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Michel le reclamó a Frigerio que reglamente la ley provincial de biocombustibles sancionada hace más de un año

Imagen de archivo del Senado de Entre Ríos. La Ley de Biocombustibles fue aprobada el martes 19 de agosto de 2025, promulgada el 8 de septiembre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2025. Pero, falta su reglamentación, que es clave para tornarla operativa.

A través de una publicación en sus canales de redes sociales, el diputado nacional Guillermo Michel interpeló al gobierno provincial por la falta de reglamentación de la Ley N° 11.211 que establece una política provincial para el desarrollo y la producción de biocombustibles.

Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado justicialista Juan José Bahillo en la Legislatura provincial y que fue sancionada hace más de un año y desde entonces no se ha reglamentado.

“La Ley N° 11.211 de la Provincia que establece una política para el desarrollo y la producción de Biocombustibles fue sancionada hace más de un año. Sería bueno que el gobernador (Rogelio) Frigerio y sus funcionarios se dispongan a reglamentarla ya que promueve el desarrollo de una cantidad importante de biopymes, las cuales están esperando este nuevo marco normativo que les permitiría crecer y agregar valor a la producción”, expresó Michel a manera de crítica.

En esa línea, el legislador agregó: “Frigerio debería priorizar el tema en su agenda de gestión. Esta ley impulsada por el diputado provincial Juan José Bahillo ya debería estar operativa y el sector aprovechando los beneficios que otorga”.

 

 

Qué dice la Ley 11.211

La Ley Nº 11.211 establece un marco para fomentar la producción, el autoconsumo y la comercialización de biocombustibles y bioenergía en la provincia. La iniciativa apunta a agregar valor a la producción agroindustrial, aprovechar residuos, impulsar la investigación y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

La norma fue sancionada por la Legislatura provincial el 19 de agosto de 2025, promulgada el 8 de septiembre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2025. Pero, falta -como advirtió Michel- su reglamentación, que es clave para tornarla operativa.

La norma establece una política provincial de promoción y desarrollo para la producción, el autoconsumo y la comercialización de biocombustibles, con el objetivo de fortalecer la bioeconomía, generar empleo sostenible y aprovechar de manera integral los recursos disponibles en el territorio entrerriano.

Uno de los ejes centrales de la legislación es agregar valor en origen a la producción primaria mediante la transformación de biomasa y sus derivados. De esta manera, se busca ampliar las oportunidades para el sector agropecuario y agroindustrial, fomentar la industrialización local y convertir residuos agrícolas, ganaderos, urbanos e industriales en nuevos insumos y fuentes de energía.

Más oportunidades para el sector agroindustrial

La ley contempla la participación de productores agropecuarios, contratistas rurales, empresas de servicios agrícolas, transportistas de cargas vinculadas a la producción primaria y otros integrantes de la cadena agroindustrial.

También incluye a municipios, comunas y consorcios camineros interesados en incorporar biocombustibles a sus flotas vehiculares y actividades operativas.

El propósito es ampliar progresivamente el uso de estas fuentes energéticas en las actividades productivas y en el transporte asociado, favoreciendo la diversificación de la matriz energética provincial.

En ese sentido, el Gobierno entrerriano deberá impulsar programas de promoción y revisar gradualmente los beneficios fiscales relacionados con la producción y el consumo de combustibles, priorizando a quienes promuevan el uso de biocombustibles.

La normativa también habilita la comercialización de combustible puro de origen vegetal sin establecer la obligación de mezclarlo con combustibles fósiles. En estos casos, el vendedor deberá asumir la responsabilidad por su producción y garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

El aprovechamiento de residuos como recurso energético

Otro aspecto relevante es la incorporación de los principios de economía circular y bioeconomía a los procesos productivos. La iniciativa propone aprovechar la biomasa y sus subproductos para desarrollar biocombustibles, biofertilizantes, bioinsumos, biomateriales, biofármacos y otros productos de origen biológico.

Este enfoque busca reducir los pasivos ambientales, promover un uso responsable de los recursos naturales y generar nuevas oportunidades económicas a partir de materiales que, en muchos casos, constituyen residuos de las actividades productivas.

