La diputada nacional Blanca Osuna calificó de incompleta e imprecisa la respuesta del Gobierno al pedido de acceso a la información sobre la contratación de Teknofood. "Deja sin responder cuestiones centrales sobre el costo, los antecedentes de la empresa, los controles y la calidad nutricional de los alimentos que reciben nuestros chicos y chicas", aseguró.
En ese marco, recordó que el 14 de agosto presentó ante el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, un pedido de acceso a la información pública sobre la decisión del Gobierno provincial de modificar el sistema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas escolares y contratar a Teknofood S.A.
"Fueron nueve pedidos concretos, destinados a conocer qué estudios realizó el Gobierno, cómo fundamentó el cambio de modelo, qué antecedentes tuvo en cuenta para contratar a Teknofood, cuánto se pagará, qué problemas detectó en el sistema anterior, qué evaluaciones realizó en las escuelas, cuál es la evidencia científica de los parámetros nutricionales y cómo se garantizará el almacenamiento y conservación de los alimentos", señaló.
Ahora, remarcó que la respuesta firmada por el secretario de Seguridad Alimentaria, Miguel Ángel Heft, "no contesta esas preguntas".
"Y cuando un Gobierno decide no informar sobre la alimentación de niños y niñas, no estamos frente a una cuestión burocrática: estamos frente a un problema político e institucional grave", subrayó.
Y ahondó: "Preguntamos expresamente qué estudios, informes o evaluaciones había realizado la Provincia sobre el impacto económico que tendrá la centralización de la compra de alimentos sobre los proveedores locales. La respuesta no identifica ningún estudio de impacto sobre los comercios y proveedores de cercanía. En lugar de entregar esa información, menciona medidas generales de alivio para comercios. Eso no responde la pregunta".
Asimismo, Osuna sostuvo que "si el Gobierno decidió reemplazar un sistema en el que las escuelas compraban parte de sus alimentos a proveedores locales por un esquema centralizado en manos de una empresa privada, Frigerio tiene la obligación de explicar qué evaluó, qué impacto previó y qué consecuencias tendrá esa decisión sobre los comercios de cada localidad".
En otro párrafao, la diputada se preguntó qué entiende Frigerio por brindar información. "El Gobierno justifica el nuevo modelo hablando de 'homogeneidad' y de que todos los chicos reciban alimentos con el mismo estándar nutricional. Pero la homogeneidad no es un valor en sí mismo ni garantiza una alimentación adecuada".
En otro párrafo, señaló que le consultó "¿qué entiende el Gobierno de Entre Ríos por alimentación nutritiva, saludable y adecuada para nuestros niños y niñas? Una alimentación escolar no puede reducirse a cumplir un promedio de calorías y nutrientes. Tampoco puede pensarse la alimentación infantil como una cuestión meramente logística".
"La alimentación escolar es parte del derecho a la educación y está directamente vinculada con la salud, el aprendizaje y las condiciones en las que nuestros chicos y chicas transitan su escolaridad", indicó.
"Solo se cambia el abastecimiento"
Más adelante, la legisladora nacional dijo que la respuesta oficial sostiene que la nueva modalidad afecta "solo" el abastecimiento de alimentos y que no modifica la autonomía de las escuelas. "¿De verdad decidir cómo se alimentan nuestros chicos es solamente una cuestión de abastecimiento?", se volvió a preguntar.
"Hasta ahora, los equipos directivos administraban fondos específicos para adquirir alimentos frescos y variados —leche, frutas, panificados, quesos— directamente a proveedores y comercios de cercanía, teniendo en cuenta la realidad de cada institución. Eso no es una debilidad del sistema. Es una herramienta para que las escuelas puedan responder a sus propias necesidades y a las de su comunidad", planteó enseguida.
Y refirió: "Si había problemas de administración, falta de controles o irregularidades, como mencionan en su respuesta, sin proporcionar mayores detalles de las mismas, el gobierno provincial tenía y tiene una obligación: auditar, investigar, corregir y sancionar. Cuando pedimos la información concreta de cada caso —expedientes, actuaciones, medidas adoptadas, estado de las investigaciones y documentación respaldatoria—, la respuesta vuelve a ser incompleta. Esto es fundamental. Porque si el Gobierno pretende utilizar esas irregularidades para justificar el cambio del sistema, tiene que mostrar toda la evidencia. No alcanza con mencionar casos".
