El abogado Juan Carlos Arralde, patrocinante en el amparo iniciado por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, para conocer el listado de los funcionarios “estratégicos” que recibieron la vacuna contra el Covid-19, en medio de las denuncias por la existencia de un vacunatorio VIP, explicó la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos de declarar abstracto el planteo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Arralde explicó que “el Superior Tribunal actúa así porque el gobierno aportó a la causa la nota que le envió a uno de los amparistas en la que le proveía la información solicitada. La misma –junto a una nota en la que se explica la situación- se limita a informar una nómina de 16 funcionarios de los rangos jerárquicos más alto del Poder Ejecutivo, la función que cumple cada uno en el Estado provincial y la fecha de inoculación de las dosis".

Aclaró que “en ese contexto, admitimos que esa información fue provista, lo cual no quiere decir de ninguna manera que sea completa, veraz e integral, pero la plenitud de la información no es un tema para discutir en el mismo amparo”. “Nos limitamos a reconocer que esa información llego a manos de los amparistas y por lo tanto los jueces declararon abstracta la cuestión porque no había razones para sentenciar”, explicitó.

“No tengo instrucciones de seguir avanzando con esta causa”, reveló el letrado quien planteó además que “habría que preguntarle a los amparistas” si la información enviada por el gobierno provincial conforma su planteo.

Según su opinión personal, consideró: “La información provista es insuficiente, no me quedan dudas de que hay muchos otros funcionarios no incluidos que no se sabe porque razón no fueron informados. De todas maneras, el monopolio de la información pública la detenta el Ejecutivo –concretamente en este caso el Ministerio de Salud- , de tal manera que no tenemos forma de corroborar la veracidad de esa información si no es echando mano de otro tipo de instrumentos, pero no estoy instruido para hacerlo”.

Recordó que “básicamente el tema de los privilegios o preferencias en el proceso de vacunación en la provincia estalló en Gualeguaychú, o al menos tuvo más repercusión” y al respecto aseguró que “es un verdadero escándalo, que se hubiera resuelto si los respectivos gobiernos hubieran informado con claridad de porque razón se inoculaba a gente tan joven; porque tal vez había razones reales para hacerlo pero no se proveyeron y de este modo uno se queda, como ciudadano, pensando que hay algo irregular que se está tapando”.

“Y tampoco se puede entender cómo el Poder Ejecutivo provincial apela un fallo ejemplar como el que dictó (Hugo) Perotti (de la Cámara de Casación Penal) dándole cinco días para proveer un listado que al final termina proveyéndose igual. Eso habla a las claras de que hay alguna razón para sustraerse a esta obligación de proveer en tiempo y forma de un listado que toda la ciudadanía debería conocer sin problemas. Porque si estaba justificada la vacunación, ¿qué razón habría para ocultarla?”, reflexionó.

En este contexto, Arralde destacó que “la ministra siempre entendió lo se estaba pidiendo, pero es lógico que ella por más funcionaria jerárquica que sea es una funcionaria subordinada al titular del Poder Ejecutivo. Ella estaba cumpliendo instrucciones en esto. Y lo que se pedía es muy claro: era la identidad, la función estratégica que se ocupa para justificar ser vacunado con preferencia y la fecha de inoculación, no es nada de otro mundo y no se trata de ningún dato sensible que pueda invadir la esfera de privacidad de ningún funcionario, ni sus creencias religiosas ni sus creencias morales, políticas, orientación sexual, ni siquiera su estado de salud”.

Al respecto, estimó también que “no se sabía hasta dónde abrir la lista, y ese debe haber sido el dilema porque no cabe duda que hay muchísima gente más que no tiene funciones estratégicas en el Estado y que fueron inoculadas, y obviamente los cónyuges o convivientes está bien que fueran vacunados para cuidar al funcionario o funcionaria. No obstante, es claro que sigue siendo sospechosa la actitud del gobierno provincial, porque no es asequible asumir que solamente 16 funcionarios fueron inoculados”.

Analizó que “esto pasa porque no hay una ley de acceso a la información pública en Entre Ríos pese a que en 2008 la Convención Constituyente  lo consagró en su artículo 13, y mientras tanto la Nación sancionó la ley y Entre Ríos todavía la adeuda” y reclamó que “esto tiene que mover la actividad de los legisladores para que sancionen una ley a la altura de la Constitución que tenemos, no puede ser que nos estemos rigiendo por un decreto de (Jorge) Busti de 2005”.

Por último, reflexionó que “la información pública tiene que ver con un principio básico del sistema republicano que es la transparencia de los actos de gobierno, tiene que ver con una cuestión de participación ciudadana y además es una buena herramienta para combatir la corrupción, entonces quizás hay algún temor de abrirle a las puertas a cualquiera para controlar a un Estado que siempre ha jugado mucho con el ocultismo en muchos aspectos”. “Es una obligación del Estado ser transparente y brindar a la ciudadanía la información que está en poder del Estado, no nos conceden una gracia. En otros países esto ya ni siquiera se discute”, concluyó.

La Justicia entrerriana declaró abstracto el amparo por los vacunados del gobierno