El presupuesto del organismo se triplicó y su planta de personal se achicó un 17 por ciento.
El documento llegó un viernes, el 11 de septiembre, con la firma electrónica de la Unidad de Información Financiera que conduce el exfiscal Paul Starc y el membrete del Ministerio de Justicia. Tiene cinco carillas. Las dos primeras no responden nada: son un preámbulo jurídico, una muralla de citas a la ley 25.246, al artículo 22 sobre el deber de secreto, al inciso e) del artículo 8 de la ley de acceso a la información, al decreto 206/2017. Recién en la tercera página, después de advertir que lo pedido "no se encuentra totalmente comprendido dentro del concepto de información pública", el organismo empieza a entregar números. Y los números, leídos uno al lado del otro, cuentan una historia que el preámbulo parecía querer evitar.
El pedido había sido presentado el 15 de julio, bajo la ley 27.275, con siete preguntas concretas sobre la actividad de la UIF en Entre Ríos desde 2020: cuántos reportes de operaciones sospechosas se originan en la provincia y quién los presenta, cuántas investigaciones abrió la Unidad con foco entrerriano, cuántos informes de inteligencia envió a la Justicia federal con asiento en la provincia, en qué causas actúa como querellante, a quiénes sancionó, a quiénes inspeccionó y con qué presupuesto y personal trabaja. La ley fija quince días hábiles para responder, prorrogables por otros quince. La UIF tardó cincuenta y ocho días corridos.
Una provincia que reporta cada vez más
La primera tabla de la respuesta es la que la UIF más se esmeró en completar. Desde 2020 hasta lo que va de 2026, los sujetos obligados con domicilio en Entre Ríos, es decir bancos, casas de cambio, agentes de bolsa, registros automotores, aseguradoras, concesionarias, salas de juego, presentaron 1.044 reportes de operaciones sospechosas, los llamados ROS, la materia prima con la que trabaja el sistema antilavado.
La curva es ascendente. En 2020, año de pandemia y de economía semiparalizada, fueron 114. En 2021 subieron a 134, en 2022 a 143 y en 2023 tocaron el techo de la serie: 202 reportes, un 77 por ciento más que tres años antes. En 2024 bajaron a 188, en 2025 a 140 y en 2026, con el año todavía abierto, ya sumaban 123. Si el ritmo se mantiene, este año cerrará por encima de los 180 y volverá a ubicarse entre los más altos del período.
Quién reporta es tan revelador como cuánto. El grueso del volumen lo aportan las entidades financieras y cambiarias: 643 reportes en siete años, el 62 por ciento del total, con una meseta de 111 a 112 reportes anuales que se sostiene sin variaciones desde 2024. Los bancos entrerrianos, en otras palabras, reportan hoy el doble que en 2021.
El segundo lugar lo ocupa un sector que rara vez aparece en el debate público sobre el lavado: los Registros de la Propiedad Automotor y sus registros seccionales, con 187 reportes acumulados. Ahí la curva tiene forma de montaña: 17 en 2020, 33 en 2021, 41 en 2022, 59 en 2023, y después un desplome vertical a 28 en 2024, 6 en 2025 y apenas 3 en 2026. Los registros automotores de Entre Ríos, que en 2023 veían algo sospechoso cada seis días, hoy ven algo sospechoso cada tres meses. Nada en la respuesta explica el cambio. Puede haber una modificación normativa detrás, o un cambio en el criterio de los encargados de registro, o simplemente menos ganas de reportar. La UIF no lo dice, y es una de las preguntas que quedan abiertas.
El mercado de capitales aporta 144 reportes en total, con una particularidad contable: hasta 2022 la UIF los computaba bajo la categoría "sociedades de bolsa" (13, 25 y 32 reportes) y desde 2023 pasó a llamarlos "agentes de liquidación y compensación" (37, 27, 8 y 2). El cambio de nombre no oculta el cambio de tendencia: los agentes bursátiles entrerrianos reportaron 37 operaciones sospechosas en 2023 y dos en lo que va de 2026.
Las aseguradoras recorren el camino inverso. Prácticamente ausentes hasta 2023, con uno, uno y tres reportes, saltaron a 18 en 2024, 11 en 2025 y 6 en 2026. Es el único sector que despierta cuando los demás se adormecen.
