De cesiones y adquisiciones
La asunción de las nuevas autoridades del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) no estuvo exenta de polémicas. Mientras algunos directores se disputaban la presidencia del organismo, a Ariel de la Rosa, representante de los activos del Poder Ejecutivo, se le cuestionaba el hecho de poseer acciones en una institución médica privada que es prestadora de la obra social, algo expresamente prohibido en los estatutos. Aunque no fue del todo convincente y tampoco despejó las dudas, el ruido se aplacó después que el médico ginecólogo y obstetra confirmó que ya no tenía tales acciones puesto que las había “transferido”.
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El diablo metió la cola
El último domingo estaba previsto que se realizara el postergado homenaje al militante social Héctor Ramón Pichón Sánchez, asesinado en 1975. Organizado por la Municipalidad de Paraná, el acto consistía en la colocación de una placa en el mural que en 1998 pintaron los vecinos del Barrio La Pasarela en su memoria. Inicialmente estaba previsto que se realizara el 20 de marzo, cuando se cumplieron 32 años del secuestro por parte de un grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos que lo levantó en pleno centro paranaense -su cuerpo apareció recién tres días después flotando en el río, cerca de Diamante, en muy mal estado, con signos de haber sido salvajemente torturado antes de ser asesinado-. Una falsa lluvia suspendió la actividad en aquel momento, lo que generó una profunda indignación entre los familiares, que cuestionaron el oportunismo político del intendente Julio Solanas y el plantón que hizo a los vecinos que se habían congregado en el lugar. Esta vez, apenas se había invitado a los hermanos de Pichón Sánchez, pero los organismos de Derechos Humanos no estaban al tanto.
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Inversión en educación
La relación entre los gremios docentes y el gobierno provincial ha estado caracterizada por la tirantez. Durante cuatro años se han sucedido reclamos por las condiciones en que debían dictarse clases, con escuelas que se caen a pedazos, algunas refacciones, magros salarios, aumentos insuficientes, paros y más paros. Por supuesto que el reclamo salarial ha sido la bandera de los sindicatos. A ello, las autoridades han respondido a veces con inyecciones de dinero y obras en las escuelas. En marzo pasado, la polémica se centró en el inicio o no del ciclo lectivo ya que los docentes pretendían un incremento en sus haberes que el gobierno negaba. Y en eso aparecieron una serie de avisos en los diarios de mayor circulación de la provincia en los que se daba cuenta de los esfuerzos realizados por las autoridades para satisfacer las demandas, cómo habían evolucionado los sueldos desde 2003 y la intransigencia de los maestros.
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Dos pájaros de un tiro
Desconociendo la propuesta del gobierno nacional de lograr que el Estado intervenga y se haga cargo de sus obligaciones, el intendente de la Municipalidad de General Ramírez, Daniel Krämer (PJ), privatizó el cobro de deudas comunales contratando a un estudio de abogados y contadores. Pero el hecho tiene otra arista que llamó la atención, ya que no se trata sólo de una práctica de las mejores épocas menemistas -a las que el propio Krämer aplaudía-, sino que mediante el mecanismo de contratación directa sin concurso ni licitación de precios y con un costo inicial muy elevado. Por el solo hecho de intimar a un moroso el estudio se hará acreedor del 20 por ciento por honorarios, una cifra considerable si se considera que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abona a sus abogados en una primera instancia el 5 por ciento.
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