Para ello, la ley prevé el desarrollo de infraestructura, equipamiento y logística destinados a la producción, el análisis de calidad, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de biocombustibles líquidos, gaseosos y sólidos.

Asimismo, establece la necesidad de desarrollar registros actualizados de los recursos biomásicos disponibles y de su utilización energética, junto con estándares técnicos, ambientales y de emisiones que permitan orientar su aprovechamiento sostenible.

Biogás y generación de energía

La promoción del biogás constituye otro de los componentes destacados de la política provincial. La legislación encomienda al Poder Ejecutivo fomentar su producción y utilización en diferentes modalidades de generación eléctrica, tanto centralizada como distribuida.

El alcance incluye instalaciones comunitarias o individuales, autogeneradores y grupos electrógenos, además de otras aplicaciones compatibles con la normativa vigente.

También se contempla el aprovechamiento de la infraestructura gasífera existente y de otros sistemas de distribución adecuados para impulsar el desarrollo del biogás.

La medida abre la posibilidad de fortalecer iniciativas que aprovechen residuos orgánicos y subproductos agroindustriales para producir energía térmica y eléctrica, contribuyendo a diversificar las fuentes de abastecimiento energético.

Además, la Ley Nº 11.211 asigna un lugar central a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Entre sus disposiciones, promueve la cooperación entre organismos públicos, universidades, instituciones científicas y sectores productivos, así como la generación de acuerdos de colaboración a escala provincial, nacional e internacional, con especial atención a la región del Mercosur.

En este marco, la norma prevé la creación de un Centro Tecnológico (CEN-TEC), orientado a evaluar la matriz bioenergética provincial, estudiar las características de los sustratos disponibles y determinar su potencial para la generación de energía.

El centro también tendrá entre sus objetivos desarrollar protocolos de uso y manejo, identificar combinaciones de materiales que mejoren el rendimiento energético, impulsar nuevos productos que permitan sustituir combustibles fósiles y formar recursos humanos especializados en bioenergía y biocombustibles.

La apuesta por la innovación busca facilitar la transferencia de conocimientos al entramado productivo y favorecer la creación de empresas tecnológicas vinculadas con áreas estratégicas de la bioeconomía.

Incentivos para inversiones y empleo sostenible

La normativa dispone que el Poder Ejecutivo implemente un programa destinado a estimular las inversiones necesarias para avanzar hacia una matriz energética más sostenible.

Entre las herramientas previstas figuran incentivos financieros, exenciones fiscales, subsidios y otros beneficios orientados a facilitar el desarrollo de proyectos vinculados con la transición energética.

La ley también plantea como objetivos la creación de empleo sostenible y la reducción continua de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes que afecten al ambiente.

Sin embargo, la instrumentación de estas medidas dependerá de los programas que se implementen, de su reglamentación y de los recursos que se asignen en los presupuestos provinciales. La norma establece que el Poder Ejecutivo deberá determinar las partidas destinadas a financiar las acciones correspondientes.

La transición energética también tendrá un componente educativo. La ley promueve la incorporación de contenidos relacionados con las energías renovables, la bioeconomía, la economía circular y el uso responsable de la energía en programas educativos formales e informales y en todos sus niveles.

Además, contempla actividades de difusión y espacios de debate para ampliar el conocimiento social sobre los beneficios y desafíos de estas alternativas energéticas.

La intención es acompañar los cambios tecnológicos y productivos con una mayor participación ciudadana y una comprensión más amplia de la importancia de diversificar las fuentes de energía.

Reglamentación y aplicación de la ley

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo provincial mediante la reglamentación, que podrá distribuir competencias entre las áreas de Energía y Producción.

La norma establecía un plazo de hasta 90 días desde su promulgación para dictar esa reglamentación y disponía, además, la creación de un registro público vinculado con la implementación de la política.

También invitaba a los municipios y comunas de Entre Ríos a adherir voluntariamente, con el propósito de ampliar el alcance territorial de las acciones previstas.

 

 

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