Y después está lo que no aparece. La tabla de la UIF no tiene una fila para escribanos, ni para inmobiliarias, ni para contadores, ni para cooperativas y mutuales, ni para los operadores de juego provincial más allá de "bingos y loterías", que suman 13 reportes en siete años, y de un solitario reporte de juego por internet en 2023. En una provincia con un mercado inmobiliario que mueve fortunas en dólares billete, con decenas de cooperativas y mutuales de crédito, con escribanías que certifican compraventas de campos y con casinos en cada ciudad cabecera, ningún sujeto obligado de esos rubros parece haber visto una sola operación sospechosa desde 2020. O la vio y no la reportó. La ausencia no es un dato menor: es, quizás, el más elocuente de la tabla.
El embudo
Si la primera tabla muestra lo que entra, la segunda muestra lo que sale. Y es ahí donde la respuesta de la UIF se vuelve incómoda. La pregunta era cuántos informes de inteligencia financiera y colaboraciones había remitido la Unidad a los juzgados y fiscalías federales con asiento en la provincia, en las jurisdicciones de Paraná y Concepción del Uruguay. La respuesta cabe en una tabla de tres filas y ocho columnas, y se lee como un electrocardiograma que se va aplanando.
En 2020 la UIF envió 16 informes a la Justicia federal entrerriana. En 2021, 11. En 2022, 21, el pico de la serie. En 2023, siete. En 2024, ocho. En 2025, uno. En 2026, hasta el 31 de agosto, tres. Sesenta y siete informes en siete años, de los cuales 48, el 72 por ciento, se concentran en los tres primeros. Desde 2023 hasta hoy, en tres años y ocho meses, la UIF le mandó a los jueces y fiscales federales de Entre Ríos 19 informes. Menos de uno cada dos meses. Para una provincia que en el mismo lapso generó 653 reportes de operaciones sospechosas.
El detalle por destinatario agrava el cuadro. Los juzgados federales de Concepción del Uruguay, que en 2020 recibieron 12 informes y en 2021 diez, no recibieron ninguno en 2025 y ninguno en 2026. Los juzgados federales de Paraná, la capital de la provincia, sede de la Cámara Federal de Apelaciones y de un Tribunal Oral Federal, recibieron en siete años un total de nueve informes: tres en 2020, uno en 2021, tres en 2022, uno en 2023, ninguno en 2024, ninguno en 2025 y uno en 2026. Las fiscalías federales de Concepción del Uruguay sostienen un goteo, 24 informes en el período, con un pico de 11 en 2022. Y las fiscalías federales de Paraná, sencillamente, no figuran: no hay una fila para ellas en la tabla, lo que sólo puede significar que en siete años la UIF no les remitió nada.
Vale la pena detenerse en ese silencio. En Paraná funcionan dos juzgados federales y una fiscalía federal que, entre otras cosas, lleva las investigaciones por narcotráfico de la mitad de la provincia. Es la jurisdicción donde se radicaron algunas de las causas más importantes de los últimos años en materia de corrupción pública y lavado. Y la UIF, el organismo del Estado nacional creado para detectar dinero sucio y ponerlo en manos de los fiscales, no les envió una sola colaboración en siete años, y a los jueces, una en los últimos tres.
La explicación no está en la respuesta a ANÁLISIS, pero sí en el registro público de lo que pasó con la UIF en ese lapso. La Unidad cambió dos veces de conducción desde 2023 y una vez de ministerio: los actos administrativos de 2023 llevan la sigla del Ministerio de Economía, la respuesta de 2026 lleva la del Ministerio de Justicia. Ignacio Yacobucci, designado por el gobierno de Javier Milei en febrero de 2024, fue desplazado en enero de 2025 en medio de cuestionamientos por el magro desempeño del organismo en causas de narcotráfico y lavado. Lo reemplazó el fiscal Paul Starc, con un mandato explícito: adecuar la UIF a los estándares del GAFI y, sobre todo, sacarla del rol de parte en los expedientes judiciales. En abril de 2025 el decreto 274 formalizó ese giro y dispuso que la Unidad dejara de actuar como querellante. El año en que la UIF le envió un solo informe a la Justicia federal de Entre Ríos es exactamente el año de esa reconversión.
