Condenados al ostracismo

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La reelección de intendentes impedidos por la Constitución se convirtió en una política de Estado

Hugo Remedi

Como en las viejas quermeses de barrio, el conejo urribarrista saltó para el lado menos pensado, incluso sorprendiendo hasta al propio bustismo.

La posibilidad de ir por una nueva reelección (la segunda) de los intendentes más afines al gobierno provincial, a través de una presentación que analizan hacer frente a la Justicia ordinaria, puso en el tapete un tema que venía barajándose hacía tiempo pero que se tenía cobijado en las mayores de las discreciones.

Nadie quiere dejar los lugares de poder que ostentan actualmente si para el futuro no tienen garantizadas viabilidades políticas apetecibles. De hecho, para quienes se acostumbran a manejar lugares de mando, como sean poderes ejecutivos, en estos casos municipales, será difícil aceptar que en un futuro inmediato tengan apenas la posibilidad de ocupar minutas legislativas. No porque sean menores, sino simplemente porque entre ejecutar y deliberar hay sustanciales diferencias. Y porque, además, quienes transitan ese paso saben a ciencia cierta que empiezan a perder protagonismo e influencia política en sus respectivos territorios.

El desboque del intendente de Concepción del Uruguay, Marcelo Bisogni, a través de declaraciones que hizo a la prensa la semana pasada apuró los tiempos y obligó a que rápidamente el tema tomara fuerza como iniciativa.

Evidentemente, por lo que sucedió luego, el asunto no había sido aún lo suficientemente madurado. El anuncio del intendente de la histórica ciudad de la costa del Uruguay no encontró el eco masivo que se suponía era de esperar, sólo algunos de sus colegas se sumaron a la gesta y todo terminó diluyéndose en primera instancia, en la reunión de la Liga de Intendentes Justicialistas afines a Urribarri que se realizó el viernes pasado.

Un paso atrás

El debate de entonces no fue unidireccional. Está claro. Como consecuencia de ello los presidentes comunales resolvieron dejar el tema para más adelante. Se dieron el plazo de un mes. El que en realidad se iban a tomar antes de las declaraciones de Bisogni para, finalmente, definir el tema.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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