"No puede utilizar eventuales fallas de gestión como argumento para cambiar de manera integral el modelo de alimentación escolar y concentrar el abastecimiento en un único proveedor privado", completó.
"Teknofood: Frigerio no responde sosbre sus antecedente"
En otro apartado, Osuna afirmó que el gobernador no dio datos sobre la empresa contratada. "Este es uno de los puntos más graves. Preguntamos expresamente por los antecedentes de Teknofood: informes, evaluaciones, antecedentes de organismos públicos, sanciones, incumplimientos, observaciones y cualquier documentación utilizada para evaluar a la empresa antes de contratarla", dijo.
"La respuesta menciona antecedentes comerciales y contrataciones anteriores en otras provincias. Pero no responde la pregunta central: si Teknofood tuvo sanciones, incumplimientos u observaciones previas. Decir que una empresa cumplió con los requisitos del pliego no equivale a informar si tuvo antecedentes negativos. Y tampoco entregaron la documentación solicitada", afirmó.
"En cambio, nos dicen que esa información "se encuentra disponible para consulta" y nos remiten a un expediente que no fue acompañado. El derecho de acceso a la información no consiste en obligar al ciudadano a recorrer expedientes para reconstruir la información que el Estado ya tiene", añadió.
"$101.726 millones: Frigerio tampoco explica el precio"
Luego, la legisladora peronista sostuvo que la propia respuesta aporta un dato que merece ser explicado. "El presupuesto autorizado por el Decreto 852/2026 fue de $42.669.617.445 para 2026. La adjudicación a Teknofood alcanza hasta $101.726.784.000, correspondiente a 63.579.240 raciones para los ciclos 2026 y 2027. El precio adjudicado es de $1.600 por ración", detalló.
Y añadió: "La Provincia informa que: $1.280 corresponden a alimentos;$320 corresponden a logística y distribución. Es decir, sobre el máximo adjudicado, estamos hablando de aproximadamente $81.381 millones en alimentos y $20.345 millones en logística y distribución".
"Pero la respuesta no explica adecuadamente la diferencia entre el presupuesto oficial y el valor finalmente adjudicado, pese a que eso fue preguntado expresamente. Y tampoco discrimina qué parte corresponde a: alimentos; empaque o envoltura; depósito; almacenamiento; otros servicios adicionales. Entonces la pregunta sigue abierta: ¿Cuál es realmente el costo de los alimentos que reciben nuestros niños y niñas y cuánto se paga por todo lo demás? ¿Tenemos que suponer que el empaque, el depósito y el almacenamiento están incluidos dentro de los $1.280 considerados como "alimentos"? Frigerio tiene el deber de informar", sostuvo.
"El gobierno dice que hizo un "diagnositco', pero no dice cuántas escuelas evaluó"
Más adelante, Osuna informó que preguntó qué políticas de mejora se habían implementado, durante cuánto tiempo, cuántas escuelas habían sido evaluadas, qué seguimiento se realizó y qué docentes y directivos participaron.
"La Provincia afirma que el diagnóstico se concentró en "el componente nutricional y la carga administrativa". Pero no informa de manera completa: cuántas escuelas fueron evaluadas; quiénes participaron; qué docentes participaron; qué directivos participaron; qué seguimiento se realizó; qué resultados concretos tuvo cada política", dijo.
"Hablan de relevamientos, pero no entregan los relevamientos"
El pedido solicitó expresamente los relevamientos, encuestas, informes y evaluaciones realizados en los establecimientos educativos, con sus criterios, resultados y participación de la comunidad educativa.
Al respecto, Osuna dijo que "la respuesta menciona informes territoriales, relevamientos estadísticos, planillas y sistematizaciones, pero señala que se encuentran 'disponibles para consulta'".
"Es especialmente grave cuando se trata de información que debería permitir evaluar una política pública que alcanza a cientos de establecimientos educativos de toda la provincia", reflexionó.
