En total, este año, el Estado dispone de $ 139.350 millones, $ 81.940 millones más que de los que disponía en 2024 ($ 57.410) y $ 104.734 millones más que en 2023
El rubro “servicios no personales”, que figura en el presupuesto nacional, es bien amplio: de acuerdo con el manual de clasificaciones presupuestarias del sector público nacional abarca todos aquellos gastos que resultan primordiales para el funcionamiento de los entes estatales y los destinados a la conservación y reparación de bienes de capital. Incluye el pago de servicios básicos, alquiler de edificios, terrenos y equipos, los servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, técnicos y profesionales, la publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros, entre otros. Dentro de este gran rubro del presupuesto, hay una subcategoría que se refiere a “otros servicios” y, dentro de estos, a algunos para los que el Estado dispone de dinero, pero cuyo fin último no está especificado y que quedan excluidos de todos los mencionados anteriormente. Por tanto, al igual que en el caso de los gastos reservados, no hay información pública disponible sobre cómo se utilizan estos fondos.
En total, este año, el Estado dispone de $ 139.350 millones, $ 81.940 millones más que de los que disponía en 2024 ($ 57.410) y $ 104.734 millones más que en 2023 (cuando el presupuesto era de $ 34.616 millones). El ítem de servicios no especificados pasó de representar, en un año, del 22,8% al 34,5% del gasto total que el Estado invierte en servicios.
Los ministerios que más recursos disponibles tienen para este rubro que no rinde cuentas son el de Seguridad, con $ 48.196 millones; y el de Justicia, con $ 41.886 millones. Le siguen el Ministerio de Salud, con $ 3.707 millones; y el de Relaciones Exteriores, con $ 2.574 millones. Entre esos cinco ministerios suman $ 96.363 millones. La Secretaría de Turismo y Deportes, que dirige Daniel Scioli, cuenta con $ 6.621 millones disponibles para estos gastos de los que, al igual que en el de los reservados, no existen detalles públicos.
Lo que resulta más significativo es el crecimiento del presupuesto en consumos que no se rinden en el caso de los Ministerios de Seguridad y de Justicia. El primero contaba, en 2024, con $ 5.564 millones, y el segundo, con $ 5.626 millones.
Si se toman los datos en términos porcentuales sobre la participación que estos conceptos no especificados tenían en el total de los servicios en los que invierte el Gobierno, el número actual (34,5%) es el mayor de los últimos años. En 2021 estos “servicios no especificados” representaban el 24% del total de esos gastos, un porcentaje que pasó al 27% en 2022, y al 29% en 2023. En 2024 bajaron al 22,8%, pero en un año el incremento es de 12 puntos porcentuales, el mayor interanual al menos en el período señalado y el número más grande en cinco años.
El dinero que para el ejercicio 2025 el Gobierno tiene presupuestado para los servicios –que no son los básicos y necesarios para el funcionamiento del Estado, ya que esos están contemplados en las demás categorías– es similar al previsto para el Hospital Garrahan ($ 186 mil millones), cuyos profesionales volvieron a marchar esta semana.
En este contexto, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, señaló en su cuenta de X que el Gobierno está “reordenando” el Hospital “para terminar con los curros ilegalesy la mala administración”. Afirmó además que “el problema nunca fue sólo de recursos: es de gestión y eficiencia. Por eso aumentamos el presupuesto, eliminamos privilegios y corregimos desvíos para que cada peso vaya donde tiene que ir: a la salud”.
Pero el dinero que el Estado presupuestó para los “servicios no especificados” es también el doble del disponible para el funcionamiento de hospitales universitarios ($ 77.636,84) y 28 veces superior al del Instituto Nacional del Cáncer, que es de $ 4.999 millones. Este último organismo dejó de existir como tal para convertirse en una dependencia del Ministerio de Salud, que cuenta casi con la misma cantidad de recursos ($ 3.707 millones) para gastos en servicios sobre los que –al contrario de lo que correspondería a una buena administración– no tiene que rendir cuentas.
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