrático más, en una provincia donde el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud notifica un intento de suicidio cada 12 horas (418 casos registrados de enero a julio), diez meses son una brecha irreversible entre la vida y el abandono.
Pero el cruce que se produjo en el recinto dejó expuesta una fractura más profunda que una diferencia sobre tablas. Lo que presenciamos fue la colisión entre dos concepciones irreconciliables de la política pública: de un lado, una gestión que se agota en administrar la escasez y diseñar la imagen; del otro, la urgencia impostergable de institucionalizar una política integral de cuidados con respaldo presupuestario real.
Podemos decir que asistimos a la política del scroll, el simulacro de la respuesta pública. Hoy las decisiones políticas de este Gobierno, revelan un diagnóstico sobre el accionar del Ejecutivo provincial, inapelable: asistimos a la consolidación de lo que podríamos llamar una “gobernabilidad de pantalla”.
Cuando el Estado responde a una crisis epidemiológica y social del calibre de la salud mental mediante aplicaciones de orientación digital (como el chat ORI), convenios mediáticos y millonarios con figuras públicas, reuniones interministeriales que piden tiempo para funcionar o capacitaciones aisladas, no está estructurando una planificación integral de contención; pareciera ser más de las veces que está construyendo contenido para el scroll de las redes sociales.
El objetivo comunicacional se cumple, el usuario desplaza el dedo por la pantalla y consume el titular de que “el Gobierno prioriza la salud mental”. Pero cuando esa misma persona, o su familia necesita atención, y acude al territorio, la escenografía se desmorona. Quien aguarda tres meses por un turno en una guardia colapsada no vive ese tiempo como una “planificación gubernamental”; vive el desamparo.
El propio ministro de Salud, Dr. Daniel Blanzaco, sintetizó, quizás involuntariamente, la lógica del relato al defender la postura oficial: sostuvo que “antes que generar nuevas leyes corresponde fortalecer la planificación existente” y admitió que las necesidades superan holgadamente los recursos. Pero ¿qué significa fortalecer un sistema si se niegan los instrumentos financieros para hacerlo?
Urgencia por decreto vs. Emergencia por ley: la trampa presupuestaria
El punto de inflexión del debate legislativo lo introdujo con rigor técnico el Secretario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSMER). Explicar esta distinción es clave para una ciudadanía con conciencia crítica, la urgencia sanitaria declarada por Decreto (2130/26) por el Poder Ejecutivo es apenas un mero reconocimiento administrativo que no amplía en un solo peso las partidas presupuestarias. Es una foto sin película.
Por el contrario, el proyecto de Ley debatido, que podríamos interpretar que el oficialismo pretende rechazar tácitamente, no propone un eslogan, plantea la Declaración de Emergencia por dos años, lo que le otorgaría al Estado las facultades jurídicas necesarias para:
1. Reasignar partidas presupuestarias extraordinarias.
2. Contratar profesionales y crear cargos en zonas territoriales críticas.
3. Establecer convenios urgentes y financiar dispositivos comunitarios de proximidad (en escuelas, clubes y centros barriales). Sostener que una Ley de Emergencia no puede aprobarse porque “no hay presupuesto” revela una falacia teórica. El presupuesto público no es una restricción técnica o natural; el presupuesto es la máxima expresión material de las prioridades políticas. Decir que no hay dinero para la salud mental mientras se promocionan respuestas coyunturales es admitir que el sufrimiento humano ocupa un lugar marginal en la agenda de inversiones del Estado.
El fantasma de la recentralización y la renuncia a la soberanía provincial. La intervención del ministro también dejó al descubierto una contradicción aún más alarmante, pidiendo la paralización del proyecto entrerriano, lo que respondería al temor del Ejecutivo provincial de avanzar con una norma propia frente a la posibilidad de que prospere la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno Nacional.
El argumento oficial fue pedir “recaudo y tiempo” para alinearse y adherir a lo que decida la Casa Rosada. Esta postura no solo representa una renuncia explícita a la autonomía política de la provincia de Entre Ríos, sino que abre la puerta a un retroceso histórico en materia de derechos humanos. El proyecto nacional al que el gobierno provincial aguarda con docilidad busca restablecer el paradigma biologicista y manicomial, recentralizando la toma de decisiones exclusivamente en la figura del psiquiatra.
Resulta impresionante que se apele al liderazgo médico de la psiquiatría cuando el propio Director de Salud Mental provincial reconoció tiempo atrás que no hay psiquiatras suficientes para cubrir el sistema. ¿Cómo pretende el Estado respaldar un modelo psiquiatrizante sin profesionales, al mismo tiempo que desmantela la red interdisciplinaria y comunitaria que hoy sostienen, al borde del agotamiento, psicólogos, trabajadores sociales, docentes y referentes territoriales?
La salud mental no se fragmenta: una exigencia ética y política
El sufrimiento psicosocial de un adolescente o de una persona atravesada por consumos problemáticos no se fragmenta según las competencias de las carteras provinciales. La persona es una totalidad: sus condiciones de vida, la precarización laboral, la soledad y la falta de horizontes económicos son los verdaderos determinantes de la crisis de salud mental.
La respuesta no es un bot ni la administración burocrática de la escasez. La respuesta es una Red Integral de Cuidados que llegue antes de que el dolor se convierta en una cifra del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Si la política provincial elige esperar las directivas de un Gobierno Nacional que promueve el repliegue del Estado, y si el Senado decide archivar las herramientas presupuestarias bajo el pretexto de los “tiempos administrativos”, hay que decirlo sin eufemismos: la demora y la inacción también son una decisión política. Y en salud mental, la inacción del Estado se cobra vidas.
(*)Licenciada. Agencia de Salud Mental de Entre Ríos. Participante activa en la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos.
