Amarú Méndez, titular de NeuroCea e integrante del Foro Permanente de Discapacidad, advirtió en Radio Plaza sobre la gravedad de la situación del sector, en medio del debate legislativo por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Consultada sobre si el tema había perdido lugar en la agenda pública, fue categórica: "Esto no es necesariamente porque la situación había sido sustancialmente mejor". Por el contrario, remarcó que "a medida que fue pasando el tiempo esto fue y sigue empeorando".
Méndez recordó que el año pasado, tras un extenso proceso legislativo que incluyó el veto presidencial y su posterior insistencia por parte del Congreso, se logró sancionar la ley de emergencia, con vigencia hasta diciembre de 2026. Explicó que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento a comisiones para tratar la prórroga de esa norma hasta diciembre de 2027, un cambio que —remarcó— "lo único que tenían que hacer en realidad era cambiar en vez de poner diciembre del 2026, poner diciembre del 2027. Nada más que eso y no se logró". Según detalló, el proyecto pasará este miércoles por la Comisión de Presupuesto, y la expectativa es que la sanción definitiva se defina en la sesión de la semana próxima.
"No ha avanzado en absolutamente nada"
Consultada sobre el estado real de implementación de la ley vigente, Méndez fue contundente al señalar que, pese a estar sancionada, la emergencia "no ha avanzado en absolutamente nada": las obras sociales continúan con atrasos, el nomenclador de aranceles sigue "muy desfasado" respecto de los costos reales de los prestadores, y el kilómetro de transporte para personas con discapacidad permanece congelado en $900.
Explicó que ese desfasaje en los aranceles que fija la Superintendencia de Servicios de Salud está provocando que cada vez más prestadores decidan directamente dejar de trabajar con el sistema de discapacidad para volcarse al ámbito privado. "Nuestra ley de discapacidad, lo que dice la Convención de los Derechos y demás, es como que no tiene importancia hoy en día", cuestionó en declaraciones a Un martillo para darle forma - Radio Plaza, y definió la prórroga solicitada como "una soga" que, en el mejor de los casos, permite sostener lo poco que queda del sistema mientras continúa la disputa de fondo.
El riesgo de una nueva ley que descentralice las decisiones
Méndez explicó que, frente al pedido de prórroga, desde el Gobierno se baraja como alternativa sancionar una nueva ley que reemplace a la actual. El principal riesgo de ese escenario, según describió, es que cada obra social —sindical, provincial o prepaga— quede habilitada a determinar por su cuenta los montos y la cantidad de horas de prestación que le corresponden a cada persona con discapacidad. "Es una locura", planteó, y ejemplificó con el caso de personas que dependen de medicación para vivir: "la obra social te dice: mira, no, no puedo pagártela, si te gusta bien y si no, bueno, lo siento. Hasta esa potestad pueden tener".
Méndez vinculó ese escenario con el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones pasaron al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. "Es muy peligroso lo que está pasando", advirtió, y remarcó que la discusión ya no se limita a una cuestión administrativa: "estamos hablando ya de riesgo de vida en muchas de ellas".
"Las personas con discapacidad son un gasto innecesario"
Consultada sobre por qué, a su criterio, el ajuste avanzó específicamente sobre el sector de discapacidad —a diferencia de otros temas sensibles como la situación de los jubilados, que al menos genera debate en términos económicos—, Méndez fue directa: recordó declaraciones del propio presidente Javier Milei y del exdirector de la ANDIS en las que, según su lectura, se calificó a las personas con discapacidad como "un gasto innecesario". Consideró que el Gobierno "subestimó muchísimo" tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, al suponer que no iban a organizarse para resistir el recorte.
Desde su lugar como madre de un joven con discapacidad, Méndez definió el ajuste como "cruel" y "doloroso", y remarcó la doble vulnerabilidad que atraviesan muchas familias del sector: además de la discapacidad de sus hijos, muchas perdieron trabajos registrados y, con ellos, la cobertura de obra social. Cerró con un pedido explícito a la dirigencia política, más allá de las diferencias partidarias: "la discapacidad no se fija si sos de uno o si sos de otro, acá lo que hay que tener es empatía, tener solidaridad, ponerse en el lugar del otro". Remarcó que, más allá del resultado legislativo, el colectivo seguirá visibilizando la lucha: "no vamos a bajar los brazos, pase lo que pase, vamos a seguir más firmes que nunca".
