Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS)
El gobernador de Entre Ríos, ofuscado por las críticas suscitadas en sectores de la oposición, por la persistencia del centralismo kirchnerista en seguir quedándose con fondos de la provincia que un día de agosto de 1992 se comenzó a llevar un Pacto Federal para sostener el sistema jubilatorio de reparto, salió con los tapones de punta, o mejor dicho, con su lengua muy afilada, criticando a quienes demandan la recuperación de recursos que le vendrían de maravillas a las agobiadas arcas del Estado.
Mientras alumbraba esa medida, Sergio Urribarri ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y, que se sepa, tal despojo no le provocó náuseas ni vómitos. Tampoco lo experimentó cuando junto a varios de sus pares, intentó viabilizar mediante una insólita maniobra (consulta popular) ingresada a la Mesa de Entradas del cuerpo el 25 de octubre de 1995, un pedido de autorización a la ciudadanía para que, a través de una ley, se modifique el artículo 19 de la Constitución provincial, posibilitando así la entrega de la Caja de Jubilaciones y Pensiones a la Nación (así nomás, sin Convención ni Constituyentes). Cualquier principiante en materia de derecho, sabe que esa vía era inconstitucional.
No hay antecedentes de que la destrucción y rifa de los bienes del Estado (del pueblo), la confiscación de plazos fijos y la trampa financiera pos convertibilidad (cuando el que había depositado dólares recibiría dólares), ocurrida en sucesivos gobiernos justicialistas, le haya hecho exhalar una repugnante vomitona. Menos en estos tiempos de la era K, en que se arremete contra la producción primaria y se agrede a la oposición, a la iglesia, a los medios de prensa y a todo cuanto se oponga al pensamiento único generado desde la Quinta de Olivos. O frente al desfile de denuncias e imputaciones que hablan de una corrupción generalizada.
¿No logra sacudir las vísceras observar cómo miles y miles de trabajadores se ven privados de legitimar sus organizaciones en una jerarquía reconocida por la Suprema Corte de Justicia, debido a la obcecación del Poder Ejecutivo Nacional que pretende una sola central sindical alineada a su proyecto político?
¿Es correcto encolerizarse frente a posiciones que con sana intención y un fuerte propósito de aportar a los más altos intereses provinciales, se juegan por la legalidad y deciden enfrentar tenazmente los abusos del unitarismo? ¿Cómo puede semejante actitud, donde no se excluye acudir a los más altos estrados judiciales, incomode tanto al gobernador, al extremo de calificar esta cruzada como de un “oportunismo vomitivo”? ¿No son valiosos los aportes desde otra perspectiva sólo por que provienen de la oposición? Esta frase sería –salvando distancias desde luego- una suerte de equivalencia política de los exabruptos maradonianos. Y excede a sus destinatarios instalando una virtual advertencia al ratificarse la línea escogida como filosofía central del Poder Ejecutivo.
Este columnista viene desde hace mucho tiempo –incluso antes de arribar el actual gobierno-, abogando por la necesidad de plantarse ante el avasallamiento pertinaz de provincianos reciclados en la voluptuosidad del poder. Y esta prédica, de la que nos enorgullecemos, muy lejos está de transformarnos en oportunistas. Aunque haya quienes no lo comprendan, este mal llamado “oportunismo” podría ayudar bastante a arreglar las cuentas públicas. La historia no es una excursión de pesca a partir de llegar, armar reeles, plomadas, anzuelos y carnadas. La historia es una larga cadena de hechos donde variados protagonistas buscan modificar la realidad y aspiran a lograr grandes cosas aunque los caminos no sean siempre iguales. Y la fórmula para obturar cualquier grieta es: respeto + tolerancia = convivencia.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
