Entre Ríos tiene una problemática habitacional innegable. Existe un déficit de viviendas que arroja varios síntomas sociales: hogares que comparten una misma vivienda; hacinamiento; viviendas irrecuperables; viviendas deficientes pero recuperables; falta de servicios básicos; falta de seguridad en la tenencia de la vivienda; imposibilidad de acceder a la propiedad.
Estos síntomas fueron traducidos a números por la Fundación Tejido Urbano, que produce investigaciones e informes en base a datos oficiales. El organismo sostiene que en Entre Ríos el “5,8% de los hogares tienen Necesidades Básicas Insatisfechas; 2,3% tiene hacinamiento crítico; y 26,1% de los hogares habitan viviendas con pisos de materiales deficientes”.
A los números que reflejan un mapeo de la realidad habitacional hay que agregarle condiciones como el acceso a servicios públicos. El “3,9% carece de agua potable de red; 22,3% no tiene cloacas; y 65,5% no tiene gas de red”. Asimismo, el “7,4% tiene algún nivel privación material (tanto de recursos patrimoniales como corrientes); 13% reside en una vivienda con tenencia precaria; y 43,5% tiene un clima educativo considerado bajo y muy bajo”.
El déficit habitacional urbano total afecta a 91.309 hogares en la provincia de Entre Ríos. “Este déficit se compone de 46.528 hogares que tienen hacinamiento, 22.938 en los que convive más de un hogar en una misma vivienda, y 21.843 hogares en viviendas precarias. Esto representa 20,7% de los hogares urbanos”, precisa la Fundación en el informe denominado “Radiografía de la situación habitacional entrerriana”, publicado el 15 de diciembre de 2025.
En el aglomerado de Concordia, el déficit es de 24,5%, en el aglomerado de Paraná es de 17,3%, y en el resto de la provincia es de 21,3%.
En el mismo informe, la Fundación sostiene que los hogares propietarios en 68,8% de los casos cuentan con escritura de su vivienda, mientras que 31,2% tiene otro tipo de documentos o directamente carece de documentación. La proporción de hogares urbanos que alquilan es de 20,8% (En 2001 era de 10%), alcanzando 22,6% en el aglomerado de Paraná, 16,2% en Concordia, y 21% en el resto de los aglomerados de la provincia.
Asimismo, el documento señala que los créditos hipotecarios tienen una baja incidencia (1,8% de las operaciones), con solo 507 altas desde marzo de 2024 hasta julio de 2025. El Banco de Entre Ríos representa el 18% de estos préstamos. Y la proporción de hogares con ingresos suficientes para acceder a créditos hipotecarios se encuentra entre 7% y 10,5%.
Monitor de créditos hipotecarios (Fundación Tejido Urbano)
Los que no tienen vivienda, los que viven mal y los que no pueden pagar un alquiler
“El déficit habitacional en la provincia tiene dos aristas: una es el déficit cuantitativo, la gente que no tiene vivienda propia; y el déficit cualitativo, las condiciones que no son dignas. El componente es ese. La política habitacional no va a resolver solamente el problema de la propiedad o titularidad, sino que hay un sector de la población, sobre todo jóvenes, que no pueden pagar un alquiler”, señaló a ANÁLISIS, Pablo Omarini, vicepresidente del IAPV. “Tenemos que pensar en política de acceso al alquiler. No todo es propiedad. ¿Cómo el Estado facilita para acceder al primer alquiler? Es bastante amplio el problema habitacional”, remarcó.
En el mismo sentido, subrayó que se trata de “un problema mundial”. “Más allá de la situación argentina y Entre Ríos en particular, en general en el mundo el déficit es alto. Por eso entendemos que no alcanza con la construcción de viviendas sino que hay que trabajar en otro tipo de planes que permitan atacar el déficit desde distintos lugares. No como solución absoluta”.
Espasmo frente a la crisis
La reacción del Gobierno frente a la crisis habitacional que atraviesa Entre Ríos no puede achacarse a la gestión actual, aunque esa condición no exima de responsabilidades a los dirigentes que están conduciendo el destino de la provincia. La problemática en la que se encuentra atrapado todo el distrito viene sedimentándose hace décadas, y se ha convertido en una característica estructural que es necesario atender con urgencia, desde distintas aristas, y de manera permanente.
Los gobiernos y sus dirigentes no pueden olvidar que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional garantizado en el Artículo 14 Bis; en los tratados internacionales con rango constitucional en el país (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). No se trata solo de tener un techo, sino de asegurar condiciones de habitabilidad y servicios. Un desafío urgente.
El lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios en la provincia es una reacción que no alcanza. El beneficio se pensó sólo para una ínfima porción de la población: empleados públicos con, al menos, un año en planta permanente y un salario que, como mínimo, alcance $1.800.000.
