Tras advertir que en las últimas dos décadas se incrementaron los delitos contra la administración pública por parte de varios funcionarios de gobiernos democráticos de América Latina, el libro Acceso a la información pública y transparencia en el funcionamiento interno y en aspectos administrativos del Poder Judicial, detalla una serie de medidas para promover el control de la ética de las autoridades de los tres poderes del Estado. La publicación, presentada hace un par de meses por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental con sede en Buenos Aires, destaca que una de las herramientas más utilizadas para frenar la corrupción ha sido la implementación de normas que obligan a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones juradas particulares.
“La implementación de herramientas preventivas, como las declaraciones patrimoniales, complementadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, posibilita el control sobre el comportamiento de los integrantes de todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial”, dice la obra en un pasaje de su capítulo quinto, titulado Prácticas sobre acceso a la información y transparencia en el funcionamiento interno y en aspectos administrativos del Poder Judicial.
El trabajo de Alvaro Herrero y Gaspar López precisa que “la función principal de este tipo de herramientas es detectar y prevenir situaciones de enriquecimiento ilícito, así como eventuales conflictos de intereses o incompatibilidades de quienes ejercen una función pública”. Por eso recuerda los avances registrados a partir del impulso de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tratados internacionales que fueron suscriptos por Argentina.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
