Según un informe oficial del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, los aportes a municipios y entidades se concentraron en pocos destinatarios; las juntas de gobierno reciben seis veces más dinero que en 2023; el gasto en personal se triplicó y la Secretaría Privada del ministro Manuel Troncoso consumió más de 60 millones en refacciones, muebles y equipos. Los datos fueron consignados en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por ANÁLISIS en el mes de julio.
La respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por ANÁLISIS el 7 de julio permite reconstruir cómo cambió en tres años la cartera que conduce Manuel Troncoso. Se envió a esta Redacción un documento consolidado -de más de 40 páginas- que remitieron las distintas áreas del Ministerio de Gobierno y Trabajo, ordenado según los puntos del pedido original y su ampliación. Vienen con él dos anexos en planilla de cálculo, uno con el presupuesto y su ejecución desde 2023 y otro con las contrataciones de bienes y servicios. El anexo de contrataciones, por su parte, arranca en 2024: del ejercicio 2023 no hay una sola orden de compra, aunque el pedido abarcaba ese año. Y en la sección sobre reforma política, el propio Ministerio se atribuye haber impulsado la Ley 11.191, la de acceso a la información pública, que fija un procedimiento ágil y plazos concretos para los sujetos obligados.
El capítulo más revelador es el de los aportes a municipios, comunas, juntas de gobierno y organizaciones de la comunidad. El Ministerio lo presenta con una tesis: desde 2024 se abandonó la dispersión de fondos en cientos de cheques chicos y se pasó a intervenciones económicamente significativas, vinculadas con necesidades verificables. El objetivo, dice el texto, no es distribuir más veces sino asignar mejor. Las cifras que siguen muestran el cambio de escala: en 2023 se otorgaron 473 aportes por 265 millones de pesos, con un promedio de medio millón; en 2024, 210 aportes por 259,6 millones; en 2025, 22 aportes por 294,5 millones, con un promedio de diez millones; y en 2026, hasta el corte de julio, 20 aportes por 382,6 millones, a veinte millones cada uno.
Hay dos lecturas posibles de esa tabla y el Ministerio ofrece solo una. La otra es que el monto total apenas se movió en pesos nominales, de 265 millones en 2023 a 383 en 2026, mientras la inflación acumulada en el medio multiplicó los precios varias veces. En términos reales, la provincia destina hoy a esta política una fracción de lo que destinaba en el último año de Gustavo Bordet. Lo que cambió no es cuánto se reparte sino a cuántos y a quiénes.
El listado de 2023 es una radiografía del año electoral. De los 265 millones, 196,7 fueron a juntas de gobierno y comunas por programas específicos, en casi 200 resoluciones de unos 300 mil pesos. El resto, unos 68 millones, se repartió en alrededor de 270 aportes de entre 120 mil y 250 mil pesos a clubes, parroquias, cooperativas de trabajo, bibliotecas populares, cooperadoras escolares, centros de jubilados y asociaciones de descendientes de alemanes del Volga. La mayoría lleva fecha de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, en la recta final hacia las elecciones provinciales. Entre los beneficiarios de 250 mil pesos figura la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, con resolución del 19 de septiembre de 2023, cuando aún gobernaba Gustavo Bordet (PJ). Los aeroclubes tuvieron un trato aparte: el de Rosario del Tala recibió 1,39 millones en dos partidas de febrero, el de Colón 1,78 millones en dos de octubre. Y hay una línea que no encaja con las demás: un aporte de 736.459 pesos cuyo beneficiario es la Tesorería General de la Provincia.
El 2024, año de transición, mantuvo los 194,8 millones de pesos para juntas y comunas y redujo el resto a una veintena de aportes de 950 mil pesos, con cuatro excepciones que anticipan el nuevo criterio: 18 millones al Club Atlético Ferrocarril de Chajarí, 15 millones al Club Atlético B.H. de Gualeguay, 14,5 millones a la Municipalidad de Estancia Grande y 3,6 millones a la Asociación Civil Proyecto Deporte Solidario.