En este contexto, el vicepresidente del IAPV informó que a una semana del lanzamiento de la línea que se gestiona con el Banco de Entre Ríos, el organismo provincial registró casi 950 inscripciones. “Está claro que con 300 créditos no vamos a hacer la diferencia, en todo caso vamos aprobar una herramienta que nos marque el camino y si funciona tenemos que profundizar”, dijo y agregó que están “conversando con bancos privados para trabajar sobre otros sectores; monotributistas, asalariado del sector privado”.
Omarini reconoció que el convenio con el Banco aplica sólo para empleados de planta permanente, aunque existen trabajadores que reúnen condiciones pero su situación de revista es “estabilidad”. “Si jurídicamente podemos dar el fundamento técnico, la situación de personas que revisten el mismo vínculo de estabilidad que quienes están en planta permanente, podrían quedar dentro del beneficio. Lo estamos estudiando. Hasta ayer había casi 950 inscriptos. Después haremos el cruce con bases de datos de Recursos Humanos de la provincia y a partir de ahí podremos conocer los tipos de vínculo con el Estado”.
La nueva línea de crédito triplicó el cupo en pocos días
El convenio que hizo la provincia con la entidad financiera fue por un cupo máximo de 300 créditos. En apenas una semana, la cantidad de inscriptos triplicaron ese cupo, acercándose a los 950 solicitantes a través del IAPV. “Suponíamos que esto iba a suceder. Nuestro plan de acción es agotar este cupo de 300 y encarar una nueva negociación con el Banco para una segunda etapa. Aunque el primer objetivo es lograr el éxito de esta primera etapa”.
Omarini aseguró que en el marco de la línea de Crédito Raíces (para la construcción en lote propio), aproximadamente un 50% de los que se inscribieron lograron acceder al beneficio. “Por los requisitos del banco y otras cuestiones. Vamos a ver cómo evolucionan los inscriptos. Lo importante es agotar el fondeo dispuesto. Ojalá nos quedemos cortos y tengamos que relanzar porque significará que la herramienta es buena”.
“No vamos a tener más de 15 o 20 días para pasar toda la información al Banco. Estamos ajustando las bases de datos, esa tarea de filtro previo o precalificación, no lleva tanto tiempo. Después queda el trámite en el Banco, que no es algo que salga de la noche a la mañana, tiene su proceso”.
Presupuesto, fondos y distribución
El presupuesto anual del IAPV para 2026 es de 45 millones de pesos. Consultado al respecto, Omarini dijo que se trata de un “presupuesto estimado de ingresos que el instituto realiza proyectando lo que recibe del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que además reciben todos los institutos de vivienda del país”. “Proyectamos lo que el Fonavi va a transferir mes a mes. Es un porcentaje que se coparticipa del Impuesto a los Combustibles. A veces la proyección viene muy bien y otras veces baja en función de la recaudación de ese impuesto”, manifestó.
“El financiamiento está compuesto casi de manera excluyente por fondos nacionales y el recupero de cuota que realiza el Instituto”, aclaró. “Eso también ingresa para financiar gastos corrientes. Por un lado el recupero de cuotas y por otro el fondo nacional”, remarcó. “Con eso nos solventamos y hacemos obras. Hoy con el mismo presupuesto que había en gestiones anteriores fondeamos estos programas”.
“La ejecución de ese presupuesto viene bien pero tiene que ver con variables como el avance y riesgo de obra pública y certificados de obra pública. En lo que está quedando de cuatrimestre, ese avance puede variar por ejemplo por circunstancias climáticas. Eso puede implicar baja en certificados y mermar el ritmo de obra pública. Estamos afectando prácticamente todos los fondos nacionales que recibimos para este tipo de planes”, señaló y precisó que "al cierre de agosto, el total de recursos recaudados por el organismo son aproximadamente 39.500 millones de pesos". De ese total recaudado se gastaron "28.500 millones, lo cual implica un 72%" de ejecución.
No hay una distribución presupuestaria del IAPV determinada por departamento. “Obviamente trabajamos para que haya obras en toda la provincia. Pero no hay coeficiente y criterio predeterminado. Muchas veces la demanda habitacional no responde a eso. Claro que conglomerados como Concordia, Paraná, Gualeguaychú tiene que ver con problemáticas más complejas que otras ciudades con más facilidades de acceso al suelo. No necesariamente tenemos que hacer una política donde todo sea igual para todos. Lo importante es que en toda la provincia y todos los departamentos haya créditos del Instituto en marcha”, manifestó.
Precisó en relación al crédito Raíces que están evaluando “1.200 solicitudes de créditos en toda la provincia. Y nos queda evaluar unas 1.200 más. Después hay que ver cuántos aplican a los créditos. Pero es muchísima gente que está en toda la provincia”.
Por último, el vicepresidente del IAPV añadió que tienen “un poco más de 400 viviendas en construcción y el objetivo es finalizarlas este año”.
