Silvio Méndez

Pese a la movilización ciudadana, la recomendación de revisión por parte de la Defensoría del Pueblo, el desacuerdo de los concejales opositores e, incluso, la petición del Presidente Kirchner, el Ejecutivo de la comuna paranaense parece firme en sostener el aumento generalizado de los gravámenes locales. Tras efectivizarse con las boletas del período en curso los incrementos aprobados el año pasado, numerosos vecinos promovieron acciones de resistencia y ediles del Frente Social y Nuevo Espacio presentaron proyectos para modificar la ley tributaria. En tanto, el intendente Julio Solanas (PJ), tras el vendaval, sólo anunció una merma insignificativa en las contribuciones y ratificó el rumbo ante los vecinalistas. De acuerdo a las voces críticas que se han alzado, la continuidad de una medida tan impopular solamente podría ser explicada por el incontenible y creciente déficit en las arcas de la capital provincial.

Recién con la llegada a principios de este año de las primeras boletas para el pago de distintas tasas de la Municipalidad de Paraná, muchos ciudadanos tomaron real dimensión del grado de aumento tributario que fuera aprobado por el oficialismo a fines de 2005. Si bien el incremento fue rechazado por la oposición en el Concejo Deliberante y advertido por los medios de comunicación, el tema se reavivó el pasado mes de febrero cuando numerosos contribuyentes comenzaron a reunirse para reclamar por tal medida. Particularmente se realizaron cientos de presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y algunas vecinales agrupadas convocaron a realizar quejas conjuntas manifestando el pago en disconformidad y se barajó la posibilidad de efectuar presentaciones ante la Justicia. Igualmente, desde las bancadas de concejales del Frente Social-UCR y Nuevo Espacio ya se han presentado proyectos de ordenanza para derogar o modificar la ley tributaria.

El amplio rechazo se funda no sólo en el hecho de que la tasa general inmobiliaria se incrementó entre un 30 y 38 por ciento, el Fondo de Promoción y Asistencia a la Comunidad y Turismo alrededor del 40 por ciento, sino también por la ampliación y aumento desmedido en concepto de “Contribución Solidaria para la Obra Pública”. Este canon pasó además a cobrarse sobre la tasa de servicio sanitario y se fijó un mínimo que elevó en un promedio aproximado de 1.200 por ciento esta carga, con casos de picos insólitos que llegan a más del 3.000 por ciento, justamente para propietarios cuyo avalúo fiscal es menor. Precisamente, dentro de los principales reproches que se han esgrimido es lo inequitativo que han resultado los nuevos parámetros. Pese a todo, el martes por la noche, el intendente Julio Solanas, junto a su gabinete en pleno y todos los concejales oficialistas, en reunión pública con ciudadanos y vecinalistas, anunció solamente una quita del cobro para el Fondo Solidario de la tasa por el servicio del agua para avalúos que no superen los 20.000 pesos y ratificó la continuidad de demás aumentos. La postura del presidente comunal aún sigue sorprendiendo ya que, claramente alineado al gobierno nacional, parece desconocer el expreso pedido del Presidente Néstor Kirchner para que las intendencias eviten o moderen los aumentos tributarios.

Recomendación

De forma individual o agrupada, diversas iniciativas ya se han puesto en marcha para frenar las subas. Recolección de firmas, la declaración del pago en disconformidad que podría abrir la puerta a futuras acciones legales, así como presentaciones ante la Defensoría del Pueblo local. Sobre esto último, más de 500 reclamos de vecinos de la ciudad ante este organismo fueron tomados para el análisis. Entre los planteos se consideraron manifestaciones tales como lo excesivo de las cargas con relación a la capacidad contributiva y, en algunos casos, “la incongruencia entre el cobro de la tasa y la no accesibilidad a determinados servicios”. En este sentido, la defensora Martha Benedetto explicó que se “hizo un estudio de la ordenanza tributaria y ver en qué medida eran admisibles los reclamos de los vecinos. La admisibilidad la vimos desde el momento que se presentaron los reclamos. Éstos eran en orden del aumento y con otros componentes. También -se aclaró- hicimos un fuerte servicio de asesoramiento en cuanto a la composición de las tasas, para que el ciudadano vaya tomando conciencia de cómo tributa y para qué, porque a veces es un acto mecánico de pago y no alcanza a ver la dimensión de lo que significa”, consideró.

De acuerdo a lo expresado por Benedetto, “para la Defensoría hay dos o tres principios que son muy claros. Uno es que toda política fiscal tiene que estar en relación con el bien común. La política fiscal no puede ser confiscatoria. Debe tener un principio de legalidad y debe ser progresiva. Con principio de legalidad, que creo en este caso sí están cumplidos como lo establece el derecho tributario y la Constitución, es que toda ordenanza tributaria tiene que tener la aprobación de los representantes del pueblo, no se puede hacer con un decreto del Poder Ejecutivo; este requisito se cumplió. Después se analizó el revalúo fiscal o por mejora, que hace muchos años no se hacía y es importante hacerlo, y da un poco el parámetro más objetivo del valor de la tasa”. Sobre el cobro de la Contribución Solidaria para la Obra Pública, que se fijó en una base de 5 pesos mensuales o el 6 por ciento sobre lo que se paga por la Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios, se observó que esos cobros mínimos “no están muy de acuerdo con el concepto de tasa. Porque la tasa tiene una característica que es lo que sí los municipios pueden recaudar, es por los servicios efectivamente prestados y no en potencial o a prestar. En este sentido, ese carácter no es de tasa, sino más bien se puede convertir en una imposición, en un impuesto. Aparte tiene que tener un sentido de proporcionalidad, tiene que ser divisible el servicio que presta y el contribuyente. Acá no se puede hacer porque es una tasa general solidaria de contribución de la obra pública de futuras construcciones”. Sobre el carácter de este cobro, la defensora manifestó que “este monto fijo fungió como impuesto regresivo, porque aumentó en los que pagaban muy pocos”. De esta manera, se igualó el tributo del que posee una propiedad que por el seis por ciento de su valor no llega al mínimo de 5 pesos mensuales, con el que por cuya propiedad sí lo alcanza. La igualdad, se dijo, “no es igualdad matemática, sino igualdad ante la capacidad contributiva; es un concepto de equidad. La solidaridad tributaria tiene que ver con este concepto, vinculada con la capacidad de pago”, se especificó. Asimismo, sobre esta línea, se hizo notar el alcance de imponer los servicios sanitarios con un monto fijo. “Teniendo en cuenta que el agua es un servicio público esencial que debe estar garantizado, la Constitución de Entre Ríos es muy clara y dice que no se grave con impuestos directos los servicios públicos esenciales, entonces recomendamos revisarlo”, se destacó.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)