Siete causas, ninguna nueva
La pregunta sobre las querellas obtuvo una lista de siete expedientes en los que la UIF interviene o intervino como querellante en tribunales entrerrianos. Cuatro tramitan en la jurisdicción de Concepción del Uruguay: una causa de 2017 en la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal 1, dos elevadas a juicio ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, iniciadas en 2018, y una de 2019 radicada en la Secretaría de Derechos Humanos del mismo juzgado. Dos están en Paraná, ambas de 2020, una en cada Secretaría Penal del Juzgado Federal 1. La séptima es una causa de 2021 que ya está en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.
La UIF no informó carátulas ni imputados, y el número de expediente es lo único que permite identificarlas. Pero hay un dato que la lista revela sin necesidad de más detalle: la causa más reciente es de 2021. En 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 la Unidad no se presentó como querellante en ningún expediente nuevo con radicación en Entre Ríos. Cinco años sin una querella. Y las siete que quedan tienen fecha de vencimiento: el decreto 274/2025 le prohíbe al organismo asumir ese rol hacia adelante, y en tribunales de todo el país las defensas ya empezaron a pedir que se lo aparte de los juicios en curso. El Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py rechazó un planteo de ese tipo en septiembre de 2025, en la causa de los cuadernos, con el argumento de que el decreto no aclara qué pasa con las causas donde la UIF ya estaba presentada. La misma discusión puede llegar a Concepción del Uruguay en cualquier momento.
Cinco sanciones, todas del mismo año
La quinta pregunta pedía cantidad y detalle de las sanciones administrativas aplicadas desde 2020 a sujetos obligados con domicilio en Entre Ríos. La UIF respondió que sancionó a cinco, y en un gesto que el propio organismo presenta como "transparencia institucional" acompañó los enlaces a las resoluciones: las RESAP 22, 46, 51, 72 y 135, todas del año 2023 y todas firmadas cuando la Unidad dependía todavía del Ministerio de Economía.
Todas de 2023. Ninguna de 2020, 2021 ni 2022. Ninguna de 2024, 2025 ni 2026. En siete años de vigencia de un régimen sancionatorio que prevé multas de hasta diez veces el valor de la operación no reportada, la UIF castigó a cinco sujetos obligados entrerrianos, en un único año, y después no volvió a hacerlo. Las resoluciones están publicadas en el sitio oficial y permiten identificar a los sancionados y el monto de cada multa; el patrón de los sumarios de ese período, en todo el país, fue el de escribanos y pequeños operadores multados por no haberse inscripto en el registro de sujetos obligados, incumplimientos formales de baja entidad. Si los cinco casos entrerrianos siguen esa línea, el saldo sería todavía más magro: siete años de supervisión sin una sola sanción por no reportar una operación sospechosa.
La sexta pregunta, sobre supervisiones e inspecciones, completa el cuadro. Entre 2020 y 2026 la UIF concluyó once inspecciones a sujetos obligados con domicilio en Entre Ríos: una en 2021, cinco en 2023 y cinco en 2026. En 2020, 2022, 2024 y 2025 no se terminó ninguna. Es decir, en cuatro de los siete años del período la Unidad no cerró una sola inspección en la provincia. Y las once concluidas terminaron, todas, en el mismo lugar: tres fueron archivadas, una fue archivada con recomendaciones, dos fueron archivadas porque el sujeto obligado se dio de baja del registro y una, la única que encontró algo, concluyó con medidas correctivas y posterior archivo. Once inspecciones, once archivos. Ningún sumario, ninguna sanción, ninguna derivación a la Justicia.
Las cinco inspecciones de 2026 merecen una lectura aparte. Son las primeras en tres años y coinciden con la gestión de Starc y con la necesidad del organismo de mostrar actividad supervisora ante la evaluación del GAFI. Que las cinco se hayan cerrado sin consecuencias en menos de ocho meses habla de la velocidad con que se tramitan, o de la profundidad con que se hacen.
Más plata, menos gente
La séptima pregunta pedía presupuesto y dotación, con su evolución desde 2023. La UIF la respondió con dos tablas que, puestas una sobre la otra, dibujan una tijera.
