Federico Malvasio

Oscar Horacio Mori, Domingo Daniel Rossi y Mario Abelardo Yedro pertenecen a una dinastía que gozó de todos los resortes del poder político durante más de diez años para permanecer en la impunidad. El justicialismo nunca los defendió públicamente, pero en el silencio cocinó las estrategias dilatorias de los procesos judiciales y el cumplimiento de las sentencias. La causa de Yedro encontró un último respiro en la Corte Suprema de Justicia. Sus emprendimientos y gran parte de su capital adquirido con fondos públicos siguen generando riqueza. Un campo que debió ser decomisado estaría aún en manos del condenado.

Ir a Tribunales garantiza un alto porcentaje de sorpresas. Sobre todo si se consulta acerca de causas que incumben a personajes que pasaron y que aún están en la arena política. Reservas, prescripciones y apelaciones son circunstancias de los procesos penales en que no todos tienen el mismo handicap.

El ex senador justicialista por el departamento Concordia Mario Abelardo Yedro es uno de los hombres que en los últimos años formó parte de la agenda judicial y mediática por causas en las que dirigentes y funcionarios peronistas tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados para dar cuenta del destino de fondos del Estado y el enriquecimiento personal durante la gestión en la que ocuparon cargos. El ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión del segundo gobierno de Jorge Busti, Oscar Mori, y el suspendido intendente de Santa Elena y vicegobernador, también de Busti, Domingo Daniel Rossi, son, junto con Yedro, personajes de una dinastía que enseguida hace que uno se remita al ex mandatario.

El ex senador justicialista Yedro y su esposa, Silva Yolanda Torres, fueron condenados por la Justicia, que los encontró culpables del delito de enriquecimiento ilícito. Al ex legislador se lo condenó a tres años de prisión en forma condicional y debió pagar una multa de 90.000 pesos. También quedó inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. A Torres se la condenó en calidad de partícipe necesaria a dos años de prisión en suspenso por el enriquecimiento ilícito de funcionario público y debió pagar una multa de 30.000 pesos.

Yedro fue funcionario de Obras Sanitarias en Concordia y senador de la provincia por su departamento entre 1987 y 1991 y desde 1995 hasta 1999. Al ex legislador y a su esposa se los acusó de haber realizado importantes inversiones, entre ellas la adquisición de campos, y de poseer cuentas de varios millones en la República Oriental del Uruguay. El matrimonio ganó las tapas de los diarios cuando en 1996 fue denunciado por los dirigentes radicales, el ex senador nacional Alcides López y el ex diputado provincial Adolfo Lafourcade.

La Sala Penal de Concordia integrada en ese entonces por Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay consideró que Yedro no pudo justificar la adquisición patrimonial de unos 900.000 dólares. La pena no sólo incluyó el pago de 90.000 pesos sino también el decomiso de un campo de 2.200 hectáreas que posee en el departamento Tala y que, según se estimó, estaría valuado en varios millones de dólares. De este último punto nadie quiere hablar.

Saben y no contestan

Los jueces concedieron la pena, es decir los tres años de prisión condicional, los 90.000 pesos de multa, la inhabilitación por 10 años y el decomiso del campo. El inmueble debió haber sido puesto a disposición del Estado provincial, ya que se consideró que lo adquirió con dineros públicos y no puede seguir usufructuándolo.

En el artículo 4º de la sentencia que condena a Yedro se lee: “Proceder al decomiso de 3 fracciones de campo con todo lo plantado, modificado y anexos ubicado en Raíces Norte del Departamento Tala de la Provincia de Entre Ríos a saber: a) primer inmueble... lote Nº 2, consta de una superficie total de 1.031 hectáreas, 43 áreas, 73 centiáreas, 98 decímetros cuadrados; b) segundo inmueble..., consta de una superficie total de 651 hectáreas, 46 áreas...; c) tercer inmueble, consta de una superficie total de 482 hectáreas, 73 áreas, 64 centiáreas...”.

La defensa de Yedro fue en Casación por entender que el enriquecimiento ilícito es inconstitucional, pero la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Miguel Carlín, ratificó la sentencia en diciembre de 2006 y denegó la posibilidad de la medida extraordinaria.

A partir de ese momento -según fuentes judiciales y del Poder Ejecutivo- el trámite de decomiso del campo quedó en manos de la Fiscalía de Estado, que tiene que realizar la inscripción de registro del inmueble. Una fuente que conoce al dedillo la Fiscalía recordó que en su momento, con la sentencia ya firme, “se notificó al Registro de la Propiedad y a la Escribanía Mayor de Gobierno para que ésta realice los trámites pertinentes para concretar el cambio de titularidad del inmueble”. En el medio, la defensa de Yedro, a cargo del ex fiscal de Estado de la gestión pasada, Jorge Romero, disconforme con lo determinado por el STJ, en octubre del año pasado fue en queja y es así que el expediente hoy se encuentra para el análisis en la Corte Suprema de Justicia. Esa apelación hizo -según se indicó a este medio- que la expropiación del campo no se “haya concretado” y, de paso, se utilizó el argumento para salir del paso.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)