Sandra Miguez
Inacción e indefinición son las características que marcan el proceso por el cual desde hace mas de un año y medio se sigue discutiendo la exoneración del concejal de Paraná Mauro Almada del ámbito municipal. Al parecer, habría estado inhabilitado por la Ley Orgánica de Municipio 3.001 para ser concejal y ejercer el cargo, ya que alquilaba dos centrales telefónicas a la comuna, al momento de asumir. El caso denunciado por Roberto Sabbioni en sede tribunalicia, sigue demorado en el despacho del Juzgado de Instrucción Número 2, cargo de Jorge Barbagelata, donde la fiscal Lidia Taleb aún no ha resuelto el tema. Los abogados patrocinantes de Sabbioni, no descartan iniciar presentaciones para reclamar la definición. Sin embargo, y a pesar del proceso judicial que se tramita, Almada presentó una nueva propuesta comercial, esta vez bajo el nombre de Tech Comunicaciones, dirigida al ministro de Gobierno de la provincia, Sergio Urribarri.
Todo indicaba que Mauro Alberto Almada, no se encontraba en condiciones de asumir, al momento de recibir su diploma como concejal de Paraná, por el Frente Social Entre Ríos tiene futuro.
Sin embargo el hecho no fue advertido sino tres meses después, en febrero de 2004, cuando el director de Suministros de la comuna se percató de la situación al disponerse a abonar la factura trimestral, correspondiente al período que va desde el 23 de noviembre de 2003 al 23 de febrero de 2004, por un total de 16.578,48 pesos, presentada por la empresa “Line Comunicaciones”, propiedad de Almada, quien ya era concejal.
Almada junto con Federico Remonda, un empresario oriundo de Rosario, eran propietarios de la firma “Line Comunicaciones” -con domicilio legal en Almirante Brown 2.289 de Paraná, el mismo domicilio que Almada había declarado en el Honorable Concejo Deliberante como el suyo- a través de la cual brindaban servicios de telefonía a la Municipalidad de Paraná, que requería de dos centrales para las comunicaciones tanto internas como externas.
“Line Comunicaciones” había desembarcado en Paraná, luego de sucesivos recambios, que debían haber terminado en el año 2001, una vez caído el contrato de la licitación número 21 de 1996, que había dado origen a la relación contractual con la empresa proveedora de centrales telefónicas en el ámbito comunal.
En esa licitación se otorgó a la firma Erikkson, la locación de las centrales, que luego fue cedida sucesivamente a las firmas Interprice, Damovo, Fercom -de Federico Remonda- hasta que en septiembre de 2002 accede Line Comunicaciones, sociedad de hecho, de Mauro Almada y Federico Remonda.
El trámite municipal
Luego de la intervención de la Secretaría de Hacienda, el expediente recayó en la Fiscalía de Estado Municipal donde el 19 de marzo se estableció que “es indudable que el concejal Mauro Alberto Almada se encuentra incurso en la inhabilitación para ser concejal y ejercer el cargo, que establece el artículo 80 inciso 7 de la ley 3.001, norma legal que estatuye que ‘están inhabilitados’ para ser presidente municipal o vocal de las municipalidades o juntas de gobierno quienes ‘estuvieran interesados directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con la corporación municipal’”.
Por ello, el fiscal Martín Uranga remitió toda la documentación al Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de que en ese ámbito se iniciara un proceso sancionatorio, puesto que “correspondiendo que el cuerpo exonere al concejal Mauro Alberto Almada por hallarse incurso en la inhabilidad supra referida… quien deberá cesar inmediatamente en el ejercicio del cargo y funciones en el Honorable Concejo Deliberante”.
Si bien el tema fue planteado en la sesión del cuerpo legislativo el 24 de marzo del año pasado, no se expidió al respecto y solo atinó a establecer que una comisión integrada por representantes, analizara el tema para sugerir una medida definitiva.
Mientras tanto, Mauro Almada presentó un acta notarial número 274244, subrogada por la escribana Mirta Martino de González, donde cedía gratuitamente su participación del 50 por ciento de la sociedad, con carácter irrevocable, a favor de su hijo Cristian Martín Almada. Lo llamativo de esta cesión, es que la fecha de la misma es del 12 de diciembre, cuando Almada ya había asumido como concejal, y cuando ya existía el contrato de servicios con Line Comunicaciones, de la cual era uno de los propietarios.
También a raíz de la cesión en la participación a favor de Cristian Almada, el 28 de marzo la empresa reemplaza las facturas anteriores por unas nuevas facturas, por los períodos correspondientes al alquiler trimestral de las centrales telefónicas, a asistencia técnica, para realizar el cobro de lo adeudado por el municipio.
En esa oportunidad, las facturas llevan los números 001 al 004, y figuran a nombre de Cristian Almada, con fecha 23 de febrero; sin embargo en la misma factura, consta la fecha de impresión del talonario: abril de 2004.
A pesar de ya existir un acta notarial con fecha 12 de diciembre de 2003, nuevamente el 4 de junio del año pasado se presenta un nuevo escrito, en el cual Mauro Alberto Almada esta vez, cede en favor de Cristian Almada y Federico Remonda, “con carácter irrevocable y gratuitamente el crédito generado desde el 22 de noviembre hasta la fecha… (sic)” y en esta ocasión el acta notarial lleva la firma de la escribana Gisela Romina Rene.
Por estas presentaciones también se deduce que desde el 22 de noviembre y hasta el 4 de junio, Almada admite su relación contractual con el municipio.
Las autoridades municipales recibieron por esos días una carta documento en la cual Line Comunicaciones avisaba que a partir del 10 de junio, procedería a suspender el servicio telefónico y a retirar todas las unidades telefónicas por la deuda de las facturas correspondientes al período en discusión.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