A partir de 2025 el mapa se achica y los montos crecen. Ese año la Municipalidad de Nogoyá recibió 40 millones; la de Gualeguaychú 39,9; la de Hernandarias 34,7; la de Colonia Elía 31,3; la de Villa del Rosario 20; la comuna Sauce Montrull 15; la Municipalidad de San Benito 15; la de La Criolla 14,9 y la de Rosario del Tala 10. Entre las entidades privadas, el Club Deportivo Real Concordia se llevó 25 millones y la Escuela Privada Nº 34 Manuel Belgrano 9,9 millones. En 2026, hasta julio, las dos transferencias más grandes fueron de 50 millones cada una, a las municipalidades de Rosario del Tala y de Crespo. Le siguen Pueblo General Belgrano con 40 millones en dos resoluciones, Concordia con 35, Alcaraz y Gilbert con 30 cada una, Seguí con 25, General Galarza con 20, Aranguren y San Jaime de la Frontera con 15 y 10, la comuna Jubileo con 13,5 y otra vez La Criolla con 7,7. Dos escuelas privadas y un centro de jubilados completan la lista: la Escuela Tuparai de Chajarí con 24,2 millones, el Instituto Nuestra Señora de Luján con 10 y el Centro de Jubilados y Pensionados de San Salvador con 12.
La respuesta identifica cada aporte por número de resolución, pero no dice para qué se otorgó. El objeto y demás antecedentes, aclara, surgen de cada acto administrativo, que está a disposición en el Ministerio. Es una omisión que pesa: el argumento central de la nueva política es que cada transferencia guarda proporción con una necesidad concreta y se traduce en obras, equipamiento o servicios, y justamente esa correspondencia es lo que la respuesta no permite verificar. Rosario del Tala acumuló 60 millones en dos años; La Criolla 22,6, y dos escuelas de gestión privada recibieron entre ambas 34 millones por la ventanilla del Ministerio de Gobierno, no la del Consejo General de Educación. Los intendentes de las localidades más favorecidas y su pertenencia política son un dato que el lector puede cotejar por su cuenta.
El otro brazo de la relación con el territorio son las Juntas de Gobierno, los centros rurales que todavía no se convirtieron en comunas. La Ley 7.555 asigna a cada una suma mensual equivalente a 55 sueldos básicos de la categoría 10 del escalafón provincial, sin distinción por población. La planilla permite seguir esa cuota mes a mes: 909.590 pesos en enero de 2023; 1.308.505 en julio de ese año; 2.253.515 en enero de 2024; 3.802.590 en junio de 2024; 4.880.645 en marzo de 2025 y 5.692.830 desde marzo de 2026. Entre enero de 2023 y marzo de 2026 la asignación se multiplicó por 6,3. En el presupuesto, la partida de transferencias del programa de gobiernos locales pasó de 1.885 millones devengados en 2023 a 4.869 en 2024 y 5.893 en 2025; para 2026 tiene asignados 6.408 millones. Las compensaciones de presidente, secretario y tesorero de cada junta, que la ley fija en dos, uno y un sueldo básico, siguieron la misma curva: de 66.152 pesos por junta y por mes en enero de 2023 a 414.024 en 2026. Ese ingreso, recuerda el propio informe, es compatible con un cargo público y no obliga a rendir cuentas.
En los cuadros de 2024, 2025 y 2026 aparecen líneas de retención y devolución: una devolución de 4,19 millones de la junta de Lucas Sud, fondos retenidos a Médanos por 2,12 millones y a Arroyo Las Tunas por 4,88 millones en 2025, y una retención a Lucas Sud II por 4,88 millones en 2026. El Ministerio no explica los motivos. Son, en principio, juntas a las que se les frenó la cuota mensual por algún incumplimiento, y merecerían una consulta puntual.
El presupuesto total del Ministerio, que abarca las Secretarías de Gobierno, de Trabajo y de Cultura, pasó de 5.772 millones asignados en 2023 a 9.680 en 2024; 12.891 en 2025 y 14.423 en 2026. Dentro de ese total, el gasto en personal devengado fue de 1.453 millones en 2023; 3.115 en 2024 y 4.477 en 2025; en lo que va de 2026 lleva 2.340. El programa Conducción Superior, que es el gabinete del ministro, gastó en sueldos 282 millones en 2023; 642 en 2024 y 1.038 en 2025. El programa de coordinación y supervisión de políticas administrativas, el aparato central de la cartera, pasó de 587 millones en personal a 2.249 en el mismo lapso. Para 2026 se creó un programa nuevo, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Capacitación en Procesos de Reforma Institucional, con 89 millones, 65 de ellos para sueldos.
