El mundo del expediente

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El universo de la administración pública, sus irregularidades y los anticuerpos que no alcanzan

Jorge Riani

Desfalco en las mesas de casino, abuso sexual en la sala de emergencias de un hospital, pelea a trompadas entre dos empleados de una oficina pública, faltante de dinero en un comedor escolar, desaparición de piezas en un museo, tanques de agua que caen de los techos de casas del Instituto de la Vivienda. De las más variadas situaciones y en ámbitos de diversa naturaleza son las que tienen que abordar a diario los instructores de la Dirección de Sumarios de Entre Ríos. Hay solo 16 personas encargadas de recabar la información sobre irregularidades detectadas en el ámbito de la administración pública, en un universo que incluye alrededor de 50 mil empleados distribuidos en centenares de áreas diseminadas en los 78.781 kilómetros cuadrados de la geografía entrerriana. El año pasado se iniciaron 170 informaciones sumarias y 86 sumarios. El 60 por ciento son por situaciones producidas en el ámbito del área de Salud. En momentos de mayor conflictividad, como en el último tramo de la gestión radical, llegaron a ser 300 las informaciones sumarias y 85 los sumarios en un solo año. Los datos revelan la falta de recursos para el área y plantean la necesidad de que las modificaciones constitucionales que se puedan hacer vayan acompañadas luego de los recursos necesarios para su instrumentación.

Como un relojero que quita la tapa para que la máquina quede al descubierto, así ha hecho la provincia de Entre Ríos con su Constitución. Se ha abierto una zona de debate, un ámbito extraordinario y, también como el caso del relojero, se pueden ajustar mecanismos, aceitar engranajes, cambiar piezas gastadas, tanto como que se puede abusar de las pinzas al grado de terminar dañando lo que se tenía.

Como sea, con la Constitución modificada la tarea de cambios prácticos recién estaría dando su primer paso. Luego hay que elaborar las leyes regulatorias y, allí donde se requiera, dotar de infraestructura y recursos para que los cambios se concreten.

Esta provincia ya ha atravesado por la experiencia de megatransformaciones que quedan en los papeles, la declamación, las intenciones, por falta de presupuesto. En el ámbito de la Justicia, vale como ejemplo, se han escuchado críticas a las modificaciones del Código Procesal Penal sin los recursos que permitan la capacitación y creación de oficinas adecuadas. Sin ellos, los cambios son sólo verbo.

La regulación de empleo público es una de las temáticas que quedó en la mira de los convencionales constituyentes. Y también en este caso vale preguntarse: ¿habrá interés por dar todos los pasos para que haya cambios? ¿Existe voluntad política en la fuerza mayoritaria para eso? ¿Se dotará de recursos para que los cambios pasen del papel a la realidad?

Sobre la voluntad política, hay elementos para dudar de que efectivamente exista. El último acto de Jorge Busti como gobernador, antes de convertirse en presidente de la Convención Constituyente, fue vetar los aspectos más avanzados de la Ley de Régimen Jurídico Básico. Así, una ley calificada como progresista y transformadora, propiciada desde la Asociación Trabajadores del Estado, quedó como un intento mutilado al punto tal que sostiene la discrecionalidad absoluta de los gobernantes. Esa discrecionalidad capaz de transformar a la administración pública en bolsa de trabajo orientada a la construcción de poder político.

Un ejemplo de la falta de recursos se expresa ahora mismo, sin que se haya modificado nada aún en materia de empleo público. El complejo sistema de sumarios administrativos está reducido de tal manera, que para su funcionamiento es esencial el enorme esfuerzo de sus operadores. Y de eso habla esta nota.

Aquí y allá

La pantalla del circuito cerrado trae la imagen del hombre de camisa blanca y moño negro que en idioma gestual dice “no”. Luego mueve la cabeza con una inequívoca manera de decir “sí”. Y así transcurren varios minutos entre negaciones y asentimientos lanzados como descuidadamente. Es un empleado de casino que le dice a un socio para la ilegalidad cuándo está siendo filmado y cuándo no. En otras palabras, cuándo tiene vía libre para hacer trampa y cuándo está siendo observado por el ojo electrónico. Lo que no sabe el empleado del casino es que él también está siendo captado por una cámara más escondida aún, y que frente a las pantallas que reproducen sus movimientos hay un funcionario de la Dirección de Sumarios. En las próximas horas, el moño negro y la camisa blanca serán parte de su historia laboral.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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