Silvio Méndez
(desde Santa Fe)
Esta semana se conoció por los medios la sistemática violación de la prisión domiciliaria impuesta al ex represor Osvaldo Correa. El Tío o Teté, como lo apodan, está procesado por la presunta comisión de los delitos de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales, en el marco del proceso judicial contra los represores que actuaron en la órbita santafesina. Correa, al igual que un grupo de imputados, está involucrado en la investigación que lleva adelante el juez Federal Reinaldo Rodríguez. Sobre este magistrado, que de alguna manera ha avanzado en indagatorias y procesamientos, se aguarda una resolución de la Cámara de Casación por un pedido de recusación de la defensa. Denuncias sobre las dilaciones en esta instancia apuntan a la complicidad y colaboración de gobiernos, jueces y fiscales que procuran se agoten los plazos de garantías que permitirían la libertad de los genocidas.
Parece un vecino más, de esos que incluso pasan inadvertidos cuando hacen mandados por las veredas arboladas de calle Maipú, en el Barrio Candiotti Norte de la ciudad de Santa Fe, a pocas cuadras del conocido Bulevar Gálvez. Incluso, parece un abuelo afable que disfruta del tiempo libre. Pero en realidad, quien pasea displicente es uno del grupo de nueve implicados en la causa que se lleva adelante contra los represores santafesinos y debería guardar arresto domiciliario.
Quien deambula intocable, como tantos sicarios y cómplices de la dictadura en distintas ciudades del país, es Nicolás Correa, alias Teté o El Tío, que según testimonio de varios querellantes, era “jefe del grupo de tortura” y que actuó activamente en el centro clandestino de detención la Quinta de Funes, luego de pasar a retiro formal en el Ejército, donde cumplió funciones en el Destacamento 122 de Inteligencia. Así lo comprobó la Justicia, y junto al ex juez federal Víctor Brusa; los ex policías Eduardo Ramos, María Eva Aebi, Mario Facino (ex presidente comunal de San José del Rincón), Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, así como el ex jefe del DI 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, y el ex jefe del Área 212, coronel Juan Orlando Rolón, Correa está involucrado en las investigaciones que realiza el juez Federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por la violación de los derechos humanos en esta provincia.
Correa está procesado acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, pero por su edad avanzada, goza de una cómoda prisión casera, que se comprobó violaba sistemáticamente merced a una investigación periodística de Nicolás Lovaisa y Carolina Niklinson del diario Uno de Santa Fe. Con arresto domiciliario también se encuentran Marcellini (en Mendoza), Rolón, Facino, Perizzotti y Colombini, mientras que sólo están detenidos Brusa y Ramos (en el cuartel de Bomberos Zapadores), así como Aebi en la Estación de Tránsito de Mujeres. A partir de la difusión pública de las imágenes que testimoniaban la libertad con la que se movía el ex represor, los querellantes Alba Sánchez, Daniel García y Jorge Pedraza presentaron un escrito ante la Secretaría del Juzgado Federal para que se le anule el beneficio a Nicolás Correa.
Asimismo, solicitaron se analicen las condiciones de detención de Héctor Pollo Colombini y se los envíe a ambos a cárceles comunes. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Domingo Pochettino, pidió al juez Federal Rodríguez que revoque la prisión domiciliaria al ex suboficial Correa y se analice este régimen a todos los imputados en delitos de lesa humanidad. Según trascendió judicialmente, la respuesta a estos requerimientos puede demorar algunos días, ya que el magistrado está de licencia.
El proceso judicial contra los represores santafesinos, desde 2002 en manos del juez Federal Rodríguez, se inició en un expediente en el que se han ido reuniendo pruebas y testimonios que involucran a distintos responsables. La última novedad en este sentido ha sido que a fines de febrero pasado, fueron procesados Perizzotti, Ramos y Facino por el presunto delito de asociación ilícita. En rigor, la pesquisa ha tenido una serie de idas y venidas a lo largo del tiempo, pero el trabajo en que se ha avanzado puede estar comprometido porque aún resta resolver la situación de Rodríguez, que en mayo del año pasado ha sido recusado por Néstor Oroño, defensor de Aebi. Se trata de un episodio en una trama intrincada, donde interviene la Cámara de Casación de la Capital Federal, que precisamente ha sido denunciada por víctimas de la dictadura ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El procedimiento, se explicó, trataría de demorar la definición en torno a diferentes planteos de los defensores de los represores con un fin que perseguiría agotar los tiempos mínimos de detención sin definición judicial, para así sostener un pedido de excarcelación de los acusados.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