El presupuesto asignado a la Unidad fue de 2.649 millones de pesos en 2023, de 6.341 millones en 2024, de 7.626 millones en 2025 y de 7.701 millones en 2026, este último con la particularidad de ser una cifra redonda, sin centavos, que sugiere más una estimación que un crédito votado. En términos nominales, sin descontar inflación, el presupuesto se multiplicó por 2,9 en tres años. La ejecución fue casi total en 2023 (99,8 por ciento) y en 2024 (99,1 por ciento), bajó al 92 por ciento en 2025 y al 27 de agosto de 2026 llevaba gastado el 75 por ciento del crédito anual.
La planta, en cambio, se achica año tras año. Al 31 de diciembre de 2023 la UIF tenía 265 agentes: 251 de planta sectorial, siete extraescalafonarios y siete contratados bajo el decreto 1109/2017. Un año después eran 257. A fines de 2025, 233. Al 27 de agosto de 2026, 220: 211 de planta, tres extraescalafonarios, uno fuera de nivel, dos adscriptos y tres bajo el decreto 1109. En tres años el organismo perdió 45 personas, el 17 por ciento de su dotación, y la planta sectorial, que es la que analiza los reportes y arma los informes, cayó de 251 a 211.
El cruce de las dos tablas da un resultado que la UIF no explicita: el gasto por agente pasó de unos 10 millones de pesos anuales en 2023 a unos 35 millones en 2026. Con menos analistas y más presupuesto, la Unidad produce para Entre Ríos menos informes que nunca. La pregunta de en qué se va el dinero no era parte del pedido, pero la respuesta la deja planteada.
Lo que la UIF no quiso decir
De las siete preguntas, la UIF respondió seis y se negó a contestar una: la segunda, que pedía la cantidad de análisis o investigaciones iniciados por la Unidad desde 2020 vinculados a operaciones con origen, destino o efectos en Entre Ríos. El organismo alegó que no cuenta con la información "sistematizada bajo el criterio interpretativo requerido", que no le resulta "técnicamente posible" identificar y cuantificar esas investigaciones, y que la ley no lo obliga a "procesar, clasificar o producir información con la que no cuenta". Y remató con una advertencia de alcance general: "cualquier grado de mayor detalle o precisión importaría la revelación de información alcanzada por el deber de guardar secreto establecido en el artículo 22 de la ley 25.246".
Es una respuesta que se sostiene en dos pilares distintos y hasta contradictorios. El primero dice que la UIF no sabe cuántas investigaciones abrió sobre Entre Ríos porque no clasifica sus investigaciones por provincia. El segundo dice que, aunque lo supiera, no podría decirlo porque es secreto. Si vale el primero, el segundo sobra. Si vale el segundo, el primero es innecesario. Que un organismo de inteligencia financiera con 220 agentes y 7.700 millones de pesos de presupuesto no pueda saber cuántos de sus expedientes tienen que ver con una provincia es, en cualquier caso, un dato en sí mismo.
Hay un descuido de redacción que merece registrarse. El informe anuncia que responderá "los puntos 1, 4, 5, 6 y 7" del requerimiento, y a renglón seguido responde también el punto 3, el de los informes a la Justicia, sin mencionarlo. Es como si la tabla más comprometedora de todas se hubiera colado en la respuesta sin que el redactor terminara de decidir si la incluía. Quedó adentro, y es la que explica todo lo demás.
El sistema antilavado argentino funciona, en teoría, como un circuito: los sujetos obligados reportan, la UIF analiza, la UIF informa a la Justicia, la Justicia investiga. Los números de Entre Ríos muestran un circuito con la primera etapa a pleno y las siguientes casi apagadas. Mil cuarenta y cuatro reportes entraron desde 2020. Sesenta y siete informes salieron hacia los tribunales de la provincia, y sólo diecinueve desde 2023. Cero querellas nuevas en cinco años. Cero sanciones en tres. Cero inspecciones concluidas en dos. En algún lugar entre el reporte del banco y el despacho del juez federal, en las oficinas de la Unidad en la ciudad de Buenos Aires, hay más de mil reportes con origen en Entre Ríos de cuyo destino nadie, fuera de la UIF, sabe nada. El deber de secreto del artículo 22 garantiza que siga siendo así.
