Entre Ríos Ahora informó sobre las inhibiciones formuladas por los jueces Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, designados para intervenir en el juicio al exgobernador y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri. El debate tenía fecha de inicio el próximo martes 18, fueron aceptadas por el tribunal conformado para analizar esos planteos.

De ese modo ocurrió lo menos esperado: el juicio por la causa del Sueño Entrerriano se quedó sin tribunal. Aunque lo que se discute es la posibilidad de que haya, además, una unificación de los distintos procesos que tiene el exgobernador en la Justicia.

La resolución fue adoptada por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.

En una resolución que se conoció este miércoles, los magistrados resolvieron aceptar las inhibiciones de los jueces Grippo, Pimentel y Cotorruelo «para continuar interviniendo en la tres causas ingresadas al conocimiento de este Tribunal»: esto es, el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y un proceso por el pago de una pauta publicitaria a una empresa fantasma al momento de otorgársele el aviso.

Resta ahora que otros dos jueces efectúen sus descargos en relación a los procesos judiciales que tiende pendiente Urribarri en la Justicia y en los que les toca interenir, Gervasio Labriola y Pablo Vírgala. El trámite que sigue parece confirmar todas las sospechas: que no habrá segundo juicio a Urribarri (el primer fue suspendido), el tercero tiene fecha para octubre. Y que de hacerse, supondría una unificación de las tres causas, con fecha incierta y nuevo tribunal.

Los tres juicios

La estrategia de la defensa es unificar los tres proceso contra Urribarri en la Justicia. Por eso, los jueces primero deben resolver las excusaciones y, luego, la unificación de esas causas.

Los tres procesos son los siguientes:

El sueño entrerriano

Como ya se ha contado, la causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Causa de la vaca

Además del expediente del “Sueño”, letalló la OGA que se encuentra el acusado el legajo Nº 4385, se trata de conocida mediáticamente como “La causa de la vaca”, en la que están imputados Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Pedro Báez; Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi, Corina Cargnel, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera-, y Maximiliano Sena.

Aquí, los fiscales  detectaron que para la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. Unos peritos del Poder Judicial determinaron que la misma vaca aparece en distintos carteles.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas vinculadas a Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

Aquí el Tribunal se encuentra integrado por Rafael  Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.

Pauta a Buffa

En tanto, la OGA precisó que también se encuentra en trámite ante la Cámara Primera de transición la causa Nº 6.399, en la que están imputados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, Urribarri, Báez y el empresario Germán Esteban Buffa.

En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.

Aquí la Fiscalía reprocha a la administración Urribarri/Báez el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la firma Global Means SA, de Buffa.  En febrero de este año, la Justicia puso fecha al juicio: será los días 26, 28, 28 y 30 de octubre. Los jueces designados para el debate son Carolina Castagno, José Chemez y Pablo Virgala.