Salud mental: el Estado se demuestra con decisiones y presencia

Hay debates que son necesarios y hay otros que, por la sensibilidad y la trascendencia de los temas que abordan, exigen todavía mayor responsabilidad. La salud mental es uno de ellos. Por eso, después de la reunión de las comisiones del Senado de Entre Ríos, considero necesario recuperar algunos conceptos que fueron planteados allí y, fundamentalmente, dejar en claro algo elemental: se me atribuyeron afirmaciones que no hice y posiciones que no sostuve.

No planteé paralizar ningún proyecto. No planteé que Entre Ríos deba esperar pasivamente decisiones de la Nación. Y mucho menos planteé que la Provincia deba renunciar a su autonomía para definir sus políticas sanitarias.

Lo que expuse fue algo bastante más sencillo y, a la vez, más profundo: una nueva ley no puede ser presentada como la respuesta en sí misma a una problemática que requiere políticas públicas concretas, recursos, equipos, dispositivos y capacidad de gestión.

Entre Ríos tiene una política de salud mental y la está fortaleciendo. El Estado provincial está tomando decisiones y desarrollando herramientas concretas: declaramos la Urgencia Sanitaria en Salud Mental mediante el Decreto 2130/26, ampliamos la disponibilidad de psicólogos y psiquiatras, fortalecemos la capacitación de los equipos con herramientas como mhGAP junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mejoramos la red de primera escucha en los centros de salud, sostenemos la Línea 135 y avanzamos en nuevos dispositivos.

También volvimos a poner en funcionamiento la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA), conformada durante la gestión anterior pero sin continuidad. En paralelo, fortalecimos los recursos destinados a la atención y el acompañamiento de la comunidad: Salud Mental representa actualmente el 8,40% del presupuesto provincial destinado a Salud, con el 90% destinado al personal. En este marco, incorporamos cuatro cargos profesionales en el hospital San Benjamín de Colón, una zona que presenta la mayor incidencia de suicidios de la provincia.

Además, fortalecimos los equipos y las prestaciones profesionales en los hospitales mediante 540 actas acuerdo, que contemplan guardias pasivas y activas y módulos de atención programada. A esto se suma un refuerzo económico para los profesionales que realizan guardias de Salud Mental en los hospitales San Martín, Materno Infantil San Roque y Escuela de Salud Mental, de Paraná.

Los profesionales de la Línea 135 ahora cuentan con un espacio adecuado y confortable. Trasladamos el dispositivo al Hospital San Martín y se regularizó la situación de revista de sus trabajadores, otorgando 12 cargos para los integrantes. La línea recibió 1.862 llamadas hasta abril de 2026, consolidándose como una herramienta de escucha y acompañamiento ante situaciones de crisis.

La provincia también sostuvo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM) con la totalidad de su equipo interdisciplinario, ampliando además el número de profesionales médicos incorporados en la cohorte 2026. En paralelo, se otorgaron las contrataciones necesarias para garantizar el funcionamiento del futuro Hospital de Día del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, cuya inauguración está proyectada para noviembre.

Además, continúa el desarrollo de dispositivos de atención y acompañamiento para personas con padecimientos de salud mental. En ese marco, estamos avanzando en recuperar un lugar adecuado para la Casa de Medio Camino en Paraná, y se encuentra en trámite la refuncionalización de un inmueble de calle San Luis.

Las necesidades en salud mental son enormes y los recursos disponibles son limitados. Reconocer esa realidad no es administrar la escasez como destino. Es asumir la responsabilidad de gestionar en función de las posibilidades reales del Estado, estableciendo prioridades y tomando decisiones.

Tampoco es correcto presentar el diálogo con la Nación como una subordinación de la Provincia. Gobernar también implica articular, intercambiar información, conocer qué cambios normativos están siendo discutidos y evitar tomar decisiones apresuradas que después puedan generar superposiciones o dificultades de implementación. Eso no es renunciar a la autonomía. Es ejercerla responsablemente.

En la reunión también se cuestionó el convenio firmado con Gastón Pauls, como si una firma pudiera resumir o definir una política de salud mental. Es un acuerdo de cooperación y visibilización de una problemática que necesita estar en agenda. No representa un costo para el Estado provincial ni reemplaza políticas, dispositivos o recursos sanitarios. Es una herramienta complementaria dentro de una estrategia mucho más amplia.

También se planteó que, frente a los datos epidemiológicos, la respuesta del Estado habría sido ORI. Eso es una simplificación que no refleja la política que estamos llevando adelante. Tomamos los datos con seriedad y, a partir de ellos, fortalecemos equipos, capacitación, atención, prevención y dispositivos específicos. ORI es una herramienta de orientación para familias y docentes; no reemplaza la atención profesional ni los dispositivos de salud.

En todo este contexto, hay una diferencia que también debemos cuidar: una cosa es hacer política partidaria y otra muy distinta es hacer política sanitaria. Desde el Ministerio de Salud no estamos discutiendo salud mental para obtener rédito político. Estamos tomando decisiones de gestión frente a una problemática concreta que afecta a entrerrianos y entrerrianas. La salud pública no puede convertirse en una herramienta de disputa partidaria porque, cuando eso ocurre, se corre el riesgo de que el debate deje de estar puesto en las personas que necesitan respuestas.

Discutir políticas públicas no habilita la falta de respeto. En la reunión de comisión se llegó a decir que quienes gobernamos “no somos humanos”. Creo que esa expresión constituye una falta de respeto que no podemos naturalizar. Podemos discutir una ley, cuestionar una decisión, reclamar más recursos o plantear que una política debe ser diferente. Todo eso es legítimo. Lo que no corresponde es deshumanizar a quienes tienen la responsabilidad de gestionar.

Detrás de cada funcionario y de cada trabajador del Estado hay una persona. Personas que escuchan demandas, que reciben familias, que recorren hospitales y centros de salud, que toman decisiones difíciles y que trabajan todos los días para resolver problemas concretos.

En salud mental, además, hay algo que no podemos perder de vista: detrás de cada intento de suicidio, cada adolescente que necesita ayuda y cada familia que busca respuestas hay una vida concreta. Por eso no voy a entrar en una discusión de relatos. Prefiero hablar de hechos.

El Estado provincial está presente. Hay decisiones tomadas, recursos asignados, equipos trabajando y nuevos dispositivos en construcción. Falta mucho, y lo sabemos.

Una política sanitaria no se mide solamente por una ley sancionada ni por los titulares que genera. Se mide por su capacidad de dar respuestas concretas y transformar la vida de las personas.

Ese es el desafío que tenemos por delante y que, desde el Ministerio de Salud, vamos a seguir asumiendo con responsabilidad, autocrítica y trabajo.

(*): ministro de Salud de Entre Ríos.