Jorge Riani

Es una catástrofe ecológica con pocos antecedentes en una de las zonas más ricas del continente desde el punto de vista biológico. Las llamas arden sin obstáculos y ya han arrasado más de 60.000 hectáreas. En ese marco, el gobierno nacional centra el asunto en su pelea con los productores del campo y lo aprovecha para llevar agua a su molino. Con una puesta en escena mediática, funcionarios nacionales anticiparon la denuncia contra “centenares de productores”. Sin embargo, en la lista no aparece ningún entrerriano y la mayoría de los que saltan como propietarios son entidades financieras y sociedades anónimas radicadas en la Capital Federal, que vieron en ese territorio un paraíso fiscal donde hacer sus negocios inmobiliarios y ganaderos. En Entre Ríos reina el mutismo mientras las más renombradas entidades ambientalistas señalan a la provincia como gran responsable de este desastre. Hace un año fueron las inundaciones y el Estado se quedó quieto, hoy es el fuego y sigue el reposo inerte de las autoridades públicas.

El país de los matreros, lo llamó Fray Mocho; el temple argentino, lo bautizó Marcos Sastre. Hoy, esa porción de tierra bendecida por el agua arde en llamas y dibuja nubarrones grises como una alegoría descarnada y cruel, que avanza hacia el sur para convertir al nombre de Buenos Aires en una paradójica expresión toponímica.

El periodista entrerriano de origen oriental y el naturista uruguayo describieron esa fracción de mapa desmembrado del continente como un paraíso. Un mundo alejado de la urbanidad ruidosa, pero inserto allí donde la naturaleza mostró sus dotes de generosidad abundante.

Hubo una larga disputa interprovincial para que Entre Ríos pueda ejercer la soberanía sobre, por caso, las Islas Lechiguanas. La estrategia desplegada en el gobierno de Raúl Lucio Uranga tuvo sus frutos y Entre Ríos ganó en las leyes el dominio de esos territorios, pero sin embargo las sucesivas gestiones la abandonaron en manos anónimas o, mejor dicho, conocidas pero escondidas en sellos de goma y oficinas radicadas en Buenos Aires.

Por esa misma situación cuando el gobierno quiere mostrar a los culpables de la quema de pastizales no aparecen sino empresas. Firmas que se han radicado allí, arrinconando hasta la desaparición a los pequeños productores genuinos de la región. Los ex directivos del Banco Central, Pedro Pou y Roque Fernández, más algún otro nuevo rico tienen una extensión que cuadriplica el espacio que ocupa la capital argentina.

Sin embargo, el poder político sigue aventando la imagen de chacareros acercando un fosforito a un pajonal.

La gran impostura

El viernes último el gobierno nacional anunció la presentación de una lista de propietarios de campos del sur entrerriano para que se los investigue por la generación de fuego y el consecuente humo que tanto molesta a la gran ciudad. Hubo un montaje mediático sorprendente, mientras la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner señalaba como culpables a los productores que queman pastizales “sin ninguna responsabilidad” y con la idea de rentabilidad como norte de todas sus acciones.

Sin embargo, en la lista que fue difundida por medios del todo el país aparecían razones sociales de sociedades financieras y entidades comerciales; muy pocos nombres propios y, en ningún caso, pertenecientes a la provincia de Entre Ríos.

Ninguno de los nombres dados a conocer estaba en los registros de la Federación Agraria Argentina a los que consultó ANALISIS, ni en ningún otro archivo que hable de productores genuinos del Delta. Por el contrario, la revelación de la lista no hizo más que regalar una muestra de la ausencia del Estado Nacional y provincial, la presencia de entidades que supieron conquistar espacios para multiplicar bienes y ganancias.

Compañía Americana Metalúrgica Sociedad Anónima; Recursos Terrestres y Marítimos; Agropecuaria, Financiera, Inmobiliaria, Imp; Comercial y Financiera; Indabest Sacif. Son algunas de las denominaciones que se hallan en esa lista de productores piromaníacos. Luego sí hay nombres propios pero, como se dijo, no registrados como productores de la zona.

El cuadro envuelve un rosario de situaciones preocupantes. En primer lugar el modo en que el gobierno nacional ha tomado en sus manos el asunto. ¿Alguien se puede imaginar a decenas de edificios envueltos en llamas con un solo camión de bomberos trabajando y la autoridad pública vociferando quiénes son los culpables? Bueno, eso es lo que pasa con la quema de campos en el sur entrerriano.

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Islas, Jorge Puentes, clamó atención por parte del gobierno nacional. Desde esas instituciones conformadas para suplir al Estado allí donde debería estar y no aparece, Puentes denunció que el gobierno nacional mandó sólo un avión hidrante, mientras los otros están quién sabe dónde y en qué condición, y dijo que “demoró la atención de manera alarmante”, según le confió a este cronista.

Mientras tanto, de todas maneras y formas los productores han dicho que la quema a la que alude la Presidenta -esa práctica de quema de pastizales- no se realiza sino hasta agosto y que sólo una actitud suicida en cadena de los productores ganaderos que quedan podría provocar el fuego.

Nadie desconoce, a esta altura, que la quema de pastizales es una práctica ancestral para garantizar forrajes tiernos para el ganado vacuno. Pero esa práctica se hace pasado el invierno y no por estos meses de otoño. ¿Qué van a comer las vacas si los productores queman los pastizales?

La explicación oficial del fenómeno, en medio de la parsimonia con la que se encara el asunto, podría ser calificada de pueril, si acaso guarda algo de equivocación no intencionada. De lo contrario es una impostura lanzada con mucha audacia.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)