Jorge Riani

La comunidad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos está dividida en dos fracciones. La barrera que divide los territorios es la idea que se tiene sobre el modo en que unos 600 docentes de viejos institutos terciarios deben pasar a desempeñarse como docentes universitarios. El dictamen de mayoría del Consejo Superior propone una suerte de flexibilización en las exigencias, pero un ruidoso grupo de alumnos y docentes se rebelaron contra la medida y reclaman que se cumpla un principio básico de la histórica Reforma Universitaria de 1918: concurso abiertos para todo el mundo. Los docentes transferidos tienen estabilidad laboral e intangibilidad salarial garantizada por ley, pero aún así muchos de ellos quieren ser sometidos a exámenes para ganarse por mérito el cargo al frente de una cátedra. “El hecho de que no se quieran rendir los concursos va a provocar la decadencia y el desastre”, pronostican. Los decanos, el rector Mario Mathieu y una fracción de docentes se oponen a esa idea y ahora la UADER se ve en un callejón con salida dificultosa. La compleja situación también se enturbió por internas gremiales, intereses políticos y la carrera por conducir el destino de una universidad que maneja un presupuesto de casi 50 millones de pesos anuales.

No deja de ser un fenómeno social -quizás político- y ocurre en Paraná. La fría distancia que levanta la indiferencia general le saca brillo a la pátina fenomenológica: en la capital entrerriana hay estudiantes que se movilizan para exigir que sus docentes rindan concursos a fin de acreditar que tienen mérito para estar al frente de una cátedra universitaria. Y se extiende más aun cuando quienes se suman a ese pedido son muchos de esos profesores. Algo así como decir: “Queremos que nos tomen exámenes y que no nos regalen el mérito de ser docentes titulares”.

Deberá admitirse que no es común en estos tiempos, ni en estas geografías -dónde sí- que haya movilizaciones y estado de asamblea deliberativa para exigir exigencia, para rechazar las fórmulas automáticas de vista gorda y de derechos sectoriales por sobre los generales. Eso es lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Es una realidad objetiva el pedido. Pero aun así, la situación está tan tensa entre quienes se oponen a los concursos abiertos para todos y los que los exigen, que describir como fenómeno la movilización de estudiantes y docentes puede ser puesto en cuestionamiento.

De hecho, el rector Mario Mathieu calificó a los estudiantes que se rebelaron como “hijos de la dictadura”. Pocas chances de que el rector vea entonces algún fenómeno social en todo esto. Cuesta imaginar a los hijos ideológicos de Videla, Galtieri y Trimarco tomando una universidad para exigir concursos abiertos de antecedentes y oposición.

El nivel de enfrentamiento que vive la comunidad de la universidad también es un hecho poco frecuente en una institución. Se advierte una situación de tensión elevada: docentes contra docentes, estudiantes contra decanos, decanos contra rector, decanos ahora con el rector.

La situación tiene la complejidad que poseen aquellas circunstancias donde todos pueden mostrar algo de razón. La Universidad Autónoma de Entre Ríos tiene unos dos millares de docentes dando clases; de ese universo poco más de 600 son profesores que se desempeñaban en institutos terciarios y, por imperio de la ley de creación de la UADER, se convirtieron en docentes de universidad. La situación derivó en un nuevo actor en la vida de la institución: los docentes transferidos.

El punto del debate es qué hacer con esos seiscientos y pico de docentes transferidos. La situación se complejiza porque la ley de creación de la UADER les garantizó la continuidad laboral y la intangibilidad salarial, cosa que no está en discusión. El problema asoma cuando se debe decidir si la metamorfosis de profesores de instituto terciario a docente universitario debe tener algún tipo de contemplación o flexibilización en el caso de quienes ya venían siendo titulares en los establecimientos terciarios. La búsqueda de solución es el tránsito por un camino que se bifurca, como dividida ha quedado la comunidad toda de la UADER. Hay quienes dicen que: a)- deben rendir una evaluación de desempeño docente; b)- deben rendir un concurso abierto de antecedentes y oposición, como todo el mundo.

La diferencia radica en la exigencia, ni más ni menos.

Eso es supuestamente lo que se votó el jueves pasado, pero ahora la discusión secundaria es si efectivamente esa votación se dio en forma “legal”, como dicen los primeros, o no existió y es “fraudulenta” como dice la segunda fracción.

Las ambiciones particulares, una descarnada interna en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), los posicionamientos políticos que divide parte de la población universitaria en radicales, bustistas y ahora urribarristas hace todo más difícil.

Resulta verdaderamente notable ver que desde ambos sectores se admite que están en juego cuestiones políticas, gremiales y también económicas en una universidad que tiene un presupuesto anual de casi 50 millones de pesos, muy parecido al de la ya veterana Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Pero al margen del motor que mueve voluntades en cada uno, hay una discusión interesante que se ha dado en esta universidad provinciana, y es qué tipo de institución se piensa edificar. Porque de eso se trata.

Hay una coincidencia generalizada de que el origen del problema estuvo en el modo en que el gobierno de Sergio Montiel dio a luz a la UADER. A lo apurones, sacando con leyes lo que no se caminó con voluntades de años y años. La Universidad Autónoma de Entre Ríos parece ser el fruto exacto de la alternancia política en un sistema bipartidista conformado por dos fuerzas que se rechazan, mientras el conjunto de la sociedad se desangra por los desencuentros.

Montiel obligado a hacer rápido todo antes de que llegue Busti. Busti que intentó negar lo que se hizo hasta ahí y luego -ya admitida la UADER- borrar todo para darle el tinte propio. Y ahora un gobierno que se avecina con poder de poner y sacar el rector. Si se da una vista hacia atrás debiera admitirse que a nadie puede tomar por sorpresa la situación que vive la institución. Este semanario dedicó más de un informe a mostrar cómo algunas facultades se entregaron como maquinarias partidarias supeditadas a los intereses de un gobierno. Recuérdese el nefasto paso de Osvaldo Bagnatto como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, donde hubo censura a disertadores a los que el poder de turno bustista catalogó como “enemigos”, donde la hora cátedra era la moneda de cambio para cualquier cosa que nada tenía que ver con educación, donde los apellidos de empleados administrativos se repiten hasta el escándalo, donde se puso en movimiento una estructura para que los voceros del gobierno -funcionarios y legisladores- propicien la reforma constitucional reeleccionista. Si Bagnatto se terminó yendo fue porque estalló sobre su persona un escándalo de índole privada.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)