La nómina que acompaña ese gasto suma, en las tres direcciones de administración, 409 agentes de planta permanente, 163 contratos temporarios y 82 funcionarios. En la Secretaría de Gobierno la proporción es llamativa: 85 empleados de planta y 24 funcionarios, uno cada tres y medio. En Trabajo son 160 y 27; en Cultura, 164 y 31.
Hay un fondo que merece atención propia: el de Educación y Promoción Cooperativa de la Ley 23.427, que administra el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades. En 2023 tuvo 321 millones presupuestados y ejecutó 24. En 2024, 831 millones presupuestados y 70,5 ejecutados, el 8,5 por ciento, con 605 millones asignados a préstamos y activos financieros para cooperativas de los que no se devengó un peso. En 2025 la ejecución mejoró, 527 de 1.099 millones, pero la partida de préstamos, 220 millones, volvió a quedar en cero. Para 2026 el fondo tiene 2.046 millones asignados, y la partida más grande ya no es de préstamos ni de transferencias sino de servicios no personales: 1.243 millones. Es decir, el dinero que la ley destina a promover cooperativas se presupuesta cada vez más como contratación de servicios y cada vez menos como crédito a las cooperativas.
El anexo de contrataciones ayuda a entender esa línea. El Instituto de Promoción Cooperativa contrató un servicio de marketing digital por cuatro meses a Fernando Donnangelo Silva por 6,69 millones, un mantenimiento de pintura de sus oficinas a la Cooperativa de Trabajo Vida Limpia por 8,7 millones, trabajos eléctricos por 2,6 millones, y alquila su sede de calle Tucumán 188 en Paraná a Lucio Aspillaga por 1,6 millones mensuales con renovación semestral por IPC, además de una oficina en Concordia por 900 mil. El mismo Donnangelo Silva cobró del Ministerio otros 6,5 millones por un concepto que la planilla describe como cobertura de la vigilia del 9 de julio. Y por contratación directa, por vía de excepción, se pagaron 6 millones a Marcos David Mazzocco por un programa en comunicación y oratoria.
En total, el Ministerio informa 149 órdenes de compra entre 2024 y lo que va de 2026, por unos 275 millones: 98,6 millones en 2024, 126,1 en 2025 y 50 en 2026. Casi todas son solicitudes de cotización, el mecanismo más simple de la Ley 5.140. El proveedor que más facturó es Lenar Construcciones S.A.S., con 38,4 millones en ocho órdenes, todas para la Secretaría Privada del ministro. Tres de ellas, en 2024, son casi idénticas: remodelación de oficina de la Secretaría Privada por 6.941.210 pesos, remodelación de oficinas por 6.986.861 y reparación de pisos de madera del despacho por 6.977.038. Tres pedidos de cotización de alrededor de siete millones para el mismo espacio y el mismo contratista, en lugar de una licitación por 21 millones, es un patrón que la ley de contrataciones conoce con nombre propio y que el expediente tendría que despejar.
La cuenta de la Secretaría Privada sigue en 2025: otra refacción de la oficina privada por 7,27 millones, también a Lenar, autorizada por la resolución 064/2025; amoblamientos por 7,08 millones y luminarias por 4,95 a Terramat S.R.L.; provisión y recolocación de aires acondicionados por 5,53 millones y reparación de otros por 1,69, de nuevo a Lenar. En 2026, un equipo de aire para la oficina 36 por 2,51 millones. A eso se suman dos notebooks por 4,2 millones y otras tres por 4,25 en 2024, a Hasar Servicios, una heladera tipo minibar por 479.400 pesos y dos cafeteras, una en 2024 por 289.100 y otra en 2025 por 489.000. Sumado, el despacho del ministro y su secretaría privada explican más de 60 millones de los 275 que informa el anexo.
La flota es el otro rubro fijo. Un Corolla, un Cruze, un Vento, un Bora, una Amarok, una Hilux, una Kangoo, un Peugeot 206 y un 408 generaron 64 órdenes de taller y gomería por 43,6 millones en dos años y medio, más el combustible por el programa YPF en Ruta, que en 2026 se contrató por vía de excepción por 24 millones. Ramiro Della Ghelfa cobró 15 millones en 19 órdenes; Mecánica Dorrego, de Ricardo Palavecino, 10,8 millones en 22. La Amarok de la Secretaría de Gobiernos Locales cambió el embrague completo en 2024, por 2,95 millones, y volvió a repararlo en 2025 por 1,73. Al Cruze se le cambiaron pastillas y se le rectificaron los discos por 643.400 pesos en una orden de 2025 que aparece dos veces en el listado, con el mismo monto y el mismo proveedor. Y el servicio de agua en dispensers para las oficinas pasó de 5,16 millones anuales en 2024 a 9,36 en 2025 y 2026.