¿Cuál es la evidencia científica que justifica lo que comen nuestros chicos"
Esa fue otra de las consultas de Osuna en el pedido de información pública. Y señaló que la respuesta fue que "los parámetros nutricionales están establecidos en el Anexo III del pliego y que se busca cubrir el 15% de los requerimientos diarios mediante el desayuno o la merienda. Menciona como parámetros:284 kcal;8 gramos de proteínas;200 mg de calcio;1,4 mg de hierro;1 mg de zinc;75 μg de vitamina A".
"También menciona antecedentes y referencias de organismos e instituciones como CESNI, CIPPEC, FAO, OMS, UNICEF y un estudio de CEPEA. Pero cuando pedimos las investigaciones, informes técnicos, dictámenes y documentación científica que sustentan esos parámetros, nuevamente nos dicen que se encuentran disponibles para consulta. No entregan la evidencia que pedimos", resaltó.
Y amplió: "Y hay cuestiones que requieren una explicación mucho más profunda: Los valores se calculan sobre promedios y se aplican a estudiantes de distintas edades y etapas de desarrollo. Además, la composición de algunos de los productos incluidos, con presencia de azúcar como segundo ingrediente en determinadas formulaciones, conservantes y aditivos, y productos que presentan sellos de advertencia previstos por la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable".
Otra consulta fue la siguiente: ¿Dónde está la evidencia científica que demuestra que esta es la mejor alimentación posible para nuestros niños y niñas? "No alcanza con decir que un producto cumple determinados mínimos nutricionales", dijo Osuna.
Tampoco acreditan que las escuelas tengan capacidad para almacenar los productos
La diputada también marcó que la respuesta describe el mecanismo previsto en el pliego para la entrega, recepción, conservación y control de los alimentos. Sin embargo, "no demuestra que cada establecimiento educativo tenga efectivamente la capacidad de almacenamiento necesaria para recibir y conservar los productos que se distribuirán. Una cosa es lo que dice el pliego. Otra muy distinta es demostrar que las condiciones reales de las escuelas permiten cumplirlo"
"Frigerio no puede convertir el derecho a la información en una búsqueda del tesoro", lanzó la diputada. Y recordó que la Constitución de Entre Ríos reconoce el derecho a acceder a información pública completa, veraz, adecuada y oportuna.
"La Ley Provincial 11.191 es todavía más clara: establece que los sujetos obligados deben brindar la información en forma completa y que la ambigüedad, la inexactitud o la entrega incompleta son consideradas una denegatoria injustificada", precisó.
En esa línea, recordó que la misma ley establece un plazo de 15 días hábiles, con una única prórroga excepcional de otros 15 días hábiles, debidamente fundada. Y establece vías específicas de reclamo ante la Oficina de Acceso a la Información Pública y ante la Justicia.
Además, indicó que el régimen nacional de acceso a la información pública consagra los principios de máxima divulgación, máximo acceso, máxima premura y buena fe, y establece que la entrega incompleta u obstrucción arbitraria del acceso puede constituir falta grave.
"Por eso, decir que los informes, antecedentes y dictámenes están "disponibles para consulta" no puede convertirse en una forma de eludir la entrega de la información solicitada. Si existe documentación, debe ser entregada. Si existe información parcial, debe entregarse la parte que no esté exceptuada. Si el Gobierno pretende no entregar un documento, debe explicar cuál es el fundamento legal de esa negativa. No puede simplemente esconderla detrás de un expediente", subrayó.
Por último, recordó que Frigerio debe brindar información "porque estamos hablando de la comida de nuestros niños y niñas, de recursos públicos, de una contratación que alcanza los $101.726 millones. Estamos hablando de una empresa privada que concentrará la provisión de alimentos y los criterios nutricionales que determinarán qué comen miles de estudiantes entrerrianos".
"Y estamos hablando de un Gobierno que, cuando se le pide la documentación que fundamenta sus decisiones, responde parcialmente, omite información y remite a expedientes que no entrega.Por eso vamos a insistir y vamos a reclamar la información que falta.Frigerio: las y los entrerrianos tenemos derecho a saber qué comen nuestros hijos, cuánto pagamos y por qué. Hasta ahora, su gestión ofrece demasiada oscuridad y muy pocas respuestas", finalizó.