Entre las compras para el territorio sobresale una: 24 equipos fumigadores para comunas y juntas de gobierno, en tres partidas de nueve, nueve y seis unidades, por 22,2 millones, todos a la Nueva Ferretería Francisco Ramírez de Ernesto Golda. Las dos partidas de nueve se hicieron el mismo año, 2025, una pedida por la Secretaría Privada y otra por la Secretaría de Gobiernos Locales.
En Trabajo
El informe de la Secretaría de Trabajo, que conduce Mariano Camoirano, es el más extenso y el más cuidadoso en su redacción. Dice que las inspecciones laborales pasaron de 2.676 en 2023 a 4.336 en 2024 y 4.337 en 2025, y que en el primer semestre de 2026 ya van 2.255. Dice también que las sanciones cayeron de 352 en 2023 a 202 en 2024, 206 en 2025 y 67 en el primer semestre de 2026. Y que en Policía del Trabajo, el área que controla el cumplimiento de la ley laboral, pasaron de 237 a 99, 72 y 26. La explicación oficial es un cambio de enfoque: prevención, intimación, plazo de adecuación y reinspección antes que multa. El propio informe admite que esa lectura es compatible con los datos pero no está probada por ellos, y que la baja puede deberse también a la dotación del área de sumarios o a cambios en la tipificación de infracciones.
Lo más franco del capítulo es el diagnóstico de febrero de 2024, que describe lo que la nueva gestión encontró: un cuerpo de inspectores fragmentado, sin comunicación interna ni liderazgo, sin plan ni metas, con inspectores que hacían entre una y treinta fiscalizaciones por mes según su criterio personal, y con registros digitales tan irregulares que la provincia pagó penalizaciones ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por actas duplicadas y checklists omitidos. Sobre los conflictos colectivos, la respuesta reconoce que no existe registro anterior a 2024, que el que hubo desde entonces se llevó de manera informal y que recién en abril de 2026 se formalizó. Las audiencias de conciliación individual, en cambio, crecieron un 51 por ciento entre 2024 y 2025, de 1.147 a 1.732.
El cuadro de paritarias reconstruye la relación con los gremios estatales y docentes desde marzo de 2024. Se ve el arranque con un 18 por ciento sobre haberes de enero, un mínimo de bolsillo de 393 mil pesos y contratos de obra que subieron de 200 a 300 mil pesos, luego a 418 mil y a 500 mil en octubre de 2024. Se ve el año 2025 atado al IPC mensual. Y se ve el 2026: en febrero, un 15,8 por ciento calculado sobre la base de junio de 2025, ocho meses atrás, que absorbió sumas no remunerativas previas y que UPCN firmó y ATE rechazó; en marzo, una oferta docente de 750 mil pesos de mínimo rechazada por unanimidad por incluir 45 mil no remunerativos, con la instancia administrativa cerrada; en mayo, 3,5 por ciento; y en julio, 7 por ciento en dos tramos, de nuevo con la firma de UPCN y el rechazo de ATE, que dejó asentada en el acta una pérdida de poder adquisitivo del 8,8 por ciento en el trimestre anterior.
El cierre es la agenda de reformas: la ley de acceso a la información, la de transición de gobierno, la eliminación de los gastos reservados, la boleta única de papel, las pensiones vitalicias de gobernadores y vicegobernadores, recientemente sancionadas y la ley de ética pública con ficha limpia, que está en el Senado y deberá volver a Diputados si se aprueba con cambios. La Dirección de Asuntos Políticos informó haber acompañado unos 130 proyectos de ley. Es un balance legítimo. Pero la misma respuesta que lo enumera se tomó dos meses, no contestó dos puntos, omitió las contrataciones de 2023, no informó el destino de 1.200 millones en subsidios y explicó la caída real de la asistencia a municipios como una mejora de calidad. La transparencia, como los aportes, también se puede medir por cantidad o por suficiencia.
